Se hunde en la incompetencia la Fiscalía Anticorrupción

BAILE Y COCHINO…

Por Horacio Cárdenas.-

Para hablar del Sistema Estatal Anticorrupción habría que remontarse al año 2016, en el que siendo presidente de la república más corrupta del planeta, tuvo a bien emitir la ley para la creación de eso, del Sistema Nacional Anticorrupción, del que como suele ocurrir en esta nación federalista de membrete, se derivaron los correspondientes sistemas estatales.

Acababa de aplacarse, hasta donde eso fue posible en apariencia, porque luego el pueblo se lo cobró en las urnas, el escandalo aquel que los siempre poéticos periodistas bautizaron como la Casa Blanca. Todavía se recuerda que meses antes a que reventara ese tremendo cohetón, el mismísimo presidente había declarado, ingenua pero visionariamente, que en México la corrupción era imposible de combatir, toda vez que formaba parte de la cultura del pueblo mexicano, a tal grado llegaba su convicción de que esto era cierto, que a la hora de integrar el presupuesto de egresos de la federación para aquel año, el poder ejecutivo no había dispuesto recursos económicos para la Secretaría de la Función Pública, dependencia que parecía que quería desaparecer por inútil, y atentatoria contra la idiosincrasia del mexicano corrupto.

Todo fue que el equipo de Carmen Aristegui diera a conocer el cochinero de la compra de la residencia en Las Lomas a una empresa de las favoritas de Peña Nieto para el otorgamiento de contratos de obra, desde que era gobernador del Estado de México, para que se rehabilitara la Función Pública, y que aún sin dinero se las ingeniara para realizar una investigación a profundidad, de la que se encontró que no, no había nada de corrupto en el asunto, la casita en cuestión no era del presidente sino de su plumífera esposa, la celebérrima Gaviota, que la había comprado con el dinero que le daba su brillante trabajo actoral… luego como ya dijimos, el pueblo bueno y sabio se lo cobró en la elección de 2018, encumbrando a un candidato que había hecho del acabar con la corrupción, su principal bandera, pero antes hubo que decidir crear un algo que, a costo multimillonario, hiciera creer a la población que su gobierno algo hacía para erradicar la peste que le aqueja de siempre.

Como decíamos, del sistema nacional anticorrupción se derivaron los sistemas anticorrupción de los estados, integrando entre el federal y los estatales un entramado burocrático que no tiene ni pies ni cabeza, y que sin embargo cumple a cabalidad su objetivo… no el declarado de combatir la corrupción de manera eficiente, pronta y expedita como para que se procese a los criminales antes que prescriban los delitos, sino el otro, de entorpecer las intenciones, las investigaciones y cualquier procedimiento tendiente a llevar a los perpetradores de aquellos ante la justicia.

El sistema estatal anticorrupción nació en Coahuila en el peor de los escenarios posibles, en la administración de Rubén Moreira Valdés como gobernador del estado, quien como es de suponer, no iba a escupir para arriba, no iba a  hacer absolutamente nada que pudiera arrojar la más mínima sombra de duda, nada que aportara el más intrascendente elemento de prueba de que durante su gestión, se habían cometido actos de corrupción de proporciones espectaculares, comenzando por la preferencia de siempre de contratar empresas fantasma para proveer a la administración pública, hasta el desvalijamiento de los presupuestos de las distintas dependencias, el desvío de fondos federales disfrazado de obras realizadas, y demás, sabidos y por saberse.

Realmente no hay, no habría ninguna necesidad de una vacilada como los sistemas nacional y estatal anticorrupción, con que las dependencias de gobierno, los servidores públicos hicieran cada quien su trabajo, apegándose a los lineamientos, reglas de operación, procedimientos y metodologías, nada tendría que estar fuera de lugar. Pero si a eso agregamos que existen de toda la vida instancias dedicadas ni más ni menos que a comprobar que los recursos financieros se aplican como se autorizó que se aplicaran, instancias además en dos poderes, unas dependientes del propio poder ejecutivo que ejerce los recursos, y otra del legislativo, a donde llega todo en materia de comprobaciones, para que n exista sospecha de que hasta el último centavo entregado se aplicó como se debía. Ah pero como las contralorías son fáciles de engatusar, o aunque encuentren omisiones, nadie les hace caso, como a la auditoría superior tampoco hay quien la fume, pues se supone que ante esas realidades, se creó ya no una fiscalía, no una glosa, no una contaduría, sino un Sistema, al que al menos en el imaginario del pueblo que se chupa el dedo, no se le escaparía nada. 

Y nada, pero nada es lo que encuentra el Sistema Estatal Anticorrupción, que según análisis de un periódico local, lleva un record de verdadera miseria. Desde el año 2014 la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, parte medular del sistema, ha abierto 150 investigaciones, carpetas les llaman sus leguleyos, relacionadas con delitos ocurridos en municipios, y en total serían unas 347 carpetas entre todos los sujetos obligados. Pues bien, de las que se abren, en uno y otro conteo, la Fiscalía ha logrado judicializar… llevar a los juzgados para ser procesados, 12 en el primero y 33 en el segundo, menos del 10% de las que se inician. Ahora que si nos vamos a las resoluciones, el mismo análisis cifra en menos de 1% la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción, y aquí como reza la sabiduría de las cantinas: no sabe uno si reír, si llorar, o si “gomitarse”.

Pero entre que nos ahogamos en risa, llanto o vómito, la explicación que da el fiscal anticorrupción, el incorruptible Jesús Homero Flores Mier es una verdadera joya, pues es que nomás tenemos 6 (seis) agentes del ministerio público para hacerse cargo de las investigaciones… ¿ah sí, pues como cuantos necesitaría para ser efectivos, veinte, cien? ¿Le gustaría que cada MP tuviera a su cargo una sola investigación, o con dos, o con diez?

Ahora que, estamos hablando no de un año, este o el pasado, sino desde el 2014, que si lo dividimos aritméticamente nos da de a 25 denuncias, procedimientos o investigaciones por año, y de a 26 entre 6, nos da de a cuatro por agente del ministerio público, de a una investigación cada tres meses. Ahora ¿qué hace un MP en tres meses que no termine en la “judicialización” de una investigación, y tanto que se le juntan de a diez o veinte?, Flores no da explicación de eso, y no la da porque de plano es una desfachatez su incompetencia como fiscal y la de la dependencia a su indigno cargo, llevándonos a todos los que allí trabajan de encuentro. 

O bueno, regresando al origen, la fiscalía, el sistema entero se crearon para tapar o cuando menos para entorpecer el cumplimiento de la ley, en cuanto a eso, se merece cada uno de sus integrantes su estrellita ensalivada en medio de la frente, además de sus salarios, que ninguno devenga ni justifica.