Las crónicas dan cuenta del surgimien-to por una cantidad significativa de municipios de los estados sureños del país, de policías comunitarias, de grupos de ciudadanos más o menos organizados, no muy bien armados, pe-ro eso sí, muy decididos a asumir las funciones que los gobiernos municipales, los estatales y hasta el federal, han fallado en cumplir, concretamente la necesarísima de proveer de seguridad pública a la gente para que esta pueda hacer su vida con paz y tranquilidad.
Al principio aquello recibió la típica atención desganada de las autoridades de todos los tamaños, interesadas más en rollos políticos que por hacerse cargo de sus obliga-ciones frente al pueblo, de parte de los medios de comunicación no fue más que un tema más de chacota para tener a la teleaudiencia entretenida y pegada a los aparatos de televisión para que sigan absorbiendo los bobos mensajes publicitarios, y como la situación surgió más o menos en las fechas en las que un grupo de turistas españolas fue víctima de violación por unos vándalos acapulqueños, pues el asunto de las policías comunitarias tuvo el tratamiento en gobierno y en los medios de una nota de relleno cremosito, al final de cuentas siempre es más importante quedar bien con los gobiernos de otros países y alimentar de morbo al peladaje, que ocuparse de los problemas de la población, sobre todo de aquella que vive en los poblachos donde no llega ni la cruzada contra el hambre ni ningún otro programa gubernamental más de relumbrón que de efectos concretos.
Ya apaciguados los españoles con la detención de unos culpables ciertos o inventados del perjuicio a las ciudadanas españolas, ya decidido que lo de PEMEX no fue un atentado sino un atontado tratamiento de cuestiones de mantenimiento, de construcción encima de unos ductos de los que nadie sabía nada, o de almacenar materiales que en vez de combatir incendios provoca explosiones implosivas, ahora sí, a ocuparse de las policías comunitarias, sí, nada más que en las tres o cuatro semanas desde que se dio la primera información hasta que se dieron cuenta de que la cuestión era seria, el problema ya se había expandido cual gripa aviar a otros municipios, a otros estados, y puesto el dedo en la yaga de que a los dizque encargados de la política interna y la seguridad nacional, se les estaban tatemando las habas.
Tuvo un gobernador de Guerrero, que es la burla de la clase política mexicana, que hacer la llorona al presidente Enrique Peña Nieto, para que el gobierno federal parara las orejas y según la solución tradicional de los gobernantes tanto panistas como priístas, mandar un par de batallones de policías federales y soldados para reforzar la vigilancia en la costera de Acapulco… y a algunos espías a averiguar que demonios es lo que está pasando en la Costa Chica, la Costa Grande y más para la Montaña, donde ahora sí con las evidencias recabadas, reportaron que lo de las policías comunitarias era un problema grave y poniéndose color de hormiga roja.
Con el nuevo PRI es como con el viejo PRI, se trabaja a punta de bomberazos, así dan la impresión los funcionarios de todo tipo y talla que son excelentes para apagar fuegos, sin que sus jefes les pregunten jamás porque no hicieron nada para que no se incendiaria aquello desde el principio. Ya para cuando acordaron, no era uno, sino veinte o más municipios en Guerrero, con conatos de propagación en los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y quien sabe cuantos más.
Vaya usted a saber si fue generación espontánea por el descontento de los pobladores por todos lados de la geografía de la pobreza, donde van y les cantan que va a haber programas que luego nomás se dilatan meses y años en llegar, o que las radios piratas o comunitarias corrieron la voz de lo que estaba pasando y funcionando en Guerrero, o que alguien lo pescó por un pariente o hasta en la televisión comercial, el caso es que en la mente de la gente acostumbrada a que con la justicia oficial es imposible contar, decidieron hacer por su gente lo que nadie les iba a dar nunca. Y se dieron a armarse de lo que tuvieran a la mano, y se organizaron en turnos que ninguna corporación policiaca estaría dispuesta a cubrir, y pepenaron a unos cuatreros, violadores, asaltantes, salteadores y ratas de distintas calañas, encerrándolos para luego proceder a juzgarlos popularmente y ejecutar sentencia.
Al principio los gobernantes felices, si nunca tuvieron la intención de destinar un número de policías para resolver los problemas de esas comunidades, policías que cuando los hay, sirven más para andar de sus escoltas, achichincles o alelotes, ni comprar patrullas, armamento, equipo y todo lo indispensable para operar una fuerza, dinero que perfectamente pueden clavarse o dilapidar. Pero ya cuando vieron que el asunto podía pasar a mayores, no solo rebasar la inexistente autoridad, sino remplazarla, comenzaron ahora sí a parar la oreja. Los críticos de la cuestión hablan de que las policías comunitarias son incompatibles con un estado de derecho… como si México fuera, hubiera sido o pudiera ser un estado de derecho, el hecho de que hayan surgido esta clase de manifestaciones populares es consecuencia de que las instituciones sirven para una pura y dos con sal, al grado que la gente en un momento de desesperación y hartazgo con el estado de cosas, decide hacerse cargo de su vida, de su presente y de su futuro, que es lo que verdaderamente preocupa a los gobiernos, que a la gente le salgan sobrando gobernantes.
La cuestión parecerá demasiado alejada de nuestra realidad coahuileña, ¿pero real-mente lo está?, meses antes de que surgiera el primer movimiento de este tipo en Guerrero, en Saltillo los habitantes de San Patricio, una colonia no precisamente modesta de la capital, solicitó licencia al ayuntamiento para cerrar sus calles al tránsito que no fuera local. Esto no lo plantearon por gachos, por mala onda o por snobs, sino por la ola incontenible de robos, asaltos y peor que estaban sufriendo, y ante la incapacidad de la autoridad municipal para siquiera intentar atenuarla enviando más vigilancia policial, o de la procuradu-ría para resolver los delitos que ya habían ocurrido. Al final el municipio a cargo de Jericó Abramo les negó el permiso, con lo que dio por terminada la cuestión sin una vuelta de patrulla al día más ni nada que parezca interés oficial por el problema de inseguridad que padece este sector, lo que quiere decir que en cualquier chico rato en que la incompetencia oficial, la desidia de gobernantes que no saben gobernar, de un lado y los hechos delictivos por el otro, no orillen a los vecinos de este fraccionamiento a hacer lo que crean pertinente: bardar su cantón, poner ponchallantas, pagar vigilancia propia, armarse, detener o linchar a un delincuente.
Hace tiempo que en Saltillo la policía cumple solamente funciones políticas, quedando bien con los poderosos, o recaudatorias, sirviendo al municipio para clausurar lo que traiga entre ceja y ceja, si usted denuncia un atraco en proceso, lo más probable es que nunca llegue la ayuda, lo mismo si es un robo, lo mismo cualquier cosa y todo lo que no sea un crimen de alta visibilidad, como si de la filmación de una película se tratara. No es el caso. La gente está harta de que no haya suficientes policías, de que en vez de tener siempre más hay menos porque los corren y a los que echan fuera se vuelven un foco de inseguridad adicional. Gracias a las vaciladas del alcalde, a la falta de visión de la autoridad estatal, a la falta de programa del gobierno federal, estamos a merced de la delincuencia grande, mediana y pequeña, ¿cuanto falta para que acá también surjan policías comunitarios, jueces sumarios y verdugos de odio?, no tarda mucho, y ante la ausencia de un municipio de derecho, un estado derecho y un país con cara de serlo, tomar la justicia en mano propia parece ser la opción de futuro cercano, ya se demostró en el sur que se puede y hasta que se debe.
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