Ciudad de México, 06 agosto 2020.- Dos años después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ordenó al Congreso local de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez por el caso de las “broncofirmas”, este castigo se ve cada día más lejano.
Procede contra ‘El Bronco’ juicio político.- SCJN
La Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que, para ser sancionado, “El Bronco” puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la Presidencia en el 2016.
Sin embargo, concretar ese juicio que llevaría a una eventual destitución o inhabilitación llevará meses o años de procesos y acuerdos legislativos en el Congreso federal, y Rodríguez deja la Gubernatura en octubre del año próximo.
La historia también parece operar en contra de sancionar a “El Bronco”: el último juicio político que se realizó en México fue hace 94 años contra un gobernador de Jalisco.
Además, entre el 2003 y el 2017 el Congreso federal acumuló 356 denuncias de juicio político y ninguno avanzó.
Por tres votos contra dos -en este último caso incluida la regia Margarita Ríos-Farjat-, la Primera Sala de la Corte invalidó el procedimiento creado por el Congreso local para cumplir la orden de sancionar a “El Bronco”, dictada por el TEPJF.
La Corte determinó que la sanción debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución federal y la debe atender el Congreso federal.
“De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal”, se lee en la sentencia.
“El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados”, dice la sentencia, “y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores.
“Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”.
Los ministros determinaron que el caso es federal, porque Rodríguez incurrió en irregularidades cuando aspiraba a una candidatura federal. Se descartó que sean aplicables responsabilidades administrativas o penales.
De acuerdo con el Artículo 110 de la Constitución federal, los Gobernadores pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves, y en el caso de “El Bronco”, así fue determinado en la sentencia inapelable del TEPJF.
El juicio político inicia en la Cámara de Diputados como “instructora del proceso”, mientras que el Senado es el jurado que determina la existencia de la responsabilidad política, y para aprobarse se requiere dos terceras partes de los votos.
Sin embargo, tratándose de Gobernadores, el Senado sólo hace una declaración que se notifica al Congreso estatal, para que éste determine la sanción, que sólo puede ser destitución o inhabilitación.
Los ministros Alfredo Gutiérrez y Jorge Pardo votaron a favor de la nueva versión del proyecto de su colega Juan Luis González Alcántara, mientras que las ministras Ríos-Farjat y Norma Piña mantuvieron su postura de que la controversia del Gobernador era improcedente.
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