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Tribunales ‘batean’ demandas de exfuncionarios de la UAdeC; exigían pensiones de 140 mil pesos

Saltillo, Coah., 09 septiembre 2021.- La excontralora de la Máxima Casa de Estudios, Luisa Olga Pérez Aguirre, perdió el laudo laboral que interpuso en contra de la Universidad Autónoma de Coahuila, a la que pretendía arrebatarle la módica cantidad de 4 millones de pesos al sentirse afectada después de que se le negara una “humilde” pensión de 140 mil pesos mensuales. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que la demandante no sufrió ninguna disminución a su salario, ya que para cuándo se realizó su jubilación, ella ya no fungía como Contralora de la institución. Por ello, no hubo una disminución, sino que se ajustaron las compensaciones al separarse del puesto.

Esto viene en relación a una serie de demandas que se presentaron en abril del 2018, después de que influyentes ex funcionarios universitarios se intentaran adjudicar altas pensiones, sin cumplir con los requisitos para ello, y, al no recibir el monto que esperaban, pretendieron incrementar esos “beneficios” mediante demandas presentadas contra la Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado (Dipetre).

Al igual que Olga Pérez Aguirre, otros ex funcionarios de alto rango demandaron a la DIPETRE, buscando que se les asignaran pensiones estratosféricas. Estos personajes fungieron en años pasados como Secretarios de Planeación, de Asuntos Académicos y de la Coordinación de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entre los exfuncionarios universitarios que ahora reclaman una jugosa pensión se puede contar a Flavia Jamieson, Edgar Braham Priego y Juan Manuel Farías Maldonado, además de algunos ex rectores cuyos nombres no fueron dados a conocer.

Los demandantes ahora quieren incrementar su pensión de 60 mil pesos a 140 mil pesos porque consideran que eso es lo que merecen luego de “largos años de trabajo”, que no comprobaron por lo que se desconoce la forma en que fueron pensionados por la Dipetre. Estos “exservidores” de la Universidad se encuentran dentro de una lista de 180 personas que, sin merecerlo, están sangrando a la Dirección de Pensiones e inclusive ya fueron señalados por la Auditoría Superior del Estado por las irregularidades que presentan.

Ahora, con esta decisión del Tribunal que falla en favor de la Máxima Casa de Estudios, se espera que en próximos juicios se tome esta resolución como un claro antecedente y se determinen la mayoría de estas demandas, al igual que la de Pérez Aguirre, como improcedentes.

Demandantes, rescoldos de una antigua mafia de la UAdeC

José Moreno, el mismo abogado que defendió a la ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) que intentó autoextender su mandato en años pasados, es ahora quien litiga en favor de los abusivos ex funcionarios. 

Como antecedentes, cabe recordar que, buscando la perpetuidad de su puesto, y proclamándose como dirigente perpetua del Sindicato Universitario aún después del término de sus funciones, Lucy López buscó aplicarse su propia ley para alargar por aún más tiempo su gestión, al estilo Bonilla, de manera retroactiva, anhelando secuestrar el mayor tiempo la voz de los trabajadores de la Máxima Casa de Estudios.

La ex funcionaria fue electa en 2015 y terminó su periodo en Mayo de 2018. Luego por acuerdo de asamblea de delegados modificó los estatutos y se los aplicó retroactivamente y alargó un año su gestión. 

El término de la dictadura de Lucy se dio cuando la Junta de Conciliación de la UAdeC, el 07 de Agosto de 2019, le negó la toma de nota como dirigente sindical, ordenando a la rectoría de la Universidad suspender el trasvase de recursos al sindicato hasta que las autoridades laborales determinarán y validarán una nueva dirigencia. El 25 de Septiembre del 2019, debido a estar en el rango de la ilegalidad, el juez de distrito federal Arturo Ramírez negó al ex Comité Sindical la suspensión definitiva, lo que dio firmeza a la decisión de la Junta de Conciliación de la Universidad Autónoma de Coahuila de llamar a nuevas elecciones para elegir, de manera democrática, una nueva dirigencia sindical.

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