BAILE Y COCHINO…
Por Horacio Cárdenas.-
Bueno, no es ninguna novedad, lo que lo sería es que las cosas fueran diferentes, y que como Francisco Villa, Andrés Manuel López Obrador ordenara fusilar a sus más queridos generales si se habían atrevido a violar la ordenanza de no beber alcohol o molestar a las muchachas, no, el artífice de la cuarta transformación se parece más al odiado neoliberal afrancesado Porfirio Díaz Mori, quien regía con mano de hierro enfundada en seda, bajo la premisa de que a los amigos gracia y justicia, y a los enemigos solo justicia.
El ejemplo más escandaloso de que el león, bueno, también el pejelagarto no es como lo pintan, es el del manto de protección, tirándole a impunidad, que su administración ha tendido sobre los hombros del tenebroso Manuel Bartlett Díaz, no solo diciendo que él, el presidente, confía plenamente en Bartlett, a quien considera un buen hombre, alguien incorruptible, sino que haya puesto al servicio de esta apreciación muy suya la Secretaría de la Función Pública, que como en los tiempos anteriores, ha servido más de tapadera de lo que ordenan desde arriba, que como instrumento del régimen para el firme e irrestricto cumplimiento de la ley. Es el caso más sonado, pero no es el único.
Hace un par de meses el país amaneció con la mañanera noticia de que una tercera parte de los superdelegados del gobierno federal, los representantes de este ante los pueblos y gobiernos de las entidades federativas, estaban sujetos a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública. En su momento lo comentamos, no escandalizados porque los periodiqueros, y sobre todo los periodiqueros mexicanos, estamos curados de espanto, pero sí interesados en que de entre la crema y nata de la incorruptibilidad en este país, vale decir, de entre quienes el presidente López Obrador seleccionó a quienes habrían de ser sus ojos, sus oídos, sus manos, y sobre todo su imagen, aquellos a los que les concedía un poder omnímodo en sus demarcaciones, con un poder comparable al del gobernador en funciones.
Una de varias, o el presidente que había logrado treinta millones de sufragios en la elección federal de 2018 a la hora buena de integrar equipo, no tenía realmente 32 hombres y mujeres que 1) le supieran a todo, 2) teniendo ese nivel de poder, no se marearan, 3) tuvieran el suficiente colmillo para saber que sí y que no, 4) supieran cuidarse las espaldas y 5 y más importante) que no embarraran ni a MORENA, partido de estado, ni el gran concepto de la cuarta transformación, ni mucho menos a su patroncito, San Andrés Manuel. Otra es que el presidente no se fija demasiado en las cualidades y defectos de sus colaboradores, como él mismo lo ha dicho, la proporción de la mezcla es 90% leales y 10% capaces, con lo cual no sería de extrañar que anden regando el tepache, violando leyes, haciendo y deshaciendo sin atender la Reglas de Operación de los programas federales (¿ah, hay reglas de operación?), una más, que lo que le importa de a de veras es lo que tiene en corto, en la ciudad de México, y que lo que pase o deje de pasar en los estados, él lo resuelve en sus frecuentes giras.
Agarre la que quiera o conjunte todas, y tendremos un boceto de explicación de cómo es que ni siquiera cumplido el año de la administración, y había más escándalos en las superdelegaciones que las que hubo durante sexenios, cuando había delegados y subdelegados de todas las dependencias del gobierno federal, y conste, que jamás de los jamases se había oído hablar de que se requiriera una amonestación de rango presidencial, mucho menos que el escándalo terminara en la suprema corte de justicia de la nación, y lo nunca imaginado, que fuera el propio partido político del gobierno, el que hubiera meneado las aguas para que un asunto de corrupción de poca o mediana monta, creciera a proporciones escandalosas.
Entre el jolgorio del fin de año, las borracheras, las fiestas, las crudas, pasó medio de noche la sentencia de la suprema corte de que efectivamente, treinta y tantos funcionarios de la administración pública federal, habían incurrido en las conductas por las que habían sido denunciados por las dirigencias estatales de MORENA, las cuales como buenas células de partidos de izquierda, sentían que tenían el enemigo metido en casa hasta la cocina, y que los superdelegados, los subsuperdelegados como sea que se llamen, estaban usando las becas, las pensiones y otros apoyos gubernamentales para interferir en eso que en el Movimiento de Regeneración Nacional llaman democracia interna.
Vergüenza de vergüenzas, entre los dictaminados como responsables, aparece el superdelegado federal en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, politiquillo a quien nadie consideraría morenista químicamente puro ni mucho menos, un chapulín al estilo de la grilla mexicana, que encontró donde hacer ronchita y mírelo donde ha llegado.
Reyes tiene sus malquerientes, que acumulan más que sus seguidores e incondicionales, a esto se debe que no haya podido primero prever la que se le venía encima, y luego, desactivar en cualquiera de las etapas del proceso, la acusación en su contra. O no le importó, o se sintió más fuerte que sus contrincantes, el caso es que si en algún momento intentó un acuerdo que diera pie a un desistimiento, este no funcionó. Llámele soberbia o como guste, pero habla mal, muy mal de su capacidad de generar consensos, de prevenir problemas y de resolverlos.
Ni siquiera en aquella memorable ocasión, en que los juntó el presidente López Obrador en Palacio Nacional para leerles la cartilla a sus superdelegados, le valió para que en el viaje de regreso se hubiera puesto a idear una estrategia para congratularse con sus correligionarios.
Pero eso es lo político, lo que verdaderamente nos debería importar es lo administrativo, con implicaciones legales. ¿Qué se sigue de un regaño presidencial y que su nombre aparezca arrastrado en las sentencias de los tribunales? Y aquí es donde nos sorprendemos de que la respuesta aparente sea… nada. Nada hasta ahorita.
Hombre, era para que de inmediato la Secretaría de la Función Pública, a cargo de doña Eréndira Sandoval, hubiera emitido una orden de destitución con el argumento de que se seguía la recomendación de la corte, destitución seguida de inhabilitación por un determinado número de años, más auditorías exhaustivas, más todo lo que la burocracia es capaz de inventar a la hora que quiere aplastar a alguien que ha caído de su gracia. Obvio, este no ha de ser el caso de Reyes… quien parece que se salva, por el momento, sin siquiera un manazo en la garra tentona.
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