- Ante negacionismo de AMLO, el alcalde de Parras reprime a periodistas.-
«El periodismo no es un delito. Los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas puedan informar libremente sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan su labor legítima. Las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Ya es hora de que los Estados se tomen sus deberes en serio.”
Susana Flood, Amnistía Internacional
PALCO DE DERECHOS
Por: Conde de Fuelsaldaña.-
Varias veces ha afirmado el presidente López Obrador que bajo su gobierno ya no existen las violaciones a derechos humanos. Se ha pronunciado incluso por no ser necesario ya las observaciones, recomendaciones o denuncias de organizaciones de defensa de derechos humanos. Ante las denuncias de violaciones el presidente tiene otros datos: “No se van a violar derechos humanos, el Estado mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción en mi carácter de comandante de las Fuerzas Armadas”, afirmó apenas el pasado 21 de diciembre en su conferencia acostumbrada.
El negacionismo del presidente es un grave obstáculo para que el Estado cumpla con su obligación constitucional y convencional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La organización Human Rights Watch, en su Reporte Mundial 2021, ha denunciado que en México: “Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018.”
El presidente municipal de Parras, Coahuila, emergido de las filas de MORENA, se dice estar enojado con periodistas y medios de comunicación que tuvieron la osadía de denunciar violaciones graves a los derechos humanos cometidas en su jurisdicción. «No se vale» dice Ramiro Pérez Arciniega mientras se trata de acomodar el cubre bocas, como el que pretende imponer a quienes cumplen con la labor informativa. Un cubrebocas para amordazar a la prensa… ¡¡faltaba más!!
Ramiro Pérez Arciniega, personaje muy cercano al súperdelegado de López Obrador en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha emprendido una andanada de ataque contra periodistas por haber informado sobre la tortura que sucedió en las oficinas de la funcionaria que preside la Policía Municipal. Lejos de investigar a la gravísima violación a derechos humanos denunciada, la encubre, avala y arremete contra la prensa y los periodistas.
El diario digital El Demócrata denunció en una nota titulada “Tortura comandante de Parras a ejidatarios ¡en su propia oficina!” la aberrante práctica de obtener declaraciones de detenidos por la policía municipal para obtener declaraciones. El diario ha exhibido fotografías que demuestran que los detenidos fueron sometidos bajo tortura en las oficinas de la comandante de la policía, Cintya Elizabeth Villa Espiricueta, protegida por el alcalde morenista.
El alcalde citó a una rueda de prensa en la que amenazó a los periodistas que han sido críticos a su administración aún cuando no sean los autores de la nota, no importa. En especial arremete contra el equipo de TV Parras, medio dirigido por Luis Enrique Morales. Ha interpuesto, dice, acciones legales por la vía penal en contra de los periodistas y ha solicitado el aseguramiento del material periodístico de TV Parras y la suspensión de sus emisiones.
Negó “enérgicamente” el funcionario que sea cierta la tortura denunciada y acusa de haber sido alteradas las fotografías, además, reconoce en la rueda de prensa que él es informado de todas y cada una de las detenciones efectuadas por la policía municipal y se ufana del modus operandi de cientos de “revisiones corporales” que se hacen en su administración a los ciudadanos, quienes son detenidos y acusados de delitos, incluso, contra la salud. Torciendo la verdad, afirma que su administración es respetuosa de los derechos y que no ha recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero pasa por alto, u oculta con ello, que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza le dirigió la Recomendación número 9/2020 por violaciones a derechos humanos. Recomendación que en el informe de dicha comisión estatal aparece como que no ha sido aceptada, ni siquiera se ha recibido respuesta por parte del alcalde de Parras.
Tortura, detenciones arbitrarias, revisiones corporales intrusivas, ataques a periodistas inhibiendo la libre expresión y el derecho a la información, son violaciones a derechos humanos inadmisibles que deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas.
El ejercicio libre del periodismo es FUNDAMENTAL para combatir dichas violaciones a derechos, por lo que cuando es atacado un medio de comunicación y a los periodistas, desde el ejercicio del cargo público, no sólo se comete una ilegal restricción de la libertad de expresión, provoca un daño a la sociedad vulnerando otros
derechos humanos y daña a la democracia. El cumplimiento del derecho a la información es un mecanismo para inhibir conductas terribles como la tortura que ha sido denunciada por El Demócrata en el estado de Coahuila.
Pero no es casual que el funcionario municipal arremeta contra la prensa al saberse criticado, desde una rueda de prensa, desde el ejercicio del poder. No sorprende el negacionismo del alcalde de Parras al negar la realidad de las graves violaciones a derechos humanos, como la tortura. Sólo sigue el ejemplo del líder de su partido y presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador.
El presidente López cuando es señalado porque una de sus magnas obras va a beneficiar la plusvalía de la finca de su propiedad en Palenque, Chiapas, prefiere arremeter contra el periodista Carlos Loret de Mola. El presidente López insiste en negar que existan violaciones a derechos humanos pues en su gestión “eso se acabó”. Se equivoca presidente. Cómo afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional: “los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México.”
En el Informe Cuando las Palabras No Bastan, Amnistía Internacional señala: “El uso de la tortura y otros malos tratos continúa siendo una alarmante realidad en México a pesar de las optimistas declaraciones de las autoridades federales… En este contexto, preocupa a Amnistía Internacional que el presidente López Obrador haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas. En varias ocasiones el presidente ha cuestionado la legitimidad de la labor de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, al señalar que era un obstáculo para su propuesta de una guardia nacional militarizada.
Igualmente, el presidente ha denostado la labor de las agencias de noticias y los periodistas que han criticado a su gobierno.” Los periodistas que han sido agredidos por el alcalde de Parras interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La visitadora adjunta Carla Adame, informó al agraviado que la queja quedó registrada con número de folio 4346/2021, que se solicitaría la activación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, pero que la competencia para conocer de los hechos es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Resulta preocupante que la queja vaya a ser remitida a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
No sólo por el antecedente de que el mencionado alcalde de Parras no acata, ni acepta, las recomendaciones que le dirige, es conocida la poca eficiencia que tienen los organismos locales protectores de derechos humanos. En su reporte sobre México 2020, la organización Bertelsmann Stiftung indica: “En el nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido capaz de lograr defender algunos casos en los que la evidencia es contundente. La comisiones estatales de derechos humanos son completamente controladas por los funcionarios locales, y cuando llegan a ser independientes -como el caso de la Ciudad de México- sus recomendaciones generalmente no son acatadas.”
Rosario Piedra, quien fue designada titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un proceso impugnado por ilegal en el Senado, señalada por no guardar independencia del presidente López Obrador, a quien ella se refiere como su “líder moral”, debe actuar de inmediato, ejercer la facultad de atracción que le confiere el artículo 60 de Ley de la Comisión que preside, por tratarse de violaciones especialmente graves a derechos humanos, que por su naturaleza trascienden el interés de la entidad federativa e inciden en la opinión pública nacional. La ombudswoman debe investigar tanto la tortura denunciada, las detenciones arbitrarias y revisiones corporales invasivas, como las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Señora Rosario Piedra: desde aquí, desde este Palco de Derechos, le hago un llamado para que ejerza el cargo que detenta, atraiga la queja, y mandé la clara señal de que la Comisión Nacional que preside es capaz aún de defender derechos humanos y la dignidad de las personas. El Estado mexicano lo requiere, la ciudadanía lo demandamos.
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