CDMX, 08 de septiembre 2021.- Si se trata de desmantelar al Instituto Nacional Electoral pues entonces el gobierno de la 4T ya empezó a hacerlo y que mejor forma que quitarle una buena parte de su presupuesto para el año 2022.
La Secretaría de Hacienda plantea para su Presupuesto de Egresos de la Federación que ejercerá el próximo año, la disminución del 11.4% para el órgano electoral, lo que indica que de 28 mil 700 millones quedará en 24 mil 649 millones de pesos.
Además habrá otros “ajustes” para los organismos de los ramos autónomos.
El proyecto de presupuesto 2022 para el Poder Legislativo es reducirlo en 2.3% en términos reales, con respeto al monto aprobado en 2021, al solicitarse un monto para el próximo año de 15 mil 12 millones de pesos.
Se plantearon también reducciones para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decremento que se solicita es de 1.1%, para quedar en mil 722 millones de pesos.
La solicitud presupuestal para la Cofece es de una reducción de 0.8% en términos reales, al solicitar al Congreso que se le otorgue para el próximo año un monto de 616 millones 125 mil pesos.
Esto de los decrementos no ocurrirá en el Paquete Económico 2022 para el Tren Maya que verá duplicado su presupuesto al igual que el Corredor del Istmo de Tehuantepec y Pensión de Adultos Mayores.
Así, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador planea gastar 578 mil millones de pesos en sus programas y proyectos prioritarios para 2022.
Mientras que para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la propuesta es otorgarle mil 560 millones de pesos, que es -0.4% menos que el presupuesto aprobado para 2021.
Lo anterior significa que no les otorgaron ni siquiera un aumento con base a la inflación, que de enero a agosto acumuló 4%.
No obstante, se pide aumentos para el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República, de 3.8%, 4.7% y 0.3%, respectivamente.
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