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Por: Héctor Barragán.-
A reserva de concedernos la oportunidad de demostrar a sus electores de honrar la denominación que se le otorga de ordinario, antes de comprobación alguna, en la confianza de que así lo habrán de acreditar con el sólo nombramiento y el costo que al pueblo le corresponde cubrir, vale recalcar que la voluntad presidencial que comienza, consiste en marcar el rumbo del país hacia un futuro de justicia, progreso y honradez, cual implica dotar a los ciudadanos de cultura, capacidad para ser eficientes, oportunidad de ser sanos.
Para los cuales cometidos se reconoce la necesidad de disponer de recursos económicos prácticamente ilimitados, con la autoridad necesaria para hacer que los recursos de referencia, sean manejados con honradez, enfocados al cumplimiento del mejor destino productivo en el sentido social productivo al mismo tiempo, lo que la autoridad precisa para el acatamiento de las disposiciones encaminadas a la existencia del orden público, al respeto de los derechos humanos, incluida la propiedad privada y pública, sin excepciones ni restricciones legales o administrativas.
El nuevo gobierno aspira a contar con la colaboración de todos, las diversas opiniones, tendencias, credos y esfuerzos, lo mismo que agrupaciones civiles, políticas y partidos.
De momento se considera llegado el momento que los integrantes de los partidos, beneficiarios de crecidos subsidios económicos y a lo largo de tantos años, momento en que deben considerar resolver todos los fondos asignados para financiar los programas necesarios al desarrollo social y económico del país, por muy diversas razones.
El gobierno Federal ha sido generoso en extremo al otorgar subsidios a los partidos políticos para que hagan oír su voz y pretensiones a la opinión pública y al país en general, al otorgarles autorización de organizarse en partidos políticos, prácticamente sin medida, sin licitación alguna fundamental.
Ese exceso de partidos autorizados no ha conseguido la participación suficiente en las elecciones, no sólo de un partido, sino de la de todos ellos, de tal modo que no es posible de hablar de una representación popular sufriente de ninguno de ellos. Ahora se habla de la conveniencia de llevar a efecto una segunda vuelta en las elecciones, para alcanzar la mayoría, con arco a los recursos del pueblo.
El otro ángulo de enfoque son las últimas elecciones federales para la presidencia nacional, que la bandera política triunfadora se llevé más puntos que la suma de los contendientes, es decir, no a la inversión de subsidios otorgados, de manera que se necesitó gastar en los partidos.
Por si fuera poco, toda la inversión en democracia resulta sin fundamentos, credenciales de elector son el doble de las necesarias, no deberían ser gratuitas, no deben sustentarse en eI Instituto Electoral, sumamente amplio y costoso, cuyo financiamiento debería formar parte de las acciones necesarias en salud, educación y similares.
Costará mucho convencer a los representantes de cada partido de suspender la corriente de fondos a sus partidos e instituto, por razones de gratitud a quien los nombré, pero en aras de un porvenir mejor a su país, deberán sacrificarse.
DE LA JUSTICIA
Los ricos dirigentes del poder Judicial se dieron a conocer por su egoísmo, al oponerse públicamente a acatar la sugerencia del jefe del ejecutivo, a limitar sus prestaciones y sueldos al nivel que consideró razonable, dado su situación actual y carga de trabajo supuestos.
La carga de trabajo se desprende del rendimiento que se ha publicado de ese cuerpo gubernamental, que ha resuelto solamente un 5 % máximo de los asuntos se le han sometido a trámite o a que no atienden el 95 %, es decir, prácticamente nada.
Debido a lo cual seguramente le falta un 95 % de capacidad de trabajo y resoluciones, por lo menos de rendimiento o de una combinación de ambos elementos.
Pero de ninguna manera se puede calcular el déficit presupuestal del señalado Poder con la estructura actual, porque hay que reconocer que lo esencial de la falta de producción no pende de su cúpula, constituida por privilegiados o mal denominados Fifís, sino del resto de la pirámide hacia abajo.
Y en cuanto a lo esencial de su labor es preciso destacar que «de oficio» debería detectar las violaciones a garantías constitucionales y derechos humanos en general, ante la denuncia (fundada) por particulares o ante la publicación de una disposición oficial o del Legislativo, a lo cual ordenaría de inmediato la corrección del error y satisfacción de los daños y perjuicios causados; con esto contribuiría a descargar la tarea que, sin repercusiones ni solución, lleva a efecto la omisión Nacional de Derechos Humanos y su pesada estructura burocrática a lo largo del país entero y dependencias.
La Justicia debe acompañarse de sanciones porque la impunidad propicia la delincuencia, al menos propicia reincidencia. Elementos indispensables para que marchen adecuadamente los demás importantes programas adoptados para conducir al país a su destino superior al que trata de conducirlo el presidente López Obrador y habrá que propiciarlo, al costo que sea necesario.
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