No más subsidios a partidos políticos

NOTICIAS DIVERSAS.-

Por Héctor Barragán.-

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El anunciado programa de austeridad del gobierno federal por comenzar en diciembre del 2018, presentará importante contradicción. Era de esperarse, con la reducción de los sueldos de los mandos principales, que producirá ahorros de varios cientos de miles de pesos mensuales, la supresión de actividades no prioritarias, como son tantas dependencias enteras y sobrepoblación, es decir, abundancia de empleados en la totalidad de la gran mayoría, que reduciría en miles de millones, que tendría el propósito de corregir injusticias sociales, promover actividades productivas, para estimular la economía, la actividad económica en general y abatir la delincuencia e inseguridad.

Más resultó muy temprano que el Instituto Nacional Electoral solicitó y probablemente consiga aumentar sus ingresos, ya súper millonarios, destinado a subsidiar la democracia, los partidos, la publicidad política, que nada ha conseguido ni logrará por la democracia.

Es un tiradero de dinero para los partidos políticos, demasiados que son y que hay leyes para que aumenten, incapaces de atraer simpatizantes y militantes, que coadyuven a tener los mejores mexicanos en los cargos públicos (precisamente por la ineficacia en la selección, el desprestigio partidista hace que la votación ausente sea tan significativa.

A base de calidad, de eficiencia y nunca de número ni de repetir nombres y apellidos se podría conseguir beneficios económicos y de todo tipo para el país. La elección sería copiosa, sin necesidad de publicidad abundante, mentirosa, colorida, empalagosa, falsa, engañosa, cual la comercial o peor.

Pero hay dependencias que fueron pequeñas, como las de Reforma Agraria, burocrática y añeja, cuando pudo y debió resolver los conflictos derivados de la tenencia de la tierra que solamente los ha prolongado en el tiempo y generando fortunas para muchos burócratas. La súper secretaría de Agricultura, tras tanto tiempo no ha cumplido su tarea y derivó en muchas dependencias como recursos hidráulicos, cuestión forestal, medio ambiente, que tienen más pendientes que soluciones, pero tanto personal que se estorban entre ellos.

Viene a colación la noticia de que el presidente recién electo promoverá modificaciones constitucionales, que debían ser moderadas a partir de 1917 en que se emitió (por decir bien, que debieron ser muy pocas) a partir de la segunda mitad de su mandato, se considera oportuno opinar en contrario, sobre todo respecto de lo concerniente a la existencia del Instituto Electoral y sus derivados, que deben reducirse al mínimo en cuanto a erogaciones.

Por ser sumamente costoso el intento de fomento democrático y posiblemente falto de fundamento. La democracia debe ser facultad de la sociedad y puede existir solamente en un pueblo con educación, con cultura, que se consigue solamente por los canales educativos y no mediante los económicos y publicitarios. Sobre este particular si sería prudente tomar las experiencias de otros países y buscar adaptarlas y aprovecharlas en este país,, procurando que tal sistema conduzca a la responsabilidad política, que incluiría el financiamiento popular de los partidos y jamás gubernamental, porque facilita este la perpetuación de personas y actitudes no siempre convenientes para la sociedad. Seguramente con un nuevo enfoque se descargaría a los medios comunicadores de la abusiva publicidad, con su alto costo y molestias innecesarias al potencial votante.

Con el objetivo general de destinar fondos a renglones más importantes, como la educación gratuita, que se verán insuficientes a la hora de comenzar a operar el interesante y valioso programa del Presidente López Obrador.

El mito de que mediante la aportación de recursos para las elecciones por parte del gobierno es la manera de evitar que recursos provenientes del crimen organizado enturbien el pro electoral es eso, solamente un mito, puesto que se ha constatado que en los procesos han llegado fondos ilegales del propio gobierno, suficiente cada uno de ellos, alimentación ilegal, para invalidad cualquier candidatura, en rigor si no legal, al menos moral, que es más importante.

Otro criterio para aplicación de fondos que cabría restringir para utilizarlo más productivamente, es del turismo,  debido a que beneficia principalmente al capital extranjero, pero igualmente, es generador relativamente de pocos empleos, comparado con la agricultura, ganadería, explotación forestal, industrias mediante medianas y pequeñas.

