- ‘Linchan’ columnistas de diversos medios a López Obrador por corrupción y opulencias de su hijo José Ramón; baja 7 puntos en encuestas de aprobación.-
- Exhiben más datos que confirman nexos de corrupción entre el gobierno federal, la empresa Baker y la familia del presidente.-
Por: La Redacción.-
Ciudad de México, 05 febrero 2022.- En sólo una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó 7 puntos en las encuestas de aprobación, después de que el periodista Carlos Loret de Mola destapó el grave caso de corrupción en el que la empresa estadounidense Baker, que posee contratos millonarios con Pemex, “rentó” una mansión de más de 20 millones de pesos para el hijo del presidente de México, José Ramón López.
Seguido del escándalo, decenas de columnistas en medios nacionales, estatales y locales arremetieron contra la imagen del presidente, quien, enfurecido, lanzó insultos en varias ‘mañaneras’ contra Loret de Mola y ‘Brozo’, ambos conductores de Latinus, medio que realizó el reportaje junto a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Hoy, la columnista Peniley Ramírez, del periódico Reforma, bajo el título de «Los otros millones de Baker» publicó una serie de datos duros que confirmarían un grave caso de corrupción y flujo de dinero público entre el gobierno federal, la empresa americana y la familia de López Obrador.
Baker Hughes obtuvo más de 100 millones de dólares de ampliaciones de un contrato con Pemex. La primera ampliación entró en vigor en septiembre de 2019, cuando Carolyn Adams y su esposo, José Ramón López Beltrán, se mudaron a una residencia de un alto ejecutivo de la compañía en las afueras de Houston. La última ampliación entró en vigor en enero de 2020, cuando el ejecutivo, Keith L. Schilling, dejó Baker. Ambas se hicieron sin licitación y sin la aprobación del Consejo de Administración de Pemex.
Estas ampliaciones, que están en registros públicos, son distintas al contrato por 85 millones de dólares que Pemex firmó con la empresa de servicios petroleros Baker en agosto de 2019, revelado por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El 24 de junio de 2019, en una sesión extraordinaria, el Consejo de Administración de Pemex cambió la estructura operativa de la petrolera. Creó una nueva dirección, encargada de administrar los contratos de perforación de pozos marinos.
La oficina comenzó a operar el 1 de julio. Una semana después, su director solicitó modificar un contrato de Pemex y Baker. El contrato se había firmado en marzo de 2018, para perforación en la zona de Campeche. La modificación no era poca cosa. Significaba pagar 49 millones de dólares extras, un 75% más del precio original contratado.
Una modificación que casi duplica el contrato original debe estar bien justificada. Varios expertos me dijeron que eso ocurre si la suspensión de los servicios resulta peligrosa o Pemex tiene necesidades urgentes que solo esa empresa está en capacidad técnica para resolver. Este no era el caso, ya que varias empresas usan tecnología similar para la perforación.
Revisé decenas de convenios similares, firmados en el mismo periodo. Tienen conceptos de cobro, tablas, detalles que explican cómo se gastará el dinero. En este hay un solo párrafo que justifica los 49 millones para «acelerar la incorporación de reservas», es decir, hallar más petróleo, lo que todo el tiempo hace Pemex. La modificación se aprobó en menos de un mes.
En septiembre, como revelaron Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el hijo y la nuera del Presidente se mudaron a la casa del ejecutivo de Baker. López Obrador ha dicho que su hijo no interviene en el Gobierno.
La compañía ha dicho que el ejecutivo no estaba involucrado en operaciones en México, aunque sí estaba empleado por Baker. Los mercados y gobiernos consideran que una buena práctica internacional para combatir la corrupción y el lavado de dinero es evitar cualquier conflicto de interés con personas políticamente expuestas.
En diciembre de 2019, Pemex aprobó otro aumento al mismo contrato de Baker, ahora por 60 millones de dólares más. Como justificación, repitió el párrafo de agosto. De nuevo, la oficina creada en julio lo tramitó en cuestión de días, sin pasar por el Consejo de Administración. El contrato ahora representa un 167% más de lo que costó cuando lo adjudicaron en 2018, unos 176 millones de dólares en total.
En 2021, la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de una revisión a la modificación del contrato de Baker. Los auditores no cuestionaron por qué se había hecho la ampliación, qué servicios cubría, ni cómo se había decidido. Pedí a dos especialistas que analizaran el documento. Ambos consideraron extraño que la Auditoría no hiciera casi ningún señalamiento, ni indagara más. Unicamente sancionó a Baker con 95 mil dólares, por haber entregado unos trabajos con 12 días de retraso.
Entre los pocos detalles que analizó, la Auditoría apuntó que la modificación del contrato no había sido firmada por el entonces director de Pemex Exploración y Producción, la filial de Pemex que contrataba a Baker. Lo firmó un suplente.
El suplente, según el acta del Consejo de Administración de Pemex, era Ulises Hernández. En septiembre de 2019, Hernández fue nombrado director de PMI, la filial internacional de Pemex, en Houston. Ahora dirige el consejo de administración de Deer Park, la nueva refinería que Pemex compró en Texas.
Peniley Ramírez, en su columna de hoy en el periódico Reforma.
Además, en su columna de hoy en El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio expone, bajo el título «Tarjeta Amarilla para López Obrador«, la veloz caída del presidente en las encuestas de opinión tras el escándalo del ‘junior de la 4T’.
