Por: J. Alfredo Reyes
“¡Primero los pobres!”, acaba de repetir hasta la saciedad el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Quinto Informe de Gobierno. Asimismo mencionó con mucha vehemencia retórica su combate a la corrupción, la injusticia y la desigualdad social. No hizo mención especial a las mujeres pero sabemos que ellas encabezan muy importantes secretarías de Estado, empezando por Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, jefa directa de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de la Cuarta Transformación.
Cierto, las mujeres de México han accedido al poder ejecutivo en varios estados, a los puestos de representación popular y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tenemos a nivel federal la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad y a nivel local el Congreso de Coahuila tiene mayoría de mujeres diputadas y una mayoría de ellas presidiendo comisiones legislativas aunque, a nivel nacional, existe una agenda pendiente para las mujeres de este país.
Hay mucha injusticia, discriminación, abusos y lo peor, mucha violencia contra las mujeres. No es propósito de este columnista hacerla de activista o defensor de tema alguno sino que al dirigirme al Oficial Mayor del Congreso local es a modo de acceder a su oficialía de partes para solicitar el apoyo para tres mujeres por una injusticia que se está cometiendo en su contra y que además de ser vulnerables subsisten de manera muy precaria en el mineral La Florida, en el municipio de Múzquiz de esta entidad.
En concreto, estamos solicitando el apoyo de una diputada, alguna comisión o un legislador que sienta empatía, que escuche el problema y que pueda gestionar ante quien corresponda la corrección de tal injusticia. Nuestros legisladores tienen el privilegio de representarnos, de hacer nuestras leyes y servir a las mejores causas de Coahuila.
En este espacio hemos publicado asuntos tan sentidos y dolorosos como son las tragedias mineras con el propósito de hacer conciencia en el perenne sacrificio que representa la extracción de carbón en Coahuila. La penúltima tragedia minera en la Región Carbonífera sucedió hace un año, el 3 de agosto del 2022 y cobró la vida de 10 trabajadores en la mina “El Pinabete” de Sabinas, Coahuila, mineros que quedaron atrapados tras inundarse la mina y cuyos cuerpos no han sido rescatados.
Uno de los 10 mineros atrapados es Sergio Gabriel Cruz Gaytán, esposo de la señora Cinthia Maribel Ruiz Solís y padre de las niñas Lesly y Angélica Cruz Ruiz de 15 y 11 años de edad. Tras el accidente estas tres mujeres han quedado en el desamparo y viven precariamente en un tajaban, con techo de lámina en el mineral La Florida, zona de sacrificio y desolación de minas de carbón.
En esta espacio publicamos a tres días del accidente el artículo “Otra vez Germinal, la tragedia minera”, donde citamos la novela de Emile Zola que denuncia la esclavitud, el sufrimiento y la explotación de los mineros del carbón que mueren en la profundidad de la tierra en la Francia del siglo 19. Zola bajó a las minas y se adentró en los desolados pueblos mineros. Al final de su novela, el escritor sugiere que su obra es la semilla que algún día germinará en una nueva vida para los mineros del carbón.
Pero vemos que no ha sido así. La muerte acecha en cada momento en los pozos de carbón. Minerales como La Florida huelen a miseria, a injusticia y donde la tragedia puede surgir en cada momento del día o de la noche, como esa chispa fatal que detona al gas grisú.
En concreto, esta viuda y sus dos niñas necesitan el auxilio de un buen gestor que obligue a quien corresponda que les sea entregada su indemnización como ya la recibieron a los 10 días del accidente los deudos de los otros nueve mineros también desaparecidos. Mujeres encumbradas como Rosario Piedra de la CNDH, como Luisa María Alcalde de la SEGOB y Laura Velázquez de Protección Civil no les hacen caso.
Mujeres y presidentas de Comisión también son nuestras diputadas Luz Elena Morales en Igualdad y no Discriminación. Teresa de Jesús Meraz en Derechos Humanos. Luz Virgil en Trabajo y Previsión Social. Laura Aguilar en Atención a Grupos Vulnerables. Yolanda Elizondo en Energía y Minas. Lizeth Ogazón en Transparencia y Edna Dávalos en Gestoría y Quejas.
Y hay que ver que esta es una Legislatura con mayoría de mujeres pero la viuda Cinthia y sus hijas Lesly y Angélica siguen en el desamparo y nadie las escucha solo su abogado, Mario Lara Salas, que las defiende como labor social pero no ha sido suficiente para dar solución a esta injusticia, estas mujeres son discriminadas y sin igualdad. Violentadas en sus Derechos Humanos. Sin previsión social. Son vulnerables. También son víctimas de las minas. No tienen acceso a la información y a la transparencia porque no las reciben en las juntas informativas. Necesitan dar su queja y les urge gestoría.
Mujeres diputadas ¡Ayúdenlas por favor!
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