“Durante la visita [a México] recibimos información… sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones… [que] evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.»
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
PALCO DE DERECHOS
Por: Conde de Fuelsaldaña.-
La sociedad mexicana se ha estremecido una vez más. La desaparición de Debanhi Escobar y el atroz desenlace se da en un contexto en el que en el país las cifras de personas desaparecidas y de feminicidios son alarmantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en su discurso populista y demagogo. En la mañanera el presidente insiste con distraer lanzando acusaciones a diestra y siniestra contra quien le señala. Su tema favorito: las propiedades y el ingreso del periodista Carlos Loret de Mola.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas dispone que ninguna persona debe ser sometido a una desaparición forzada, entendida esta como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona.
Agrega la Convención que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.
En México, de conformidad con la legislación nacional, comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Las circunstancias de la desaparición de Debanhi y el posterior “hallazgo” de su cuerpo sin vida en una cisterna de un hotel, no se han aclarado por las autoridades, por el contrario, la información que han difundido es inconsistente. Como ha quedado evidenciado con la investigación periodística de Luis Enrique Morales, publicada aquí en El Demócrata, Debanhi fue vista por un testigo en la madrugada en que desapareció acompañada por dos agentes de la policía. ¿A quienes encubren y protegen las autoridades?
Particularmente grave es que existan agentes policiacos del Estado mexicano involucrados además de los señalamientos que apuntan a la posible alteración de evidencias y manipulación de la información, máxime que en la búsqueda de Debanhi fueron encontradas sin vida a 5 mujeres más.
La exigencia de justicia de la Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República fue difundida en su cuenta de Twitter con un exhorto al presidente López Obrador para que dé atención al grave tema.
El presidente López en su conferencia mañanera, desde Veracruz, ofreció la colaboración del gobierno que encabeza para esclarecer el caso de Debanhi y “no descartó la posibilidad de atraer el caso a la Fiscalía General de la República si los familiares así lo solicitan”. Por supuesto no hizo mención alguna a los demás casos de feminicidios y desapariciones que, tan sólo en esa ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda del propio gobierno federal suman 39 las personas desaparecidas y no localizadas del 1º de enero del presente año a la fecha, 27 de abril; y 9 han sido localizadas sin vida. En el estado de Nuevo León han desaparecido en dicho periodo 193 personas que siguen sin ser localizadas y la cifra espeluznante en todo el país es de 2,689 ¡Un promedio de 22 personas desaparecen a diario en México!
La Fiscalía General de la República puede, sin lugar a dudas, atraer la investigación de Debanhi y el gobierno federal tiene la obligación de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas que está ocurriendo en el territorio nacional, pero sobre todo, poner un alto a la inseguridad y romper el círculo pernicioso de impunidad y violencia.
Lo que está sucediendo es un crimen de lesa humanidad ¿Qué espera AMLO?
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