“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
Desmond Tutu.
PALCO DE DERECHOS
Por: Fernando Mendoza Elvira.-
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en resolución adoptada en la 15ª sesión plenaria el15 de octubre de 2019, destacando “la importancia del pleno respeto de la libertad de opinión y expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información, y la importancia fundamental del acceso a la información y a las ideas por cualquier procedimiento, y de la participación democrática” acordó proclamar el 28 de septiembre Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
El derecho a la información se encuentra previsto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, condición íntimamente relacionada con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
La ONU ha sostenido que el acceso a la información es fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.
De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México se encuentra entre los países con garantías en materia de acceso, libertad y derecho a la información. De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política contempla, a nivel federal, al organismo garante del ejercicio del derecho al acceso a la información pública gubernamental, bajo el principio de máxima publicidad y con mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo público autónomo del Estado mexicano creado con la misión de facilitar y garantizar el derecho de las personas para el acceso a la información pública y de promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad.
Ahora bien, la ONU en su resolución 53/144, adoptada el 9 de diciembre de 1998, aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, reconoce el derecho de toda persona a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos, ya sea individual o colectivamente.
Para ello, la Declaración mencionada, en su artículo 6, reconoce también el derecho de toda persona a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos.
Es evidente pues que, en la interdependencia de derechos. el que tenemos toda persona a defender derechos, implica el del acceso a obtener información por cualquier medio y la correlativa obligación del Estado de garantizar su ejercicio.
Los embates que ha sufrido el INAI desde el gobierno, encabezados por el presidente de la República López Obrador no solo atentan contra la institución del Estado que tiene la encomienda de proteger el derecho al acceso a la información, constituye una violación al derecho a defender derechos de las personas y organizaciones de la sociedad civil con esa vocación, minando la vida democrática.
Desde el púlpito presidencial se ha insistido en desacreditar el trabajo del INAI y la necesidad y obligación del Estado mexicano de contar con ese órgano garante del derecho al acceso a la información, llegando al extremo de plantear y proponer su desaparición, además de obstaculizar su funcionamiento objetando los nombramientos de comisionados, provocando incluso una afectación durante meses en su funcionamiento al dejar a su Pleno sin quorum para sesionar hasta que la Suprema Corte intervino para restablecer la constitucionalidad.
La labor de defensa de los derechos humanos requiere que los órganos garantes de la vigencia de derechos sean instituciones sólidas, autónomas e independientes con la suficiente fortaleza para cumplir con la noble función que tienen encomendada; presupuesto sin el cual, las personas defensoras de derechos se enfrentan no sólo a las autoridades o particulares que cometen las violaciones, sino a la ausencia de los mecanismos adecuados para hacer valer los derechos contemplados en el orden jurídico nacional e internacional, al estar minada la operación de las instituciones garantes de la defensa de derechos. Obstaculización, desacreditación, desinformación, cooptación, astringencia presupuestal, entre otras prácticas, ha sido la constante en el actual régimen.
El asedio a instituciones como el INAI, el INE, la CNDH, cuya vocación es la defensa de derechos, requiere que cerremos filas para fortalecerlas. A la vez, las instituciones tienen el reto de preservarse y defenderse de factores externos e internos que amenazan su operatividad, adoptando prácticas y estándares internacionales para la defensa de derechos desde su vida interior y en la atención de las víctimas, con una perspectiva de cumplimiento de derechos en congruencia.
La vigencia de derechos es fundamental en todo Estado constitucional democrático. La labor de defensa de personas y colectivos defensoras de derechos abona a la vigencia del estado de derecho y a la democracia misma, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano internacionales y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las naciones.
Atacar, amedrentar, obstaculizar la defensa de derechos es una violación a derechos humanos a la vez.
En el entorno por el que atraviesa México de inseguridad, de violencia, de feminicidios, de miles de ejecuciones y desaparición de personas, es pertinente que como sociedad articulemos acciones para evitar las violaciones a derechos exigiendo su cumplimiento bajo condiciones de transparencia gubernamental y acceso efectivo a la información, garantizando mecanismos efectivos para el ejercicio de derechos, en especial, de quienes defienden derechos.
Ataques directos a personas defensoras de derechos, a organizaciones, a periodistas, son intolerables y deben parar desde ya.
Que la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información sea ocasión para levantar la voz y fortalecer la solidez del INAI como la institución garante del acceso a la información, condición necesaria a su vez para la defensa de derechos.
¡Es preciso defender a quienes nos defienden!
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