BAILE Y COCHINO…
Por Horacio Cárdenas Zardoni.-
México es un país sui generis en muchos respectos. En cualquier sociedad humana, desde las más primitivas hasta las más modernas, se ha partido del supuesto de que las leyes se crean, se formalizan, se consensan, o lo que también es muy común, se imponen para que se cumplan. En México no, las leyes se hacen porque el gobierno o los legisladores encuentran que existe “un vacío legal”, y apegándose al principio físico, que no político de que la naturaleza no soporta el vacío, pues de inmediato proceden a llenarlo, pero salvo muy raras excepciones, tan raras que no podemos citar ninguna que nos venga a la mente a vuelatecla, las leyes en México se crean porque no existían, pero ya existiendo, pues allí que se queden, a dormir el sueño de los justos, y que las cosas sigan como hasta el momento, si no es que un poquito peor.
En cualquier país una denuncia pública encuentra eco, casi de inmediato, en las entidades públicas encargadas de hacer cumplir la ley. Esto nos ha llamado la atención desde hace muchos años, en inglés, se dice Uphold the law, o Enforce the Law, expresiones que en nuestro país, a lo mejor no en nuestro idioma, nomás nunca nadie se ha ocupado de darles una traducción puntual, el sentido es muy claro, las agencias gubernamentales se encargan de darle fuerza, darle soporte a la ley, ¿aquí?, aquí las tales dependencias, o corporaciones, actúan como se dice coloquialmente, como si la virgen les hablara, momento en el que cabe reflexionar sobre esa frase, ¿la virgen les habla y se quedan extasiados, o la virgen les habla y no le hacen caso?, la conclusión es que en una u otra, no hacen nada.
En cualquier otro país, un país donde hay gobierno que se precie de ese nombre, a una denuncia pública, a una denuncia periodística, le corresponde una acción gubernamental. No es que el gobierno viva para checar que todo lo que alguien vocifera en la calle sea cierto, pero mínimo alguien toma nota, hace un análisis somero y redacta un informe, en el que cuando menos se recomienda algo, ponerle atención, remitirlo a las áreas involucradas, o simplemente archivarlo como antecedente, por lo que pudiera venir. Acá no, aquí la posición del gobierno es desde hace mucho tiempo “déjenlos que griten”, que griten hasta que se cansen y ya cansados se van a sus casas, y aquí no sucedió nada.
Lo mismo pasa con las denuncias en los medios de comunicación. Hay muchos, cada vez más afortunadamente, colegas haciendo periodismo de investigación, van, localizan documentos, recaban testimonios, analizan lo que tienen desde el punto de vista legal, y un sinfín de acciones que acaban, en el mejor de los casos, plasmadas en un reportaje. Lo procedente es que algún jefe en algún lado de la administración central, dijera a un subordinado que estuviera allí papando moscas, oye tú, chécate esto, a ver que hay de cierto, eso a nivel central, lo que toca a gobierno, por supuesto que si hablan de agricultura, de corrupción, de plagios, de tráfico de influencias, de lo que sea, el área correspondiente hiciera de inmediato su propia investigación y análisis, sin esperar a que les llegara la orden de hacerlo, ya si les llega algo de trabajo hecho por parte de quienes se supone son expertos en eso, pues se cotejan las versiones, se consolida el expediente y se prepara una respuesta sólida. Ya si se da a conocer o no, eso ya es cosa política, pero de que se debe investigar, se debe investigar.
Pero como dicen que dice la canción, como México no hay dos, somos tristemente, el país donde no pasa nada, donde no importa lo que se denuncie, el tamaño de las violaciones a la decencia, a la moral, a la ley, de todos modos, no pasa nada. Se puede llegar a las “instancias correspondientes”, ir y levantar el acta penal, administrativa, civil, o lo que sea, y que este hecho sirva para echar a andar los engranes de la maquinaria de la justicia, pero no, no suele ocurrir así, y cuando ocurre, se tarda, pero se tarda, y tanto que el principal recurso de los criminales para librarse de sus malas acciones, es esperar a que corra el suficiente tiempo para que los delitos de que los puedan acusar, prescriban. Y ya prescritos aquellos, pues vuelven a ser tan inocentes como cuando nacieron, o todavía más, si es que nunca se procedió contra ellos.
Viene a cuento porque durante el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del estado, Ricardo Mejía Berdeja exhibió documentos, fotografías incluso, en las que acusó con nombres, datos, fechas, modus operandi, la supuesta vinculación entre personal de mando de las corporaciones policiacas estatales, y el tráfico de drogas en Coahuila. El asunto luego fue retomado por algunos periodistas nacionales de primer nivel, dándole eco a lo sucedido en ese segmento del evento ocurrido en el Teatro Nazas de la ciudad de Torreón el domingo de la semana pasada.
Parte de la interpretación que se le quiso dar a la información que soltó Mejía Berdeja fue la de que alguien, concretamente el gobierno del estado, debería dar una respuesta a las acusaciones que hizo el candidato del Partido del Trabajo, lo cual sí, puede ser que sí, si el contexto no fuera el de una campaña política, si no viviéramos en el país donde las cosas no se siguen de oficio, donde como decíamos, no pasa nada.
Pero hay otra parte de interpretación igual o más importante, porque nos ubica del otro lado de la ventanilla, y por tratarse de lo que se trata y de quien se trata, una ventanilla con vidrio blindado, a prueba de balas y explosivos.
El primer elemento de duda es ¿de dónde sacó Ricardo Mejía Berdeja los documentos que exhibió en el debate?, eso sería fácil de responder, salieron de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, donde él se desempeñaba como subsecretario, con acceso a toda clase de material confidencial e información privilegiada.
De allí salió, y la pregunta es ¿no hay una responsabilidad por el uso de documentos oficiales e información restringida?, allí alguien ya debería estar indagando quién soltó los expedientes, cuándo, cómo y porqué.
Pero todavía más importante es la otra pregunta ¿y si tenían todos esos datos, desde hace uno, dos, cuatro años, porqué la SSPPC no actuó nunca al respecto?, recordemos que la política de la administración pública federal es la de “cero tolerancia”, y que el encargado de “darle fuerza”, de darle cumplimiento, y de salir en la tele en la mañanera de los jueves era precisamente el subsecretario Mejía Berdeja ¿por qué nunca se hizo nada al respecto?, y por nada queremos decir nada, lo mínimo, avisar al gobierno del estado, oye allí tienes una bomba de tiempo, lo legal, poner las denuncias, lo político, detenerlos y exhibirlos como lo que pasa en gobiernos que no son morenistas, yo que se. Pero nada.
Total que durante cuatro años Ricardo Mejía estuvo durmiendo, como buen tigre que presume ser, encima de documentos incriminatorios, y no hizo nada, fue a soltarlo a un debate donde… no causó mayor impresión, no provocó más que comentarios periodísticos, nada más nada, pues.
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