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Por Héctor Barragán.-
ELECCIONES LIBRES.
Las mayores elecciones de la historia mexicana se llevaron a efecto este año de 2021 con los preparativos mejores a la fecha, es decir, con la garantía de que se respetaron las leyes en la materia para garantizar la limpieza, la honradez en el manejo de la justa. Las infracciones acontecidas serán castigadas severamente, de acuerdo con las leyes aprobadas para el caso, con la esperanza de que los trámites y sanciones se lleven a efecto con toda rapidez, o sea, como debe ser el castigo a los delitos de cualquier otro tipo, los que por cierto pueden llevarse muchos años.
Los resultados llevarán a los elegidos a los cargos que haya aprobado la ciudadanía electora, así que la comunidad general será la responsable de los actos que esos privilegiados ejecuten.
Por supuesto que no hay garantía de que esos elegidos sean lo que los electores supusieron o que el nombramiento no les haya caído «de peso», porque se asegura, vox populi, que el poder corrompe, igual o más que el dinero o poco más o menos.
Y en el fondo, existe la duda de que esos recién elegidos vayan a responder a los intereses del pueblo, en vez de atender a sus particulares intereses, o los del grupo o partido que los seleccionó y designó para que fueran elegidos.
Es sencillo recordar que la pesada y poco inteligente campaña electoral se empeñó, en el caso de los legisladores a elegir, – no deberían pertenecer al partido del presidente, ignorando deliberadamente que en otros países el primer mandatario pertenece justamente al partido mayoritario, de manera que las cámaras responden a la política que llevó al Presidente o en su caso el Primer Ministro, al plano superior del gobierno.
A realizar los proyectos del primer mandatario, Presidente o Primer Ministro, es a lo que contribuyen los representantes populares, Diputados, Senadores y posiblemente Gobernadores y autoridades Municipales. Puesto que en el caso contrario, las fuerzas políticas del país no se suman, sino que actuarán en diferentes sentidos y se contrarrestan o dejarán de participar en la creación de una sola política para todo el país.
Aunque a toro pasado, es de comentar que las alianzas o sea la suma de grupos y partidos para ganar el poder, para quitárselo al más fuerte, no funcionarán a la hora de que entren en funciones, caso de que obtuvieran triunfos en gobiernos locales o municipales, por los egoísmos propios que ya dividen a los militantes dentro de sus partidos y agrupaciones, pero en el fondo por la diferencias que hay en los principios y estatutos de cada partido, que son irreconciliables y en la mayoría de casos no tienen como objetivo central el bien del pueblo, que es el componente más importante de una nación.
Los oponentes seguirán procurando la protección de los intereses de la alta burguesía, de la élite, que es la poseedora de los bienes, tierras, capitales y beneficiaria de los ingresos elevados, que los hay, y de sus cofrades, quienes dependen directamente de aquellos y luchan por situaciones de ventaja. Por lo cual, la más mínima intención de beneficio a las mayorías (aunque constituya fortalecimiento del mercado y mejoramiento en la salud, la cultura) provoque un menoscabo en el patrimonio o las rentas de aquellos.
– LA JUDICIALIZACIÓN.
Este procedimientos hasta la fecha ha sido un instrumento para demorar y considerablemente la solución de algún conflicto a diferencia de intereses, que requiere sumas considerables de tiempo y numerario (dinero) de las partes en conflicto y de beneficio sumamente jugoso para los intermediarios (abogados y litigantes)
Y de transmitirse al ámbito electoral los vicios de lo ocurrido en el país, significará más problemas que soluciones y la consolidación de un grupo que a la fecha se ha vuelto fuerte, sumamente oneroso y con tanto o más porque varias de las principales dependencias gubernamentales del país. .
Y no se trata de advertencia o suposición, se ha percibido en varias ocasiones la rebeldía o supremacía de la fuerza del INE y sus complementos, por encima del jefe del Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial, con supuestos fundamentos constitucionales que lo colocan en tal situación.
QUEDARAN A DEBER.
Sobre este asunto, muchos comentaron, pero nada ofrecieron, quizá porque no tienen idea de cómo resolver el grave problema de la inseguridad personal, del escaso patrimonio en riesgo, propiedades o ingresos de la gente de trabajo. Y la verdad que el problema se mira gigantesco.
Pero a los asaltos, robos, extorsiones, hay que sumar las agresiones aparentemente sin sentido, a mujeres y niños, por gente cobarde, sin cultura y llena de complejos, que forma parte de esa la gran sociedad mexicana, que sin pensarlo un momento, detiene la marcha de un pueblo con carencias, rezagos, angustias, hambre, ansias de avanzar y derechos a vivir y trabajar.
Pero los comentaristas sienten su deber de criticar, de señalar los yerros, remarcar las faltas, publicar los vicios, pero omiten los aciertos, los esfuerzos y los buenos deseos, así como la necesidad de concurso de todos para mejorar.
La población debe recuperar la confianza en la policía, en sus autoridades, comenzando por señalar específicamente a los infractores oficiales, a los indolentes, los rateros, para que quienes los mandan los sancionen, los retiren o al menos los amonesten mandan a capacitar o aumentar su preparación profesional (en el ramo y la especialidad que ese) de manera que sirvan eficientemente. El pueblo debe aportar la confianza y colaborar en los esfuerzos de su autoridad para perfeccionarla, para que conozcan a su pueblo y el mismo los tenga por debidamente conocidos e identificados.
Quiere decir que la seguridad es responsabilidad de todos, aunque primeramente de quienes son asalariados de su comunidad, pero resultará en gran medida inútiles, cuando no cuenten con la confianza de quienes han de servir.
Y habrán de ser esos servidores, el conducto debido para canalizar las necesidades que tienen para cumplir cabalmente con el delicado y complejo cometido de brindar la vigilancia necesaria en su pequeño ámbito de influencia, municipio o Estado.
Algunas familias no han tenido la capacidad de impedir que alguno de sus miembros se incline al mal, desde el pandillerismo al vandalismo, al hurto, la violencia, el asesinato, el fraude, la mentira, el engaño, el comercio de sustancias prohibidas.
Y al propio tiempo la fracción de la sociedad encargada de controlar los actos antisociales, no dispone de loa medios materiales, técnicos, económicos, legales, para hacer respetar las normas o compensar los daños que provocan los elementos de conducta dañina,
Pero el problema es grande aunque no insoluble, si bien requiere de la participación activa de sus mejores elementos para subsanar el mal. Desde la educación a los padres que no cuentan con la capacidad y conocimientos suficientes para regresar al orden a sus unidades familiares, a los educadores y profesionales de la policía y la justicia.
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