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Gaby y el IEC, al rancho presidencial

Baile y Cochino.-

Escribe: Horacio Cárdenas Zardoni.-

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Dicen los que están un poco más enterados, los que pescan las señales que se cruzan entre pitcher y cátcher, los que tienen una bola de cristal para adivinar el futuro o quienes sufren de premoniciones, que el presidente más ocurrente que jamás haya tenido México, Andrés Manuel López Obrador, trae entre ceja y ceja la desaparición de los consejos electorales estatales, para concentrar los procesos electorales en un sólo órgano de carácter federal.

Esos mismos pitonisos o “gente de muy adentro” de la Cuarta Transformación, sostienen que este proyecto obedece a dos de las principales estrategias que se trae entre manos el gobierno federal en el muy corto plazo, la primera sería la reforma electoral, la cual es obligada para un presidente de la alternancia, tanto como lo ha sido para sus predecesores en el cargo, tanto si provenían de un partido o coalición distinto del de su antecesor directo, como si eran de continuación, lo cierto es que cada presidente de los últimos treinta o cuarenta años, nomás con apoltronarse en el poder, de inmediato se lanzaban a establecer unas reglas del juego distintas de las que le permitieron triunfar sobre sus rivales, pero tampoco han sido raros los casos en los que en un mismo sexenio se dan dos reformas electorales, y algunos importantes ajustes a la legislación correspondiente, que hablan de desconfianza respecto a la plataforma a la que se le encomienda la conservación del poder para el partido o grupo que lo detenta en ese instante.

La otra parte de la pinza corresponde, como no podemos dejar de imaginarlo, a la política de austeridad republicana que caracteriza, por lo menos en apariencia y de dientes para afuera, a la administración pública federal. Si de lo que se trata es de ahorrar todo lo que se pueda en el gasto público, es sencillo llegar a la conclusión de que los institutos electorales estatales son una redundancia respecto al organismo federal, que tampoco es nada barato, pero bueno, al menos en este instante, no está en los planes presidenciales el deshacerse del Instituto Nacional Electoral para resolver cuanta cosa haya que decidir por la vía cuasi analfabeta de la mano alzada. Así, en el proyecto esbozado, pero todavía no lanzado a los cuatro vientos, el INE se queda, y los treinta y dos instituto s electorales estatales, se van a la goma.

No vamos a defender aquí a quien se defiende solo cada conferencia mañanera, y a quien por si fuera poco respaldan las hordas de chairos que han tomado por asalto las redes sociales, pero lo cierto es que desde el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto a quien tantos y tantas extrañan ya entrañablemente, y eso que sólo han pasado seis meses del actual gobierno, ya se habían dado los primeros pasos para lo que ahora Andrés Manuel quiere hacer realidad, la desaparición de la figura redundante de los organismos electorales estatales.
Si lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, a Peña Nieto el bombón copetón, se le fueron los seis años de un sexenio que él y su grupo y su partido, pensaron que sería eterno. En la reforma electoral que desapareció al Instituto Federal Electoral para dar paso al Instituto Nacional Electoral, ya se incluía que este sería la única autoridad electoral en la República, por lo tanto habría que ir desapareciendo paulatinamente a los consejos estatales, pero por cuestiones políticas, por flojera, por no meterse en problemas con gobernadores afines y otros que no lo eran, prefirieron dejarlo para luego, o más puntualmente, que el que viniera atrás, se encargara de arrear, tanto si era como apostaban, del mismo partido, como si era de oposición, como finalmente ocurrió.
Siendo como son, ilegales los institutos electorales estatales, en el marco de la legislación electoral vigente, lo incomprensible es que los gobernadores no fueran tomando las providencias necesarias, en lo presupuestal que es lo menos importante, pero sí en lo que a responsabilidades se refiere. Parte del entuerto de lo que pasó acá en Coahuila en el año 2017 con la elección para gobernador, fue que el IEC decía una cosa, el INE se hacía como que la virgen le hablaba, los tribunales estatal, regional y nacional decían cada cual lo que le venía en gana, y el caso es que hasta pocas horas antes de asumir el poder, Coahuila se hallaba sin gobernador electo, en una situación altamente inconveniente que tuvo repercusiones importantes, que pocos se han ocupado en analizar.
Pero bueno, en vez de estar preparando las maletas para irse con rumbo al rancho del presidente allá por los rumbos de Macuspana, Tabasco, el IEC de Coahuila y en cada estado el propio, los institutos electorales han estado moviendo sus hilos e influencias a fin de que no le den para adelante a la decisión que a lo mejor ya está tomada, y sólo falta el anuncio formal, de que desaparecen.
Acá en Coahuila, haciendo eco unos de otros, se han puesto a ubicar las múltiples ventajas que según los consejeros, empleados, clientes y amigos tiene la existencia continuada de los institutos, y claro, que ellos sigan devengando sueldos más que decorosos, llevando un tren de vida y gastos que nada tiene de ciudadano, mucho menos de austero, y dedicados a abstracciones que muy poco redundan en la práctica democrática. Figúrese que el arma principal que esgrime el IEC y su Consejera Presidente Gabriela María de León Farías para seguir existiendo, es el proyecto de urna electrónica, ese mismo que llevan y traen desde que Homero Ramos Gloria era el mandamás del entonces IEPC, además que son los mismos diez aparatos, pues dentro del gastazo que representa el instituto, no les ha dado para renovar los aparatos que sólo sacan a orear en las ferias del libro y para las pocas elecciones que logran amarrar para usarlos.
No que no hayan tenido su valor en su momento los institutos estatales, pero hay que entender que por todo el supuesto bien que hicieron, cobraron y cobraron mucho, nada lo hicieron de gratis, por convicción democrática o ciudadana, todo fue por los emolumentos que recibían. Si por el presidente fuera, y por los ciudadanos también, que sigan trabajando… pero no costando un peso al pueblo, ¿se apuntan Gaby y sus consejeritos, los presidentes y consejeros de los demás estados?, si no, les agradeceríamos que vayan desalojando…

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