CONSULTAS POPULARES.

Para realizar investigaciones de la comunidad será necesario establecer la base jurídica necesaria para llevarlas a efecto y sobre todo, para que sus resultados sean válidos para establecer las recomendaciones que las encuestas contengan. Incluye por supuesto la legalidad, desde la Constitución General de la República.

En principio se considera conveniente llevar a efecto la consulta al pueblo acerca de su punto de vista de cómo va el gobierno y que estima conveniente corregir y mejorar, con lo cual la nueva autoridad obtendría el apoyo que ha estado buscando y solicitará en lo futuro, con forme la solicitud que ha hecho. Para empezar es preciso tomar en cuenta que la consulta, como están las cosas ahora, tendría que hacerse por conducto del Instituto Nacional Electoral, que se ha sugerido eliminar o restringir severamente en su presupuesto, por ser oneroso y considerarlo innecesario.

La legislación nueva sobre consultas, deberá contener la exigencia de la presión de los objetivos en cada caso y la justificación e importancia de los que se inquiere; restringir las consultas a los casos en que la opinión general sea importante o indispensable, pero en ningún caso cuando se requiera que las opiniones requieran de una fundamentación científica o especializada. Por supuesto que las encuestas serán sencillas, breves, muy específicas y de preferencia reducidas en número. Una de gran importancia podría ser sobre los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios públicos al servicio federal.

Sobre el número y emolumentos de representantes populares y de sus auxiliares y asesores, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, tomando como referencia sus cargas de trabajo y la relación con los salarios mínimos.

PROGRAMA AGRARIO.

Don Víctor Suárez, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, desconociéndose de quien depende, anunció la inversión de 45 millones de pesos para el campo, considerando 15 mil para producción de fertilizantes químicos, cuya producción no está en manos de mexicanos.

Atenderán la conveniencia de fijar precios de garantía, como incentivo a la producción, debiendo recordar que no siempre sirven como incentivo a los productores, en tanto los ganadores son los intermediarios y los mayoristas, cuestión que posiblemente debería cuidar Hacienda para rescatar las ganancias indebidas de manos de los especuladores para regresarlas a los productores. El interés del nuevo gobierno federal de conseguir la autosuficiencia alimentaria, sin mencionar el propósito implícito de fomentar la actividad agropecuaria como instrumento de generar millones de empleos bien remunerados.

Con el proyecto de fusionar Liconsa con Diconsa, antiguas dependencias de Conasupo, valioso instrumento de pasadas administraciones para contrarrestar la inflación y sus lesivos efectos a la población menos favorecida o francamente precarista.

SALARIO MINIMO.

Tema permanente de discusión y programas de mucha gente con motivo del cambio de gobierno federal, el de los salarios mínimos, inclusive del tratado libre comercio, TLC.

Es de recordar que el salario considerado mínimo, objeto de atención gubernamental y de gasto considerable por la comisión nacional de la materia, sin resultados positivos, sino todo lo contrario. El salario mínimo por definición es el pago mínimo a un trabajador, para que atienda las necesidades de subsistencia, alimentación, vestido, educación, vivienda y aún placeres honestos, según se decía hace tiempo. Pero cualquier alza a los salarios y sueldos debe financiarse de las utilidades, no con los aumentos de precios de los bienes y servicios de los patrones, porque en este último caso.

La Coparmex y otras organizaciones empresariales saben mucho de esto y su afán de que aumenten los salarios es sana, pero parcial, presionan al gobierno para los aumentos, pero son las empresas que representan quienes deben aumentarlos, al tiempo mismo de que deberán sostener los precios de sus bienes y servicios, para que los clientes cuenten con recursos para comprar, para que sea efectivo el aumento de la demanda (demanda efectiva real) y disfruten de la posibilidad, hasta el momento teórica de aumentar sus ganancias globales por la fortaleza del mercado interno.

Deben recordarlas a sus representados el potencial que está a la vuelta de la esquina de que con un mercado más sólido y amplio, crezca su escala de producción y sus costos se reduzcan. Sus salarios aumentados deben ser estímulos para que sus trabajadores sean más eficientes, dedicados, más interesados en mantener un empleo y engrandecer su fuente de trabajo.

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