La Quimera de Pep.-
Escribe: José Luis Cuevas.-
El crecimiento de las ciudades -planificado o no- lleva consigo muchas cuestiones complementarias que de dejarse pasar se vuelven una piedra en el zapato para los tomadores de decisiones políticas. Una de estas ‘piedritas’ es el transporte público.
Hace pocos días entró en operaciones la empresa UBER en la ciudad capital. Este concepto de traslado no ha pasado desapercibido y desde luego han surgido opiniones polarizadas al respecto. Las querellas sobre el tema no son exclusivas de Saltillo sino que se unen a la de los taxistas de España, Londres, Bélgica, Francia, Estados Unidos y otros países que también han protestado contra el ejercicio de las actividades de la mencionada firma.
Uber es una empresa que ofrece el servicio de transporte y cuya solicitud se hace desde un Smartphone, para lo cual debe descargar su aplicación y hacer el registro de datos personales, incluyendo una tarjeta de crédito a la cual se le cargará el monto del traslado. Es decir, es un servicio de transporte que parte del creciente uso de la tecnología.
Por ello uno de los cuestionamientos es que no acepta efectivo, lo cual limita el mercado de usuarios dispuestos a emplearlo. Situación que lo vuelve un mercado dual, bienes similares pero con diferenciación en algunas características. Es decir que en alguna medida están dirigidos a distintos públicos, a pesar de compartir algunos conjuntos del mismo universo –retomando la lógica matemática de razonamiento-. Aunque la propia empresa ya trabaja en ello implementando programas piloto.
Por cierto que al respecto TECNOCOM publica un estudio en el que se menciona que solamente 4 de cada 10 mexicanos disponen de una tarjeta bancaria (40%) a pesar de que la participación financiera en el país ha crecido, por lo cual el uso de este medio de transporte se ve restringido respecto de otros que no piden un requisito de este tipo para su goce.
Sin embargo el tema en discusión es en dónde está la frontera entre servicio público y uno privado, cuál es la diferencia entre ambos -sin caer en una discusión bizantina-; y entonces sí entrarle al verdadero reto: la regulación equitativa, incluyendo precios, impuestos, etcétera, llenando las lagunas legales que causan incomodidad entre los competidores.
Aunque si hablamos de transporte la ciudad tiene un reto aún más grande en esta materia al cual las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no le pueden sacar la vuelta y le van a tener que meter la mano sí o sí: el transporte público colectivo, o sea las combis.
La pregunta natural sería: si es tan importante ¿por qué no le han metido mano? Muy simple, por la cantidad de intereses políticos y económicos que hay de por medio.
En la medida en que una ciudad ofrezca alternativas grupales para que sus ciudadanos se trasladen, los niveles de contaminación y de tráfico vehicular se verán disminuidos. Y más aún una que se está afirmando como metrópoli creciente.
Por ello la pretensión es disminuir el uso del coche privado para mejorar la calidad del aire y la fluidez del tránsito es importante; esto sin tener que llegar a una situación como la que ha vivido la CDMX ya desde hace varios meses, en la cual se han tenido que activar de manera constante programas ‘Hoy no circula’ debido a la mala calidad del aire.
Para esto el transporte colectivo debe cumplir ciertas características que lo afirmen como creíble ante la ciudadanía, por ejemplo ser puntual, limpio, con rutas bien planificadas para atender el grueso de la ciudad y sus alrededor, ser sustentable, fluido, que cumpla con un horario de acuerdo a las actividades de la población, que tenga capacidad de oferta para atender la demanda ciudadana de traslado y desde luego con un costo acorde al servicio que ofrezca.
Ese es un verdadero reto en materia de transporte pero sigue pendiente en la agenda.
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