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Persecución a científicos y el uso faccioso de la Fiscalía

“Los pueblos a veces se equivocan, y a menudo la pagan caro.”

Mario Vargas Llosa

PALCO DE DERECHOS

Por: Fernando Mendoza Elvira.-

¿Uso faccioso de las instituciones? Sí.

El hoy presidente de la República ha sostenido un discurso que sigue teniendo la nota de revuelta, de disturbio, de mandar al diablo a las instituciones… esas, que ahora utiliza para su facción, para armar su fuente ovejuna.

Andrés Manuel López Obrador fue electo por mayoría de la ciudadanía mexicana para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por seis años. Al asumir la presidencia de la República Mexicana, ante el Congreso de la Unión formalmente manifestó: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.«

El primero de los artículos de la Constitución que el presidente protestó cumplir dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, pero parece que al presidente López se le olvida que se le olvida.

En su conferencia de prensa del 24 de septiembre de 2021 –la mañanera- el presidente López Obrador se refirió al caso de la persecución contra 31 personas investigadoras del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT, a quienes la FGR acusará ¡por tercera vez! de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

“Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas, y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen…” afirmó desde el púlpito presidencial.

Distorsiona y mal informa el presidente a partir de un sofisma. Sí, parte de una falacia para construir un argumento: tenían una asociación civil, afirma. No, presidente, las personas que ahora usted lincha públicamente no tenían una sociedad civil. La carpeta que presenta la Fiscalía General de la República para actuar contra ellas, se basa en actos relacionados con el del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C (FCCyT).

El FCCyT no era una asociación que tenían las personas señaladas por el presidente, el Foro Consultivo fue creado por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002, cuyo objeto es promover y difundir la investigación científica, tecnológica y la innovación; promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector empresarial, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, la difusión y divulgación de las anteriores actividades y la vinculación entre la academia y la empresa.

No, presidente, no es como usted lo hace aparecer. La mesa directiva de FCCyT, A.C. está conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de entre instituciones de alto prestigio científico y académico, entre las que se encuentran la propia Academia Mexicana de Ciencias; la Academia de Ingeniería de México; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; el Instituto Politécnico Nacional y la propia Universidad Nacional Autónoma de México.

Agregó López Obrador en su matutina: “O sea, un grupo predilecto del régimen anterior y entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo?, ¿vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?”

Uno de los derechos humanos que tiene toda persona es de la presunción de inocencia, por el cual toda persona es inocente mientras no sea condenado por un tribunal competente mediante sentencia después de haber seguido un juicio con todas las garantías procesales para su debida defensa.

El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 señala que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

El presidente se erige en señor de horca y cuchilla al presentar ante la opinión pública a las personas señaladas como delincuentes. Él ya juzgó y condenó, exhibiendo a personas inocentes como culpables de pertenecer, según la Fiscalía, ¡a una organización delictiva!

Un despropósito y una canallada dar el tratamiento de delincuencia organizada por supuestas conductas que, de ser irregulares, a lo más, constituirían responsabilidad administrativa. No sólo se está violando el derecho a la presunción de inocencia en el caso de la pretendida acusación contra 31 personas por las supuestas irregularidades que, al decir del presidente López, de María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del CONACYT y, por supuesto del controvertido fiscal Gertz Manero, constituyen delitos graves, sino que la acusación misma es, a todas luces, un sinsentido.

En palabras de la jurista Ana Laura Magaloni: “Tan es así que dos veces los jueces federales le han negado las órdenes de aprehensión; la FGR ya anunció que va por la tercera y que ejercerá todos los recursos legales a su alcance para logarlo. Quiero apostar que no lo va a conseguir. No tiene ni pies ni cabeza esa acusación.”

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, ya se han pronunciado reprobando la persecución, además de más de 35,000 firmas de la ciudadanía, al momento de escribir estas líneas. Posiciones que piden al gobierno detener las desmedidas acusaciones penales, a las que, por supuesto, me sumo y suscribo. Mi solidaridad y apoyo al Doctor Enrique Cabrero y todas las personas sujetas a la fuente ovejuna montada desde el poder.

La persecución política del régimen contra 31 personas investigadoras constituye una muy grave transgresión a derechos humanos. La acusación reiterada por la Fiscalía, más que acoso, da cuenta del uso faccioso de las instituciones del Estado para reprimir a críticos y a opositores. No presidente, no siga faltando a su protesta Constitucional.

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