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Por: Héctor Barragán.-

La discutida ley garrote, emitida por el Congreso del Estado de Tabasco, seguramente será controvertida por legisladores del país entero, de la misma forma en que se ha criticado por multitud de comentaristas de radio, televisión y prensa escrita.
Se trata de la prohibición de hacer manifestaciones que produzcan el cierre de vialidades, instalaciones productivas, sin importar las peticiones e inconformidades que los grupos manifestantes tengan que esgrimir.
Pero resulta que se trata de la recuperación del pueblo de sus calles, parques, establecimientos, en pocas palabras, la libertad general de tránsito en el país, sus vías de comunicación y medios de transporte, establecidas con toda claridad en la Constitución General de la República, libertad que ha sido suprimida de facto, de hecho, por la debilidad gubernamental ante la presión de grupos inconformes.
Grupos inconformes con el gobierno o disposiciones, porque no se les ha cumplido sus derechos, se le violentaron los mismos, se les ha ocasionado perjuicio.
De manera que se percibe en lo anterior la corrupción, el gobierno ha desatendido sus obligaciones, ha incumplido sus compromisos para con la sociedad o una parte de ella.
Que si no se les paga lo correcto a ciertos profesores, se les priva de prestaciones otorgadas a otros sin que ninguno tenga legítimo derecho a ellas, no se les resuelve su petición de restituirle propiedades que injusta o ilegalmente le fueron sustraídas no se entregan los fertilizantes que a otros sí, los apoyos económicos les demoran o se les escatiman a unos si y a otros no, en fin, cientos o miles de inconformidades que es sencillo definidor a quien le toca resolver y el no hacerlo oportunamente se le puede y debe exigir su cumplimiento y responsabilizarlo penal y económicamente por la omisión.
Son distintas fases de la corrupción que habrá que desterrar previa determinación, en atención al propósito presidencial de renovar al país.
Más en esto de volver al espíritu de las leyes, al retorno jurídico, vale detenerse a considerar que están pendientes cuestiones de suma importancia, como la pena de muerte. En la carta magna y en las constituciones de casi todos los estados, se erradicó la pena de muerte, que se aplica solamente con relación al gobierno respecto a sus gobernados, pero no a los ciudadanos respecto a sus conciudadanos.
Por lo cual las penas por asesinatos resultan sumamente suaves respecto del delito, siendo que las estadísticas de crímenes resultan patéticamente elevadas, probablemente debido a esa suavidad de los castigos.
Respecto de las penas, es sabido que son castigados un pequeñísimo porcentaje de los delitos, manifestándose la incompetencia del sistema policíaco-justiciero y seguramente por eso son crecientes las violaciones a las leyes y reglamentos.
Y el sistema carcelario, de rehabilitación de los delincuentes es ineficientes, primero por estar saturados los centros de rehabilitación, que carece de instrumentos para la recuperación de los delincuentes antes de regresarlos a la sociedad, no se le inculcan valores, ni medios para volverlos productivos, útiles a su comunidad y ser gravoso el sistema para esa sociedad que ha sido castigada con las infracciones y delitos de los detenidos.
La cuestión de los robos es otro capítulo totalmente descubierto, no se denuncian sino una parte insignificante, debido a lo engorroso de los trámites para denunciar, para hacer la demanda, rectificarla, presentar testigos, rectificar, comparecer para conocer avances… por lo que la recuperación, que es insignificante jamás se obtiene. Habrá que prevenir el delito, si se presenta investigar pronto y a fondo y devolver los bienes a sus legítimos propietarios, que rara vez cuentan con los factores que se les solicitan para recibir la denuncia.
En los casos de afectación de los bienes públicos es indispensable recuperar lo hurtado y exigir a suficiencia el cumplimiento de reponer daños y perjuicios.
LOS AHORROS.
La recuperación de fondos logrados por la presente administración, no son tan cuantiosos como se supone porque se suspendieron totalmente erogaciones que resultan importantes, como asignaciones a guarderías en que no se cometieron irregularidades, subsidios al campo o a estudiantes que están justificados, en fin, que la depuración encontrará destinos justificados, pero la reducción de gastos en sueldos, que se ha demorado por argucias legales (sin base en justicia), la moderación en gastos oficiales a los altos mandos del sector privado, sumarán cifras muy considerables, susceptibles de empleo en negocios lucrativos de recuperación de materiales por reciclaje, purificación de agua y recuperación de químicos, industrialización de desechos domésticos y de animales, reforestación, industrialización forestal, recuperación de sueldos, investigación científica y fabricación de equipo para generar energía a partir del viento, de la luz solar, investigación de potencial petroquímico y carboquímico.
La austeridad es energía del lujo y este es ofensivo de la pobreza y la miseria y es alimentado el lujo por el excesivo ingreso de algunos, sobre los niveles medios razonables en términos de la situación actual de México. Ese gasto adicional hace falta al caudal necesario de inversiones que el país necesita para conseguir un desarrollo económico sustentable.

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