BAILE Y COCHINO…
Por Horacio Cárdenas.-
A veces, solo a veces, la inercia social, política y económica, rompe la tendencia que ha mantenido durante tanto tiempo, que se ha llegado a considerar como algo inamovible en una sociedad dada. Pero como decimos, a veces, ocurre que sí hay un cambio, o de plano un rompimiento, en algo que más es tratado como la excepción que confirma la regla, que como algo que a su vez, pudiera llegar a convertirse por sí mismo en una nueva tendencia, la de que acontecimientos mínimos, terminen desembocando en grandes cambios, a veces no los más convenientes para la colectividad.
Un ejemplo, que ya se cita como clásico de esto, es lo ocurrido en España con las elecciones generales del año 2004. Todas las casas encuestadoras, los mismos partidos políticos en contienda, el propio gobierno central, daban por hecho la reelección de José María Aznar. Si Aznar lo había hecho bien o mal, es cosa de cada quien, y a como son los españoles, hasta a la mejor fabada le encuentran peros, sin embargo no había duda de que las cosas estaban razonablemente bien en el país, y este era bien visto en el exterior. Entonces ocurrió lo impensable, una auténtica tragedia, una de proporciones nunca vistas ni en la península ni en el resto de Europa. El 11 de marzo se dio el atentado terrorista a la estación de trenes de Atocha, en la capital Madrid, con saldo de 193 personas muertas y no menos de dos mil heridos, además de crearse un ambiente de incertidumbre social y política. El gobierno de Aznar cometió todos los errores de comunicación política en el catálogo, e inventó algunos nuevos, desde el momento en el que no supieron aclarar si los autores del atentado eran de la organización separatista vasca ETA, o si eran islamistas que se vengaban en los españoles del apoyo que el gobierno había dado a la coalición que atacó Irak y Afganistán luego del otro atentado, el del 11 de septiembre del 2001.
¿Resultado?, que todo cambió en un momento para el presente y el futuro de España, el Partido Popular de Aznar perdió por una diferencia de 5% contra el Partido Socialista Obrero Español de José Luis Rodríguez Zapatero, y no es que las cosas hubieran estado particularmente bien antes, pero a juicio de muchos se deterioraron mucho, y todavía no comienzan a recuperarse. Todo por un asunto grave, sí, pero que en el concierto del devenir del país, era menor.
Aunque parezca rebuscado, lo que está pasando en Coahuila en estos tiempos recientes, nos trae a la mente la propuesta del principio, que por un incidente violento en específico, estemos ante el rompimiento de una tendencia de la sociedad coahuilense, para caer en un endurecimiento que a la larga no puede traer nada bueno. Sí, el ataque a Villa Unión, porque difícilmente puede llamarse de otra manera, por parte de sicarios del Cartel del Noreste, fue un hecho crítico en la historia de Coahuila, aunque no podemos decir que sea muy distinto de otros actos de violencia que se registraron en el pasado no demasiado lejano, y que no merecieron, ni remotamente, respuestas como las que estamos presenciando.
Víctimas de lo de Villa Unión fueron básicamente los cuatro policías fallecidos del lado de los defensores, dos civiles, y el resto de los muertos fueron del lado de los perpetradores, por lo mismo no se les puede considerar como víctimas. Claro, están los daños al Palacio Municipal y a la iglesia, pero eso no amerita reacciones como las que se han venido graneando después.
Lo primero que se anunció, desde nuestro punto de vista un poco precipitadamente, es la construcción de tres edificios o complejos que sirvan como bases operativas para fortalecer la seguridad en la Región de los cinco Manantiales.
Precipitada porque en ningún sitio estaba presupuestada la erogación de treinta millones, iniciales, para la construcción de estos cuarteles, el dinero tendrá que tomarse de otras partidas, del ramo de seguridad pública o de cualesquiera otras, afectándolas a la baja; pero una vez construidas las tres bases operativas, ¿a quién se le van a asignar?, sí, porque si la existencia de una tal base presupone la asignación de personal para mantenerlas funcionales, en algún momento se mencionó que pudieran ponerse a disposición de la Guardia Nacional, pero que sepamos esta no ha dicho ni sí ni no, a que le requieran destinar entre 100 y 200 elementos a esta región de Coahuila, lo que otra vez se traduce en un costo, nada económico, y todavía lo será menos si se hace bueno el artículo de la ley que crea esta fuerza, de que las entidades federativas y los municipios tendrán que cubrir los gastos de sostenimiento del personal que soliciten presente en sus territorios.
Ya no es solo el costo de los edificios, sino de quienes los ocupen, la otra opción, menos onerosa, sería que fueran asignadas a las corporaciones estatales, ¿pero están estas en condiciones de asignar para esas bases operativas de ese personal, entendido como adicional al actual?, no creemos.
Otra cuestión que se comenzó a manejar a escala municipal y del gobierno del estado, es la de que para estar en condiciones de hacer frente a ataques como el perpetrado contra Villa Unión, se solicitaría de la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización para que los policías estatales y municipales pudieran ser pertrechados con armamento con calibres superiores a los que portan actualmente, y hasta disponer de tanquetas con blindaje para resistir las balas y granadas con las que cuentan las bandas del crimen organizado.
Los boletines se llenaron con la referencia al calibre 7.62 milímetros, este no tiene nada de novedoso, de hecho aquellos mosquetones clase Mausser eran precisamente de ese calibre, y mucho más modernos, los Kalashnikov AK-47 y los Heckler & Koch G3, es el tipo de munición que usan, algunos puristas y propagandistas han dicho que este calibre no es superior, y hasta se queda corto respecto del 0.223 que usan los fusiles Colt AR-15, pero allí nos tiene entrampados en una discusión bizantina, que eso, sí nos va a salir muy cara y muy dañosa.
Y dijéramos que allí acabó todo, pero no, la noticia dada a conocer recién de que el Congreso del Estado había votado por modificaciones al Código Penal y de Procedimientos para que ahora sea más fácil, o mejor dicho, que sea menos punible matar a alguien bajo la presunción de legítima defensa, nos da la impresión de que es todavía un eco de lo sucedido en Villa Unión. Porque no estamos pensando solo en el abarrotero o el padre de familia que le descerraja un tiro a alguien que se metió a su negocio o casa a robar, eso ya estaba contemplado, con bastantes restricciones para que no hubiera abusos, pero ahora no, ya con que se presuma una mala intención, o que el que se metió viniera armado, con eso. Se nos ocurre que de lo que se trata la modificación es que ahora los civiles en los municipios lejanos o para el caso en cualquier ciudad de Coahuila pueda sacar su escopeta, su veintidós, su lo que sea, y que con esa responda el fuego contra sicarios que pretendan repetir lo acaecido en Villa Unión, eso hasta en tanto llega la fuerza pública a hacerse cargo.
En Coahuila había ocurrido lo de Allende, lo del penal de Torreón, lo del de Piedras Negras, mucha, demasiada violencia, que pese a todo, no había dado pie a querer cambiar leyes ni levantar restricciones. De repente pasa Villa Unión, y todos aplaudiendo el otorgamiento de licencias para matar, ¿no estaremos cambiando nuestra tendencia naturalmente pacífica, por una mucho más violenta?, tantos aplausos nos hacen sospechar que sí.
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