Contabilidad Gubernamental

BAILE Y COCHINO…

Por Horacio Cárdenas.-

México es un país sorprendente, definitivamente por sus cualidades, que las tiene y son muchas, pero lo es más por sus defectos, que llama la atención a los propios y a los extraños todavía más, que sea tan poco lo que se hace para resolverlos, y que hasta dejan en los observadores la impresión de que así es como los mexicanos están a gusto.

En México pareciera que no existe el concepto de definitividad, salvo claro, que se esté hablando de que a algún burócrata le han otorgado su plaza laboral, luego de buscarla y esperarla mucho tiempo y que de aquí en adelante no habrá poder humano o divino que se la pueda quitar, pero para lo demás, sobre todo tratándose de cuestiones que son responsabilidad de esta o aquella oficina de gobierno, pareciera que son los problemas la razón de ser de los empleados públicos, no su solución… porque ¿qué harían si en determinado momento un problema se da por resuelto?, lo mínimo que piensan es que quedarán sin empleo o serán reubicados en otra dependencia o reasignados a otra función, donde no estarán tan cómodos ni tan a gusto como se hallan donde están, toreando los problemas y cultivándolos para que parezca que mejoran, pero que sigan igual o, para agregarles algo de dramatismo y para obtener recursos económicos adicionales para su atención.

Es cierto que existen algunos procedimientos administrativos y hasta premios y distinciones, para dar por zanjada alguna cuestión particular, pero estos son más bien una estrategia de publicidad y relaciones públicas, que una disposición final respecto de un problema extinto, y la reasignación de recursos humanos, presupuesto, espacios y bienes a otra función.

Sabemos, por ejemplo, que hay la llamada “bandera blanca”, que frente a cámaras y micrófonos enarbola la Secretaría de Salud para indicar que tal o cual entidad federativa ha quedado libre de este o aquel padecimiento, tuberculosis, sarampión; también la Secretaría de Educación tiene algo parecido para cuando supuestamente un municipio o un estado ha quedado libre de analfabetismo, metas muy loables, pero que más nos parece que son una demostración de lo bajo de las aspiraciones de los gobiernos, que una muestra de su potencial y de su empeño por transformar realmente el estado de cosas, a ver ¿cuándo podremos ver los mexicanos que en vez de bandera blanca por lo del analfabetismo, se ondea una por que el 100% de los ciudadanos cumple con la obligación constitucional de tener diez años completos de educación, desde preescolar hasta la secundaria completa?, ¿Cuándo podremos ver banderitas, banderines, confeti cuando por distintas partes del país se vean logros como haber alcanzado el promedio de la OCDE para la prueba PISA?, solo por mencionar dos de los grandes pendientes del país, hacia los cuales no hay gobierno que no haya orientado sus baterías discursivas más de una vez.

Pero eso es en cuestión de lo que hace el gobierno hacia la población, sabemos que son funciones, objetivos y metas de tan gran envergadura, que pueden pasar años, sexenios si lograrse, incluso cumplirse cien años de haberse incorporado a la Constitución, y permanecer con calidad de inalcanzados, pero hay cosas mucho más elementales que sí podrían lograrse, y sobre ellas, ir construyendo una mayor capacidad de la administración pública para ahora sí, afrontar los grandes retos. Nos estamos refiriendo a cuestiones de índole burocrática, que tienen que ver con la relación entre niveles de gobierno, entre instancias, con obligaciones que unas tienen con otras dependencias, y que salvo rarísimas excepciones, son aceptadas como normales y procedentes. Pues ni en esas se avanza.

Nos llamó la atención una nota aparecida hace pocos días, en la que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, daba a conocer un análisis propio, en el cual se detalla que de las 32 entidades federativas, ni una sola cumple con el 100% de sus obligaciones en materia de información financiera. En efecto, según su Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2019), unos menos y otros más, pero todos los gobiernos se hacen rosca, se hacen pato, se las ingenian para sacarle la vuelta al cumplimiento de lo que ordena la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la totalidad de los sujetos obligados, en una situación que es anómala, es ilegal, y que no obstante eso, no da muestra de avanzar hacia un estado de cosas satisfactorio, que no es otro que el 100% cumpla.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene que ver con la normalización de la información de los estados sobre el manejo que hacen del dinero público. Eso, nada más eso, estamos hablando de los pesos y los centavos y como se aplican dentro de la contabilidad, ahora sí que como dice el presidente López Obrador, no tiene ninguna ciencia acomodar los ingresos en unas partidas y los gastos en otras, que además les mandan desde la Secretaría de Hacienda, desde la Auditoría Superior de la Federación, desde la Función Pública u otra instancia, y ni así.

El reporte del INCO enfatiza que la continua violación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental durante los diez años que tiene el ordenamiento de vigencia, impide que la información financiera de los estados sea comparable. Allí podíamos incluso discrepar de si ese es el punto más importante de la ley, después de todo, cada gobierno estatal aplica los recursos de que dispone de manera distinta, respondiendo a las necesidades más generalizadas o las más apremiantes de su población, no puede esperarse que todos se ocupen de lo mismo en la misma proporción, y la comparación con meros fines estadísticos, pues sirve solo para eso, para generar datos, a sabiendas que cada quien los va a interpretar a su gusto.

Pero lo otro es lo que importa, que debería ocurrir y que no ocurre. Estamos hablando de que las tesorerías o las secretarías de finanzas de los gobiernos estatales olímpicamente desprecian aplicar lo que no solo las dependencias federales, sino la ley ordena, y que esto suceda un año, y el siguiente, y el siguiente y no se avance.

Desde nuestro punto de vista las cosas son muy sencillas: no está en el formato correcto, no está acomodado como se pide… no se acepta la entrega, por consecuencia no se da entrada a la nueva solicitud de recursos, por lo tanto se quedan sin el dinero correspondiente para el siguiente ejercicio. Tan simple como eso. Pero claro, allí entra el manejo de poder de unos y otros, las negociaciones, el otorgamiento de plazos, la simple no entrega, hacer caso omiso de los dictámenes negativos, y presionar en las oficinas de los secretarios para que no se tengan en cuenta las omisiones a la ley, el pan de cada día, y mientras, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como tantas otras, accesorias y verdaderamente importantes, se quedan sin su cumplimiento.