Saltillo, Coah., 18 de Mayo.- La minera canadiense First Majestic, bajo la protección del gobierno de Rubén Moreira, causo daños irreparables en 1,300 hectáreas pertenecientes a ejidatarios de Tenpchtitlán, en el municipio de Ocampo.
Tras los daños causados a la tierra y a los mantos freáticos, los hombres del campo realizaron una manifestación para denunciar la serie de abusos cometidos en su contra, sin embargo, el entonces secretario de gobierno, el hoy diputado Armando Luna Canales ordenó el uso de la fuerza pública para acallarlos.
Los campesinos denunciaron que sus manifestaciones fueron acalladas por un grupo de policías que los subieron a varios vehículos, los “pasearon” por varias horas y les propinaron severas golpizas, hasta que los llevaron ante la presencia de Luna Canales quien intentó obligarlos a firmar un “convenio” con la empresa canadiense.
Los representantes de First Majestic ofrecieron en ese entonces, en diciembre del 2013, un total de 10 millones de pesos para que cesaran los reclamos por el delito de usurpación de tierras, mismo que fue denunciado ante las autoridades agrarias y cuya resolución se sigue retardando a petición del propio gobernador Rubén Moreira, de su actual secretario Víctor Zamora y de Armando Luna Canales, actual senador, el más interesado en “resolver” el conflicto en favor de la minera canadiense.
Mario Valdés Lomas, ex comisariado ejidal de Tenochtitlán, a quien le tocó vivir los inicios de la denuncia, las manifestaciones, las golpizas de los policías y el proteccionismko con que actuó el gobierno de Moreira, dijo que la compañía les ofreció 10 millones de pesos para evitar malos entendidos.
Pero, agregó, no se trata de malos entendidos. Se trata de que la minera daño la tierra, daño el agua subterránea mientras producían alrededor de 400 mil onzas de plata al mes. Ellos se llevan el dinero y nosotros nos quedamos con la contaminación.
Después de la denuncia ante el Tribunal Agrario del Sexto Distrito con sede en Torreón, los 36 ejidatarios de Tenochtitlan de dedican a esperar la sentencia. Dos de ellas ya no podrán conocerla debido a que perecieron hace unos meses.
Pero el resto, 34, siguen de pie, esperando una resolución favorable, aunque llevan ya más de tres años haciéndolo.
Por lo menos externaron su confianza de que pronto se vayan el gobernador Moreira y el diputado Luna Canales, para que ya no haya quién proteja a la minera canadiense y se dicte una sentencia que beneficie a los ejidatarios e impida la explotación de las tierras y el daño a las aguas subterráneas.
Deja un comentario