BAILE Y COCHINO.-
Por: Horacio Cárdenas.-
De veras que qué monserga es eso de la división de poderes, caray, si para eso es electo uno emperador sexenal autorizado por INEs, IFEs, IEPECs, IECs, tribunalitos y tribunalotes, para una vez ungido, y jurado pisando la Constitución General de la República, la del estado respectivo o hasta el Bando de policía y buen gobierno, lo que a cada quien le toque, es para que nadie se atreva a cuestionar las decisiones del supremo poder del gobernante, ¿o no?
Pues no, porque desde que este país se constituyó en república democrática, representativa, federal y quien sabe cuántas otras altísimas cualidades que acrisolan los más elevados valores de la convivencia humana, nos encontramos con que quienes son electos para gobernar, en el mismo instante casi en que asumen el poder, pasan a sentirse superiores al resto de sus congéneres, y como consecuencia directa de ello, a pensar y comportarse como si estuvieran por encima de las leyes.
Si no nos fallan las entendederas, fue en los años en que era presidente de la República Vicente Fox Quesada, quien había designado como su secretario de Relaciones Exteriores al menos democrático de todos los mexicanos, Jorge Castañeda Gutman, quien lo convenció de que pasara una reforma de ley para que el titular del ejecutivo no tuviera que cumplir con el trámite de solicitar al congreso permiso cada vez que se ausentaba del país. Con un congreso adverso por una parte y sin ganas de exponerse a la crítica, a la votación cada vez que el turista presidente quisiera salir de las fronteras nacionales, pues lo más fácil y cómodo era deshacerse del apartado correspondiente en la constitución general de la República. ¿Y qué cree?, pues que como la reforma tenía que pasar por esa misma Cámara de Diputados, pues le dieron para atrás, al rato Castañeda dejó la secretaría y Fox tuvo que pasar la vergüenza de que no se le autorizada un último paseíto por Australia, a donde quería ir a visitar a su retoño, que estaba estudiando, sí, pero quería hacerlo no como ciudadano sino como jefe de estado y con cargo al estado, lo que le fue negado.
Asonadas contra la división de poderes se dan todos los sexenios en todos los niveles e instancias de gobierno, las entidades supervisadas y sujetos obligados lo que menos quieren es supervisión, control y obligaciones, pues para eso son autoridad ¿no?, pues no. Algunas progresan, otras no, eventualmente a algunas se les da para atrás o se acotan, ¿pero no le parece un desperdicio de tiempo y recursos gubernamentales el vivir dedicados a atacar los controles, en vez de apegarse a lo que dicen los ordenamientos?, pues a nosotros sí pero a ellos no, sobre todo cuando que lo que se logre se queda.
Uno de los ejemplos más claros de deseo logrado de deshacerse de las restricciones es el ocurrido en Coahuila en octubre del año 2016, en el que haciendo una exposición de lo más bizarra y poco convincente para quien sea excepción hecha de los paleros que tenía entonces el gobernador del estado en el congreso, se pasó un acuerdo que dice a la letra “Se contempla la contratación de obligaciones a corto plazo, sin solicitar la autorización del Congreso, siempre y cuando: el monto solicitado no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado o del Municipio del ejercicio fiscal correspondiente; que el financiamiento sea liquidado tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente y; que sean obligaciones quirografarias. Los recursos que se obtengan derivados de las obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Lo anterior en buen castizo solo puede ser entendido como una abdicación del derecho y la obligación del poder legislativo, y por extensión del pueblo coahuilense, a observar, oponerse y negar la contratación de crédito al gobierno, teniendo en consideración que este está endeudado más allá de su capacidad de pago en el corto, mediano y largo plazos, ¿o por qué cree que han sido las renegociaciones anteriores y está en marcha una tercera?, pues porque no hay ganas o posibilidad de pagar, la explicación que más coraje le dé.
La aprobación de esta reforma pasó como mantequillita en la legislatura pasada, fiel y obediente al gobernador Rubén Moreira Valdés, pero que en pésima hora sentó precedente, y tanto, que en este principio de administración, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís hizo uso de la prerrogativa de continuar endeudándose, de lo cual nadie en la estructura oficial se sintió en obligación o responsabilidad de enterar a la población o al congreso, toda vez que la ley vigente así lo contempla.
Lástima, a la hora que le preguntan al congreso, los exhibieron como completamente ignorantes de la cuestión, pero no por una omisión de su parte o por haber recién asumido sus funciones, sino porque así lo permite la ley, y eso de correr la cortesía… bue… eso es más de lo que la división de poderes considera civilidad política.
Son novecientos millones de pesos… millones más, millones menos, los que se contrataron como deuda a corto plazo. La intención declarada, al vaporazo, es que es para apuntalar la capacidad de maniobra del gobierno a inicio del sexenio, lo que hay detrás es que se encontraron con las arcas vacías, hartos compromisos inmediatos, la necesidad de demostrar que en este sexenio sí va a haber obra y no como en el precedente, y pensando mal, que las relaciones con la federación no son tan cordiales como les gusta decir, porque nadie se sintió motivado en el gabinete de Enrique Peña Nieto como para adelantarle participaciones o liberar presupuestos ya programados para que el gobierno estatal se ponga a hacer algo más que espantarse las polillas.
Pues bien, este fin de enero nos encuentra a los coahuilenses endeudados por mil millones de pesos más que los que debíamos en diciembre, deuda supuestamente a corto plazo que hay que liquidar con todo y sus nada favorables intereses antes de doce meses. Lo que son las cosas, la mano derecha de la Secretaría de Finanzas está renegociando deuda para no pagar los treinta y tantos mil millones que se deben, y la mano izquierda está contratando más deuda para que el aparato gubernamental no se detenga.
Lo que nos sospechamos es que a la vuelta de los doce meses nos salgan con que en vez de pagar lo recién prestado, lo van a sumar a la otra deuda, por supuesto que a condiciones preferenciales, y ya cambiada de cajón y con nueva etiqueta, queden otra vez libres para contratar más deuda igual, por el 6% de los ingresos y sin tener que pedir permiso de nada.
De veras que no hay nada como gobernar sin tener que pedirle permiso a nadie de nada, que padre poder gastar y no pagar, y no rendirle cuentas a nadie.
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