Ciudad de México, 13 de octubre 2020.- María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, ha justificado la extinción de los fideicomisos porque, según ella, son “fuentes de corrupción, instancias opacas y modos de desviar recursos”. Sin embargo, como investigadora recibió 17 millones 228 mil 714 pesos de estos fondos.
De acuerdo con una investigación periodística realizada por el influyente periódico de la Ciudad de México El Universal, desde 2003 a 2015, a la funcionaria se le han financiado varios de sus proyectos de investigación con recursos de los fideicomisos, que le han permitido realizar publicaciones en revistas, asistir a congresos internacionales para exponer sus hallazgos, así como consolidar gran parte de su carrera científica.
De acuerdo con la solicitud de transparencia 1111200020719, en tan sólo un año (2003), Álvarez-Buylla obtuvo 10 millones 598 mil 714 de pesos para el financiamiento de tres diferentes proyectos a través del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental Semarnat-Conacyt y el Fondo Institucional del Conacyt.
Así que emprendió tres proyectos de ciencia básica de forma simultánea como investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Recibió 5 millones de pesos por el proyecto “Lacandonia Schismatica: Recurso genético estratégico para México y Conservación de la Selva Lacandona”, con un financiamiento para 36 meses.
Además se le entregaron 3 millones 198 mil 714 pesos para estudiar “la formación de patrones y su evolución: plantas y genes Mads-box” durante 60 meses y cobró otro apoyo de 2 millones 400 mil pesos para indagar por 23 meses “las variedades transgénicas de maíces criollos y teocintles en México”.
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés López Obrador ha insistido que la desaparición de los fideicomisos obedece a que se usaba el dinero de manera discrecional y que había corrupción y derroche en la entrega de los apoyos al sector científico. Ha sentenciado que algunos académicos recibían recursos sólo por “influyentismo” e incluso que había “aviadores”.
El informe de actividades 2003 del Instituto de Ecología indica que Elena Álvarez-Buylla, en el mismo periodo que se le financiaron sus proyectos con fideicomisos, realizó una estancia a la Universidad de Uppsala (del 1 de julio al 30 de agosto), en Suecia, con derecho a goce de sueldo y una beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.
La solicitud de transparencia 1111200020719 también puntualiza que a María Elena se le otorgaron recursos, en otras tres ocasiones, del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-Conacyt. En 2007 se le destinaron 130 mil pesos para su proyecto con número de folio 81542 de la Convocatoria de Ciencia Básica; en 2012 le aprobaron 500 mil pesos para otra investigación de 12 meses y en 2014 obtuvo 2 millones de pesos para el proyecto “Interacción de redes de genes Mads-Box”, con número de folio 240180, que constó de 36 meses.
El último apoyo que adquirió de un fideicomiso fue en 2015, durante la gestión de Enrique Cabrero en el Conacyt, al que Álvarez-Buylla ha acusado públicamente de corrupción y desvío de recursos. A través del Fondo Institucional del Conacyt le concedieron otros 4 millones de pesos para un proyecto de 24 meses sobre “biomonitoreos de transgenes y herbicidas en maíz en México”. Dos años después, la investigadora recibió de las manos de Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Ciencias.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista, a través de la oficina de Comunicación Estratégica del Conacyt, para conocer la postura de la doctora Álvarez-Buylla sobre la desaparición de los fideicomisos; se le pidió su postura acerca de qué desventajas tendrán los investigadores al suprimir esta figura, si esto les impedirá realizar proyectos transexenales. También se le preguntó cómo y a través de qué mecanismos Conacyt garantizará que se sigan financiando los proyectos y cuántas veces y para qué proyectos ella ha recibido dinero de estos fondos. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Este martes, en el Senado de la República se librará la última batalla para frenar la eliminación de los fideicomisos, que pone en jaque el futuro de la comunidad científica del país.
Después de lo aprobado por los diputados en San Lázaro, los senadores de la oposición buscarán impugnar la extinción de los 109 fideicomisos, incluidos los 91 relacionados con distintas áreas de investigación, que incluyen los fondos para los 26 Centros Públicos de Investigación.
Contrario al discurso del gobierno, la información sobre los fideicomisos de ciencia es pública y el ejercicio de los recursos es fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
“Una de las bondades de los fideicomisos, que son una figura jurídica y financiera, era poder echar mano de los recursos más allá de los presupuestos fiscales que tienen un plazo fijo muy estricto”, explicó la doctora Alma Maldonado, del Cinvestav.
Por lo que existía una flexibilidad para financiar proyectos por periodos ajenos al ejercicio fiscal, como sucedió con Álvarez-Buylla, a quien se le dieron recursos para investigaciones de hasta 60 meses, oportunidad que difícilmente las futuras generaciones tendrán.
“Con esta situación, estamos desalentando a los jóvenes. Les estamos mandando el mensaje, a los que hoy se forman en el extranjero con becas, con doctorados, que no regresen porque aquí no hay condiciones de trabajo científico; es algo muy lamentable”, expresó la doctora Alma Maldonado. (Con información de El Universal)
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