¿Adiós a la República? ¡6 gobernadores van contra el ‘Pacto Federal’!

BAILE Y COCHINO…

Por Horacio Cárdenas

Dos noticias aparecieron este fin de semana en los periódicos locales, las dos relacionadas con el tema financiero de las gestiones de las entidades federativas, y su relación con el gobierno de la República. La primera de ellas reseñaba una declaración del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, en la que daba a conocer que dadas las condiciones de la economía nacional ante la necesidad de atender la pandemia del coronavirus que se ha cernido sobre el planeta entero, y que ha hecho pasto de las por sí maltrechas finanzas del gobierno mexicano, por esta razón, la dependencia a su cargo estaba comunicando a los estados de la República que los recursos por concepto de participaciones federales que tenían autorizados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, se verán reducidas sensiblemente.

La otra nota podría parecer irrelevante, fuera de tiempo, o al contrario, como una respuesta a la información dada por el secretario Herrera, esta tiene su origen en el estado de Michoacán, que en esta ocasión fue sede de la reunión regional de gobernadores del noreste, grupo que ya debería estar pensando en cambiar de nombre, pues que se han sumado Durango y el propio Michoacán, y que ahora mereció la asistencia de los mandatarios de Colima y Jalisco, el mensaje del grupo de gobernadores fue simple, demandan, exigen la revisión del pacto fiscal, dado que el existente está agotado, y en vez de servir de apoyo a las respectivas entidades, se ha convertido en el pretexto para la no entrega, que más bien parece el saqueo de lo que les corresponde en la repartición de los recursos de la nación.

¿Qué fue primero, la nota de Arturo Herrera o el pronunciamiento de seis gobernadores?, importaría saberlo pero solo hasta cierto punto, pues podríamos pensar que simplemente cada quien o quienes tenían marcada su propia agenda, misma que para nadie era secreto, pero más bien nos da la impresión de que el mensaje no del secretario, sino del conjunto del gobierno de la República es uno de represalia contra una instancia de gobierno que no le cae particularmente bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, que si por él fuera, no habría ninguna burocracia, ninguna jerarquía, ningún nivel de la administración pública que se interpusiera entre su persona y el pueblo bueno y sabio.

No es ninguna novedad en este país que el presupuesto de egresos sufra modificaciones, recordamos el caso extremo de la administración de Ernesto Zedillo, en que todavía no era primero de enero y el presupuesto federal ya había sufrido su primer recorte, de muchos que luego siguieron durante ese año trágico.

Se suponía que ahora con la Cuarta Transformación, se habría acabado la ineficiencia, los vicios ocultos y no tan ocultos, la corrupción y la improvisación en la preparación de lo que antes se llamaba miscelánea fiscal. Pero la realidad ha sido dura con los expertos de la 4T, que han visto sus optimistas y sobre todo muy humanistas cálculos de dar la mayor parte del dinero del presupuesto a los programas sociales del presidente, convertirse en nada, la realidad de la caída del precio del petróleo por un lado, y la necesidad de atender la emergencia de la pandemia por el otro, han propiciado que haya que echar mano de donde sea para paliar esos dos eventos críticos.

Lo malo es que ese “donde sea” golpee fuertemente a instancias de gobierno que son, según la Constitución, libres, independientes y soberanas, y que solo aportan grandes cantidades de dinero a la federación comprometidos en un pacto que cada vez es menos satisfactorio para ellas, y no solo eso, sino que han estado recibiendo un trato cada vez más despótico y hasta insultante de parte de quien se dice el gobernante más democrático que jamás haya tenido este país.

Solo para redondear el punto de la relación entre los gobiernos de los estados y el de la Federación, baste recordar lo ocurrido a principios de la semana, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en contra de la que se había dado en llamar “Ley Bonilla”, mediante la cual el gobernador de Baja California, podría permanecer en el poder durante un plazo de cinco años, luego de haber sido electo solamente para un período de dos. Cuando el mandatario se pronunció por esta opción, que le convenía y beneficiaba solamente a él y su camarilla, seguramente lo hizo con la venia del poder central, concretamente del presidente López Obrador y todo su gabinete, al grado que todo el mundo recuerda la indiscreción de la Secretaria de Gobernación, y para mayor abundamiento, ministra jubilada del mismo Tribunal Olga Sánchez Cordero, dando su respaldo personal, y por extensión el del poder ejecutivo y judicial federal a la intentona de Bonilla. ¿Pero qué pasó entonces, si ya la prolongación del período de mandato ya estaba planchado, cuando que además se veía como un experimento que podría usar Andrés Manuel en caso necesario?, pues que al mandatario morenista por adopción se le ocurrió llevarle la contra al gobierno central, tronando contra uno de los consentidos del momento, el Dr. López Gatell y sus estadísticas de contagios y muertos por coronavirus. El primer círculo no solo no se lo perdonó a Bonilla, sino que lo excluyó de su baraja, y que en el  lejano Baja California pase lo que tenga que pasar, pero al Peje, nadie le lleva la contraria impunemente.

Regresando ahora a lo de las ya muchas, cada vez más seguidas y ciertamente cada vez más exitosas reuniones de los gobernadores, en las cuales ha figurado como pivote el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, quien sabe por vivirlo en carne propia lo que les duele a los mandatarios estatales, ha girado las invitaciones a quien ve con ánimo de “a mí me pasa lo mismo”, de tal manera que, y sin que se hable todavía de liderazgos  que incomoden a nadie, el grupo tiene ya una variedad partidaria e ideológica que debería encender las alarmas en quienes manejan la política interna de este país, si es que hay alguien que lo haga, más allá de estar cavilando posibles y reales represalias, como lo del recorte a las participaciones, partida que vulnera la capacidad de los gobiernos de los estados de atender las necesidades de sus respectivas poblaciones. El asunto, no hay que buscarle demasiado, tiene un objetivo político, que la gente se enemiste con su gobierno estatal, y voltee la cara al federal, del que se supone seguirán fluyendo recursos vía las consabidas becas y apoyos, lo que se traduciría, según, en sufragios para MORENA en la siguiente elección, idea bastante miope y de alcances limitados.

En este contexto vale la pena recordar una columna de Carlos Loret de Mola de mediados de la semana, en que comentaba que mientras que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador ha venido a la baja, la de los gobernadores ha ido al alza, capitalizando cada uno y como conjunto la incapacidad de la administración federal para enfrentar los problemas que se le han venido acumulando.

Hoy por hoy son seis gobernadores los que claman por una revisión del pacto fiscal, ya equivalen a una quinta parte del total, más los que no se hayan pronunciado pero en secreto tengan una opinión favorable a esto. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que en el primer círculo lopezobradorista acepten que el despotismo izquierdoso no va a lograr nada más que fracturar al país?, la bofetada obedientemente la dio Herrera por cuenta de su patrón, ya veremos lo que pasa si en algún momento el dinero deja de fluir hacia el centro, como del centro ha dejado de fluir hacia los estados… a ver con qué discursito salen entonces.