Costo beneficio del sistema anticorrupción

BAILE Y COCHINO.-

Por Horacio Cárdenas Zardoni.-

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Dicen que fue Jesús Reyes Heroles, el viejo, el que ideó lo de la apertura del sistema político mexicano a la oposición, como medida no de llevar al país a una verdadera democracia, sino de cooptar a los partidos políticos contrarios al Revolucionario Institucional mediante salarios, dádivas, prebendas con las que ni siquiera se habían atrevido a soñar, y ya con ese dinero en la bolsa, contribuyeran al deseado de todos: que sacrificando algunas posiciones, que realmente no eran más que migajas, el sistema continuara como hasta el momento.

Gatopardismo le dicen los que han leído cuatro libros, uno más que ciertos presidentes de la República, tomado de aquella novela El Gato Pardo de Giuseppe Lampedusa, en que su personaje, un viejo noble que ve su antiguo poderío y economía desmoronarse en pedazos, y para rescatarlo decide matrimoniar a su sobrino con la hija de un prominente comerciante, ávido de títulos y nobleza, con lo que todos salen ganando, de allí viene la frase que todos hemos oído y usado alguna vez: cambiar para que todo siga igual.

Nosotros que somos más acá a nivel de raza, preferimos apegarnos a la fría y descarnada recomendación que hacía Cesar El Tlacuache Garizurieta: no les cambies las convicciones, cámbiales los ingresos, y sí, hasta saliva se ahorra uno tratando de convencer a gente que lo que quiere en el fondo es dinero, poder, y estar en el candelero, pues hay que darles eso.

Todo el rollo anterior, sacado de una clasecita de ciencias políticas de primer año viene a cuento porque el sistema, priísta, panista, morenista está en veremos, no hace más que cambiar para que todo siga igual, ceder aquí, ceder allá, aunque cueste cantidades siempre crecientes de dinero, para que el control del poder siga manteniéndose en las mismas manos y engrosando las mismas cuentas bancarias, en un modelito que, si nos apegamos a la versión de que fue Reyes Heroles el autor, cumplió cincuenta años de haberse instaurado, habiendo costado miles de millones de pesos en su sostenimiento.

Desde el sexenio pasado, como respuesta más que blandengue a la presión social para que el gobierno de Enrique Peña Nieto hiciera algo contra la corrupción rampante, corrupción que por demás está decir alcanzaba al propio presidente, su familia y colaboradores más cercanos, se promovió la creación del sistema Nacional Anticorrupción, bodrio que no encaja bien a bien con la estructura de la administración pública y sus mecanismos de control, pero que cumplió con su función de hacer como que hacía, incluso se inauguró con la investigación del escándalo de la Casa Blanca, no la de Washington sino la de las Lomas de Chapultepec, asunto del cual no encontró absolutamente nada ilegal, nada fuera de lugar, todo en perfecto orden, resolución que no satisfizo a nadie, y que puso en evidencia que no importa cuánto dinero gaste el gobierno, cualquier gobierno, la capacidad de dar atole con el dedo al pueblo tiende a cero.

Lo malo es que el sistema anticorrupción llegó para quedarse, no es fácil deshacerse de algo que se incluye en la constitución general de la República, y lo peor es que no se quedó solo como un tumor canceroso de la administración pública federal, sino que hubo que reproducirlo por esas cosas horrendas del federalismo, en cada uno de los estados, multiplicando el gasto, distrayendo el poco dinero que hay en burocracia que no funciona y que menos convence.

El lunes de esta semana uno de los periódicos de la capital traía como nota principal que el Tribunal de Justicia Administrativa, la otra parte de la pinza que es el Sistema Estatal Anticorrupción, trae en la mira a cinco funcionarios, a los cuales se ha señalado siguiendo el tortuoso camino de la burocracia de este sistema, de peculado. Según la nota serían cinco casos vivos, y dos que ya están resueltos o casi, esto nos da un total de siete casos desde que comenzó a trabajar el citado tribunal, no creemos que nadie piense que es un dechado de productividad ni de eficiencia, ni siquiera en comparación con otras instancias del poder judicial, que no se caracteriza precisamente por pescarlas al vuelo.

La nota habla solamente de un asunto en el que han salido a relucir cantidades de dinero. se habla de un exfuncionario del municipio de San Pedro de las Colonias, quien se habría chispado algo así como seiscientos mil pesos, de los cuales ya devolvió la mitad. De lo demás, no se sabe nada, ni si es mucho o poco, y de eso, si se logró recuperar algo o todo, que lo de castigar al delincuente (¿a estos ya no hay que plantarles antes el presunto para no manchar su honra?), es lo de menos, pues ni se enmiendan y encima siguen viviendo del erario, ahora como reos del penal.

Como que tener un tribunal de justicia administrativa, que solo puede presumir como gran logro la recuperación de trescientos mil pesos, no es mucho, es como para morirse de risa atragantados de bilis. Tan solo lo que costaría la renta del local que le concedió graciosamente Rubén Moreira, la antigua sede de la Biblioteca Central, sería mucho más que los trescientos mil pesos, ahora si nos vamos a los salarios de magistrados, jueces, empleados o como esté organizada la estructura del tal tribunal, punto y aparte de lo que cuesta mantener al Sistema Estatal Anticorrupción, y lo que los coahuilenses quisieran es que dejaran las cosas como estaban antes, porque cada cambio para que siga igual nos sale en muchas millonadas.

Sonaría a vacilada motivacional salir con que los cuates estos del sistema anticorrupción y su tribunal de justicia administrativa se pusieran las pilas. El sistema como tal, nació muerto por el simple hecho de haber sido engendrado por el gobierno al que pretendería enmendarle la plana. Es una parte del gobierno, una que no podía ser de otra manera, es muy costosa, pero que para efectos de la administración pública dentro del marco legislativo mexicano, cumple la función de quemar todos los cartuchos. Tal como se lo decimos, si ya el sistema dictaminó, si ya el tribunal sentenció, muy por lo bajo si acaso algo, ya no se puede procesar ni juzgar, ni aunque se presente nueva evidencia, todo queda anulado, como el caso de la casa blanca, ni más ni menos.

Pero cambiar para que todo siga igual también tiene su costo, ¿Cuál?, el que la gente se acabe cansando y vote por alguien que trae entre ceja y ceja desmantelar las estructuras que permitieron la corrupción primero y la impunidad después. ¿A qué esperar que en Coahuila pase lo mismo que en el país?, mejor pónganse a trabajar de una buena vez, ya solo como apunte final, ¿qué papel jugó el sistema anticorrupción y el tribunal de justicia administrativa en el caso de moda, el del exgobernador interino Jorge Torres López, para más señas uno de los delincuentes más buscados por la DEA y la Interpol?, pues ese es el mismo desempeño que se espera de estos órganos en cuanto caso sea de verdadera relevancia en la entidad.

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