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El anuncio presidencial para llorar… ¿o reír?

caricaturaLuciendo una corbata azul y verde, un penacho mucho más pulcro y su imberbe rostro, artificialmente adusto, Enrique Peña Nieto sale a la palestra y, junto con él, un séquito que también saluda con aires imperiales a la selecta multitud reunida en el Palacio Nacional.
No tarda en tomar la palabra y, tras hacer una vez más los honores de rigor a los representantes de los poderes y a los miembros de su gabinete ahí reunidos, el ex gobernador del Estado de México, de triste recuerdo, deja caer su decálogo divino, y anuncia las siguientes medidas, las cuales que empezará a promover, avisó… hasta el lunes próximo:
1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales; 2. Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; 3. Creación obligatoria de policías únicas estatales; 4. Un número nacional para emergencias: el 911; 5. Clave Única de Identidad; 6. Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente; 7. Justicia cotidiana; 8. Acciones en materia de derechos humanos; 9. Combate a la corrupción; y 10. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. A sus espaldas, sobre un fondo verde, destacan las frases «Por un México en Paz» y «Con Justicia, Unidad y Desarrollo». Se atreve, entonces, a impulsar un «pleno estado de derecho» o a «fortalecer el estado de derecho». Apela incluso a construir, por fin, un México que viva dentro de la legalidad y de una administración de justicia eficaz.
El mandatario también descubre el hilo negro al revelarnos, como si estuviera frente a una nación de estúpidos, la existencia de un «México pobre», principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y «con rezagos ancestrales». También echa mano de una desgastada frase: hay que ir por un «desarrollo económico y social»… ¡Cómo no se nos había ocurrido!
«La paz también se construye con desarrollo», recalca quien asegura haber leído atentamente la Sagrada Biblia, ¿escrita acaso por Carlos Fuentes? «La gravedad del momento» nos lleva a intentar acciones que nunca se han realizado, así que «seguirá siendo prioridad la instrumentación de las reformas estructurales» recién estrenadas sin pena, ni gloria.
El discurso-anuncio iba bien, según lo pronosticado por quienes conocen bien la demagógica jerga del sistema representado en la persona del Ejecutivo, hasta que este osó expresar que el grito generalizado de «todos somos Ayotzinapa» es un llamado a seguir transformando a México; sin embargo, olvidó que otro clamor popular es: «Ya vete Peña».
A propósito de este circo romano, permítaseme recordar que el país se está desmoronando a pedazos, porque ya no aguanta esta dictadura. Ayotzi-napa es sólo la punta del iceberg, en tanto, la nueva propuesta de Enrique Peña no es más que una velada ame-naza de mayor represión hacia un país que, a pesar de haber sido ya milita-rizado a más no poder, sigue inseguro, pero además naufragante, desigual, todavía más pobre y anclado su futuro a los caprichos de los países del llamado «primer mundo».
Cierto es que se ha vuelto una mala costumbre entre los titulares de los tres niveles de gobierno anunciar con bombos y platillos el reforzamiento de las fuerzas de seguridad, tratando de convencer a la opinión pública de que con el engrosamiento de los cuerpos policíacos y su reequipamiento se reducirán los intolerables índices de delincuencia y crimen organizado, que han hecho ya crisis en diferentes regiones del país. Su magnitud es tal, que ha tenido que ser reconocido como «un asunto de Estado». Lo único que reflejan estas medidas es la impotencia de la autoridad para detener la bola de nieve en que se ha convertido el repudio generalizado hacia el actual régimen, en virtud de su falta de talento y de sentido común para evitar verse, precisamente, en la necesidad de recurrir a la fuerza pública para evitar que crezcan los disturbios que la misma autoridad ha provocado con sus penosos desatinos, ambición desbocada y sangrientos atropellos.
La política represiva del sistema encuentra su mayor expresión en la militarización del territorio nacional, empezando desde la tendencia de algunos gobernadores y alcaldes de nombrar como jefes policíacos a oficiales del Ejército retirados, principalmente generales. A esto se suma la acelerada proliferación de puestos militares en zonas estratégicas.
¿A qué le teme Peña Nieto? ¿Cuál es la verdadera línea que están siguiendo los ejecutivos estatales y alcaldes en materia de «seguridad pú-blica»? ¿En verdad se busca frenar al crimen organizado o más bien se actúa por temor a que, un día de estos, el pueblo termine de despertar, arruinando así el opulento estilo de vida de los vividores de la política y, por ende, de la «libre» empresa?
Que conste, no estoy descubriendo el hilo negro. Después de la nueva perorata presidencial, será interesante ver cómo se regodearán los «feisbuqueros».

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