Por: Colegio de Abogados de La Laguna.-
Torreón, Coah., 13 de febrero de 2020.- Las recientes designaciones de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Coahuila han infligido una nueva herida a la ya vilipendiada función jurisdiccional en esta entidad. En particular, el nombramiento de Bernardo González Morales – quien acaba de estrenar su cédula de Licenciado en Derecho hace apenas unos días – es especialmente agraviante.
En un sistema político como el nuestro, en el que el cargo de los Jueces y Magistrados no se otorga por elección popular, sino por un nombramiento que debe ser consensado mediante un procedimiento establecido entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la legitimación de la función jurisdiccional recae ante todo en la experiencia y el conocimiento de las personas designadas, que deben además evidenciar su dominio de la ciencia jurídica mediante la emisión de fallos que resistan cualquier objeción que se les pudiera plantear, siendo esto último lo que finalmente dota de legitimidad al Poder Judicial ante el pueblo.
Por ello, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila establece como requisito para ser Magistrado, el de contar con título profesional de Licenciado en Derecho con al menos diez años de anticipación al nombramiento, y haberse distinguido por sus antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
En el caso del señor – recién licenciado – Bernardo González Morales, no se cumple lo uno ni lo otro. El sorpresivo nombramiento de quien fuera uno de los más enérgicos enemigos del priismo en la entidad se dio por la designación del Gobernador priista del Estado, y lo que más llama la atención es que el señor González Morales ni se ha distinguido en el ejercicio de la actividad jurídica, ni cuenta con más de diez años de antigüedad con licencia para ejercer como abogado (hay que recordar que en el caso de la abogacía, el solo título profesional no basta para ejercer formalmente la actividad jurídica).
Así, tendremos un Magistrado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado que no tiene siquiera la más mínima experiencia en el área de la impartición de justicia. Los casos que se ventilen en ese Tribunal, estarán en manos de un recién egresado, y lo más grave de todo es que esa clase de nombramientos afectan sobremanera el ánimo de los buenos impartidores de justicia – que también los hay – porque se les demuestra que de nada sirve su esfuerzo y dedicación, pues por más que se profesionalicen, los cargos más altos siempre se conferirán por motivos oscuros a personas que sin escrúpulo alguno aceptan el desempeño de funciones para las cuales no se encuentran calificadas.
Se cimbra así el Poder Judicial, pues resulta sumamente complicado dotar de credibilidad a uno de los poderes públicos si las personas que lo integran son designadas violando las normas jurídicas que precisamente le corresponde aplicar a ese mismo poder. Nos encontramos en un círculo vicioso en el que se violó la ley para designar a una persona en uno de los más altos cargos de la institución que debe encargarse de aplicar las leyes, y seguramente su nombramiento obedece a que más tarde, o más temprano, la persona designada deberá dejar de aplicar esas mismas leyes en beneficio de aquéllos que lo colocaron en ese lugar. ¡Qué ironía!
Licenciado Fernando Todd Siller.
Presidente.
Licenciado Felipe Martínez García.
Secretario.
Licenciado Ignacio Salcido.
Encargado de la Mesa de Derecho Constitucional y Amparo.
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