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Nulidad del examen de la aún Ministra Yasmín Esquivel ¿quién lanzará la primera piedra?

El Rector Enrique Graue, recibiendo al nuevo presidente del Tribunal Universitario Máximo Carbajal Contreras

Por: Fernando Mendoza.-

Ciudad de México, 20 Enero 2023.- En medio de la controversial polémica sobre el plagio de la tesis que presentó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel para obtener el grado de licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), las instituciones del Estado mexicano no han determinado, hasta ahora, la situación jurídica sobre la validez del título que ostenta la aún Ministra y que le permite seguir desempeñándose como una integrante del tribunal constitucional en nuestro país.

El presidente de la República ha salido en defensa de quien fue designada a propuesta de él como Ministra de la Suprema Corteafirmando en una de sus conferencias mañaneras, el pasado 16 de enero que “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, e incluso ha emprendido una embestida contra la Universidad Nacional, haciendo uso de otra de sus citas bíblicas: “Imagínense, el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín es a ellos. El rector se lava las manos como Poncio Pilatos.”

Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios, doctorEnrique Graue Wiechers, el 31 de diciembre de 2022 había emitido un comunicado en el que informó a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana que con base en la minuta y comunicado del Comité de Integridad Académica y Científica remitido por la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, resulta evidente la existencia de un plagio y que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la Universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986. Es decir, que la tesis presentada por Yasmín Esquivel fue plagiada de la original que sustentó otro alumno antes que la ahora Ministra de la Suprema Corte.

No obstante, según lo sostenido por el recto Graue ha considerado que la legislación universitaria carece de mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun cuando el plagio de una tesis esté documentado, por que anunció que el contenido de la resolución del comité de la FES Aragón sería enviado a la Secretaría de Educación Pública “para los fines a que haya lugar”.

Por su parte, en la publicación de la propia UNAM denominada Criterios de Interpretación 2007-2015 de la Oficina del Abogado General, puede apreciarse el criterio bajo el título Tesis y Examen de Grado, Faltas de responsabilidad universitaria en el que se establece que «apropiarse de la obra intelectual de otro alumno, pueden considerarse como faltas contra la Universidad… independientemente de la nulidad del examen…». Conforme a ello el plagio de Esquivel tendría que provocar la nulidad de su examen profesional y por ende su grado. La nulidad tendría que ser resuelta por el Tribunal Universitario, autoridad competente según ese criterio, que preside el doctor Máximo Carvajal Contreras. 

De conformidad con su reglamento, el Tribunal Universitario es competente para conocer y resolver sobre faltas a la Legislación Universitaria del personal académico y de los alumnos, en lostérminos del Estatuto General de la UNAM.

El doctor Carvajal, quien apenas hace unos días asumió la presidencia del Tribunal Universitario de la UNAM, afirmó que es vital para la vida universitaria a que se aplique la legislación universitaria con equidad, velando siempre por el bien de la UNAM. “Nuestra prioridad es nuestra Alma Mater y esa será la divisa en el tiempo en que yo lo presida”, afirmó.

Mientras tanto, la aún Ministra Esquivel, quien ha afirmado que no tiene nada de que avergonzarse, continúa ejerciendo su encargo en Pino Suarez #2 en donde participa en el pleno del más alto tribunal del país, a cargo de preservar la constitucionalidad y el cumplimiento de los derechos humanos de la población.

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