BAILE Y COCHINO
Por: Horacio Cárdenas.-
Ya de plano no sabemos qué es lo peor de lo que está pasando en el otrora pueblo mágico de Parras de la Fuente. Al desgarriate político y administrativo que se traía desde el principio de su administración el presidente municipal Ramiro Pérez Arciniega, ahora hay que sumar el todavía más grave asunto del pésimo manejo de la cuestión de seguridad pública, y muy en particular… la sospecha de que en abierta violación a los derechos constitucionales y a los derechos humanos, esté incurriendo el cuerpo policiaco en violación a las garantías individuales que asisten a cualquiera y todo ciudadano, por el solo hecho de serlo.
La gente, los parrenses, medio incómodos, medio a disgusto, pero podían tolerar la deficiente prestación de los servicios públicos más elementales. Total, que si el servicio de recolección de basura era malo, si la limpia de las calles no era nada para presumir, si el bacheo dejaba demasiado que desear, si el alumbrado tenía a la cabecera municipal y a los ejidos convertidos en una boca de lobo, pues a todo se va uno acostumbrando, hasta al continuado deterioro de las tareas obligadas del municipio, se puede uno hacer a la idea, siempre y cuando lo dejen tranquilo, pero no es el caso, pues Parras de la Fuente se ha convertido bajo la dizque gestión del morenista Pérez Arciniega en un sitio donde a la gente le da miedo andar en las calles después de cierta hora, y no precisamente por las actividades criminales de delincuentes conocidos y otros por conocer, sino por el régimen de terror que ha impuesto la policía municipal.
El fin de semana la población del antes bucólico municipio se cimbró ante el testimonio circulado ampliamente en redes sociales del reportaje de Televisión de Parras de que personal de seguridad pública del ayuntamiento venía realizando detenciones sistemáticas de los ciudadanos, violando su derecho constitucional de tránsito, por instrucciones y con la anuencia del mismísimo alcalde, y no solo eso, sino incurrido en prácticas de privación ilegal de la libertad y tortura de las personas detenidas, en franca violación al derecho al debido proceso que asiste a todo individuo, a sus derechos humanos, por no hablar de la política del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, que ha hecho un esfuerzo denodado por erradicar del estado de Coahuila todo vestigio de tortura y procedimientos contra la ley que fueron el pan de cada día de administraciones anteriores.
En torno a este asunto hay una falla de origen. La policía de Parras de la Fuente, en tanto dependiente del Ayuntamiento, o sea del poder ejecutivo en su nivel más cercano a la población, puede cumplir únicamente funciones de vigilancia para la prevención del delito, incluso puede participar en acciones para detener a personas que estén cometiendo un delito en flagrancia, lo que no puede realizar bajo ningún concepto, es privar de la libertad a personas de las que se sospeche hayan cometido algún ilícito, como tampoco interrogarlos ni mucho menos torturarlos física, emocional o sicológicamente. La obligación de la policía municipal desde su flamante comandante Cynthia Villa hasta el último de los elementos bajo su mando es, una vez detenida una persona sospechosa, presentarla ante el agente del ministerio público, o un juez calificador. En el entendido de que en el primer caso es una autoridad de orden estatal, y en el segundo, una de nivel municipal, y siempre y cuando se trate de faltas administrativas, dentro de su ámbito de competencia.
¿Pero qué pasa cuando se dan a conocer fotografías del mismo despacho de la titular de seguridad pública municipal, donde se muestran flagrantes actos de tortura contra ciudadanos?, lo que haría la autoridad verdaderamente responsable, es suspender a los presuntos implicados, ordenar su inmediata consignación y ordenar las investigaciones conducentes a esclarecer el caso. ¿Qué es lo que hace Ramiro Pérez?, darle el enésimo espaldarazo a su empleada de confianza Cynthia Villa, buscando por todos los medios desacreditar los testimonios gráficos, las declaraciones de personas que con justísima razón omiten sus nombres, no vayan a ir a rematarlos los bárbaros sicarios del dúo Villa Pérez.
El colmo de la burla fue el llamado a una rueda de prensa por parte de los citados funcionarios municipales, en la que el argumento llorón de la temible jefa policiaca fue que ella estuvo ausente en los días en que se dio el hecho de tortura porque se hallaba convaleciente de una operación de donación de riñón. Comenzando por allí, eso de admitir que estuvo ausente cuando se cometió el delito, es aceptar con todas sus letras que el tal crimen se cometió, y ya si queremos hilar fino, está el hecho de determinar si una persona en sus condiciones delicadas de salud, puede ejercer funciones de seguridad en un municipio que gracias a su inacción, ha dejado de ser tan pacífico como alguna vez fue, una persona con un riñón requiere ciertos cuidados, que andar correteando delincuentes, no los que debe, no están contemplados. Ah, y si lo que quería era presumir que alguien que dona un riñón es incapaz de sancionar actos de tortura… lo mismo va para quienes tienen una virgencita de Guadalupe en el escritorio, y pese a ello son un azote de la gente que en algún mal momento, juraron proteger y servir.
Ahora que, entre gente dura y desfachatada como han demostrado que son, también hay o debería haber valor, el mínimo para afrontar lo hecho, en vez de buscar el descrédito de la gente de la prensa, cuya principal misión es informar sobre hechos, y en menor medida, el contribuir a que los servidores públicos no perjudiquen a los ciudadanos, si no por otra cosa, porque ellos también habitan en Parras, y lo que menos quieren es que les pase lo que les ha acontecido a otros a los que no les queda otra que la denuncia desde el temeroso anonimato.
De plano, eso de decir que las fotografías son falsas, que son trucadas, que fueron “fotoshopeadas”, a ver si a la hora que se integran a un expediente penal o a uno en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sean objeto de peritaje logran probar que son eso, manipuladas para inculpar a inocentes servidores públicos capaces de las torturas más abyectas y humillantes.
Sobre todo esto no nos queda más que repetir lo que hemos dicho hasta el cansancio ¿Cuándo el Congreso del Estado, la fiscalía anticorrupción, presumiblemente hasta la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos actuarán contra Pérez Arciniega y su pandilla?, ¿a qué esperar que se sigan acumulando las pruebas, a que llegue la sangre a la acequia? Parras no merece seguir siendo un pueblo sin ley.
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