La batería de encuestas mensuales de la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador arrancó este miércoles con el estudio de EL FINANCIERO, que suele ser el primero en difundir sus resultados, con un dato sorprendente: el apoyo a su gestión cayó de 67 a 60 por ciento, un descalabro de siete puntos en un solo mes que, si se midiera en términos electorales, equivaldría a que unos 3 millones y medio de votos se le esfumaron.
La encuesta telefónica fue realizada entre el 28 y el 30 de enero, por lo que no alcanzó a permear la percepción sobre dos asuntos que pudieran haber impactado aún más la desaprobación: la revelación de la propiedad donde vivía su hijo José Ramón, en Houston, y la contracción de la economía.
Corrupción y recesión, dos imágenes que no necesariamente representan de forma objetiva estas dos variables que impactan en la opinión pública, pero que sí la alteran, al modular sus percepciones. La revelación sobre la residencia de su primogénito en Houston fue atajada inmediatamente por López Obrador, su equipo y sus ejércitos digitales, mediante la descalificación del mensajero. La mayoría de los medios no entró al tema en los primeros días, concentrándose la conversación en las redes, donde se escenificó una guerra digital.
En su columna en El Universal del martes, Javier Tejado reveló que entre el jueves 27 y el mediodía del lunes, el universo de personas alcanzadas por esa información fue de 49 millones, con un 90 por ciento de opinión negativa contra el Presidente. Ese golpe mediático y político ha comenzado como una bola de nieve, porque siguió creciendo, y esta semana ya era un tema debatido ampliamente en la prensa escrita y electrónica, donde volaron argumentos objetivos y subjetivos. El tema creció por los excesos retóricos del Presidente, frente a los señalamientos de las contradicciones entre su narrativa y el comportamiento de su hijo. José Ramón y su esposa pueden vivir como les pegue en gana si tienen el dinero para hacerlo, y si lo que han hecho no compromete juicios ni decisiones del gobierno, pero el Presidente se volvió vulnerable porque precisamente ese tipo de vida en hijos de poderosos ha sido sistemáticamente estigmatizada como un comportamiento que sugiere privilegios y corrupción.
Después de ese primer escalón de debate, estamos en los prolegómenos de una discusión de fondo y objetiva, que tiene que ver con el conflicto de interés. ¿El haber vivido en una residencia que era propiedad del ejecutivo de una petrolera que un mes antes había firmado un contrato multimillonario con Pemex fue algo circunstancial, o entra en el terreno del influyentismo que tanto cuestiona el Presidente?
La percepción de corrupción en la casa de Houston no alcanzó a permear en la opinión pública para verla mejor reflejada en la encuesta de EL FINANCIERO, por lo que habrá que esperar estudios posteriores para conocer qué tanto impacta en la aprobación de López Obrador o si se mantiene su teflón sin abolladuras u hoyos. La percepción del combate a la corrupción se ha mantenido estable desde julio del año pasado, aunque poco más de 50 por ciento considera que es insuficiente. Pero lo que sorprende en esta última encuesta es la caída de siete puntos en un mes en la percepción de honestidad de López Obrador, al desplomarse de 64 a 57 por ciento. Qué es lo que vio la opinión pública que lo evaluó de esa manera, no lo aclara suficientemente el estudio (se requeriría otro especial sobre este punto), pero definitivamente los mexicanos están empezando a ver que quizá López Obrador no era como pensaban, porque su liderazgo también tuvo una caída de ocho puntos, de 61 por ciento en diciembre, a 53 por ciento en enero.
La encuesta salió antes de que se diera a conocer la contracción de la economía por segundo mes consecutivo, pero aun así los datos no son positivos para el Presidente.
En un mes la percepción de su manejo cayó de 49 a 37 por ciento, y la desaprobación de cómo está haciendo las cosas subió de 38 a 45 por ciento, que son brincos muy grandes, pero, sobre todo, una tendencia que tuvo como quiebre noviembre pasado.
Una hipótesis es que la gente ya sintió en el bolsillo los efectos de la contracción, que se contrapondrán con las mentiras de que creceremos este año en 5 por ciento y los datos amañados del gobierno que plantean como ‘crecimiento’ los ‘rebotes’ del PIB o de la generación de empleo.
Al final, lo que cuenta a nivel de calle es que, con lo que ganan hoy, compran menos que hace tres años. Hay datos que son muy consistentes, pero sorprendentes por el tamaño de la caída, como el desempeño del gobierno en el manejo de la seguridad, donde si bien se notaba un crecimiento en la desaprobación, no se había registrado un salto tan grande.
Entre diciembre y enero, la aprobación cayó de 40 a 29 por ciento, y la desaprobación subió de 51 a 58 por ciento. Se puede argumentar sobre el agotamiento de expectativas en otros temas, sobre todo en la vacunación, que había sido lo mejor evaluado en anteriores encuestas.
La ilusión de las vacunas en otoño y principios de invierno del año pasado llevó a un nivel de aprobación de 74 y 76 por ciento, pero en enero, ya con todos los procesos de vacunación y sus refuerzos en curso, la aprobación cayó siete puntos, colocando la percepción a los niveles prevacunación.
¿Qué provocó esta caída? ¿La negativa a vacunar menores? ¿Las demandas contra el subsecretario de Salud? ¿El incremento de contagios? No está claro, salvo el deterioro en la percepción de este mes.
La fotografía de la encuesta arroja diferentes resultados a los que estábamos viendo, donde los negativos en casi todos los campos de su gestión no habían impactado la imagen de López Obrador.
Habrá que esperar futuras encuestas para saber si es un bache o un punto de inflexión. Pero, en cualquier caso, lo que le sacó la encuesta es una tarjeta amarilla.
Raymundo Riva Palacio, en El Financiero.
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