31 de enero 2024.- Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido como líder de México en 2018, agentes antinarcóticos de Estados Unidos descubrieron lo que creían que era evidencia sustancial de que los principales traficantes de cocaína habían canalizado unos US$2 millones a su primera campaña presidencial.
De acuerdo con más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue entregado a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que un gobierno de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes.
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un exoperador de campaña y un informante clave de drogas, produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto.
La acusación de que los representantes del futuro presidente de México negociaron con criminales notorios ha seguido resonando entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la política exterior de Estados Unidos, que durante mucho tiempo se han mostrado escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentar a los narcotraficantes.
El caso planteó preguntas difíciles sobre hasta dónde debería llegar Estados Unidos para enfrentar la corrupción oficial que ha sido esencial para el surgimiento de los narcotraficantes mexicanos como una fuerza criminal global. Mientras que algunos funcionarios argumentan que no es tarea de Estados Unidos erradicar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos para combatir el crimen organizado y construir el estado de derecho serán inútiles a menos que los funcionarios que protegen a los traficantes rindan cuentas.
«La corrupción es una parte tan importante del tejido del narcotráfico en México que no hay forma de perseguir a los narcotraficantes sin perseguir a los políticos y a los militares y policías que los apoyan», dijo en una entrevista Raymond Donovan, quien recientemente se retiró como jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En su investigación, los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente interna extraordinaria después de que arrestaron al ex agente de campaña por cargos de drogas en 2010. Para evitar la prisión federal, el agente dio un informe detallado de las donaciones en efectivo de los traficantes, que dijo que ayudó a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el colaborador cercano de López Obrador que, según el operador, había participado en el esquema.
Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo estaba al tanto y estaba involucrado en las donaciones de una de las mafias de la droga más grandes del país, dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso.
Pero algunos funcionarios consideraron que la evidencia no era lo suficientemente fuerte como para justificar los riesgos de una extensa operación encubierta dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación encubierta en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuestos dinero del narcotráfico a agentes que trabajaran en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En cambio, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por la preocupación de que incluso un enjuiciamiento exitoso sería visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política.
«Nadie estaba tratando de influir en las elecciones», dijo un funcionario familiarizado con la investigación. «Pero siempre existió el temor de que López Obrador pudiera dar marcha atrás en la lucha contra las drogas, que si este tipo se convierte en presidente, podría cerrarnos».
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, López Obrador ha liderado un sorprendente retroceso en la lucha contra el narcotráfico. Su enfoque, que resumió en el lema de campaña «Abrazos, no balas», se ha concentrado en programas sociales para atacar las fuentes de la criminalidad, en lugar de confrontar a los criminales.
Sin embargo, dado que las fuerzas policiales y militares generalmente evitan la confrontación con las bandas de narcotraficantes más grandes, esas mafias han extendido su influencia por todo México. Según algunas estimaciones, las bandas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional, operando abiertamente, imponiendo su voluntad a los gobiernos locales y, a menudo, obligando a las autoridades estatales y federales a mantener su distancia. La violencia se ha mantenido cerca de niveles históricos, mientras que las redes de extorsión de las pandillas y otras empresas criminales han hecho metástasis en todas las capas de la economía.
El principal vocero del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a numerosas solicitudes de comentarios.
El costo del tráfico de drogas para los estadounidenses nunca ha sido más devastador. El fentanilo, la mayor parte del cual se produce o contrabandea a través de México, está alimentando el problema de drogas ilegales más letal en la historia de Estados Unidos. Las aproximadamente 109,000 muertes por sobredosis registradas en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con el fentanilo, superaron las muertes por violencia armada y accidentes automovilísticos combinados.
La administración del presidente Joe Biden se ha mantenido firme en su negativa a criticar las políticas de seguridad de López Obrador, evitando la confrontación incluso cuando el presidente mexicano ha atacado públicamente a las agencias policiales estadounidenses como mendaces y corruptas. La explosión del fentanilo, si bien es una preocupación política creciente en Washington, sigue siendo menos crítica para las perspectivas de reelección de Biden que bloquear a los inmigrantes en la frontera sur, un desafío en el que la cooperación de López Obrador es esencial.
Después de afirmar repetidamente que México no tenía nada que ver con el fentanilo, López Obrador ha dado recientemente algunos pasos modestos para renovar la cooperación antidrogas. Su gobierno, sin embargo, sigue ignorando las solicitudes de Estados Unidos para la captura y extradición de los principales traficantes, mientras que los funcionarios de Washington describen la relación en términos optimistas. Al final de una reunión con López Obrador en noviembre, Biden se volvió hacia él y le dijo: «No podría tener un mejor socio que usted».
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre los detalles de la investigación de la DEA sobre las campañas políticas de López Obrador, citando una política de larga data. Pero agregó que el departamento «respeta plenamente la soberanía de México, y estamos comprometidos a trabajar hombro a hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga responsables de tanta muerte y destrucción en nuestros dos países».
Durante décadas, las autoridades estadounidenses han evitado investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de proteger a las mafias de la droga, diciendo que perseguir tales casos es difícil en un país que es especialmente sensible a la interferencia estadounidense. Las agencias estadounidenses se han mostrado aún más reacias a indagar en la participación de las pandillas en la política electoral, a pesar de que se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos municipales, estatales y nacionales.
En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar sobre la información sobre la posible colusión de su campaña de 2006 con los traficantes, dijeron varios funcionarios. Cuando la agencia finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran medida por iniciativa de un pequeño grupo de agentes con sede en México que trabajaban con fiscales federales en Nueva York.
La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado de 28 años que se presentó en la embajada de Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de sus oficinas en el cuarto piso escucharon una historia convincente: durante los años anteriores, les dijo López Nájera, había sido una especie de abogado interno de uno de los traficantes más notorios de México, Edgar Valdéz Villarreal.
El gángster nacido en Texas había sido apodado «Ken» y luego «Barbie» cuando era un apoyador de secundaria de mandíbula cuadrada con cabello rubio sucio. A mediados de la década de 2000, se había convertido en uno de los sicarios más brutales del hampa mexicana. También fue un importante traficante, trabajando con una mafia más grande dirigida por los hermanos Beltrán Leyva, quienes a su vez formaban parte de la alianza conocida como el Cartel de Sinaloa. En el lado mexicano de la frontera, era conocido como «La Barbie». Según López Nájera, La Barbie insistió en que empezara desde abajo, lavando los coches de los traficantes y haciendo otras tareas domésticas antes de que se le confiaran tareas más importantes. Con el tiempo manejó algunos contactos políticos, pagando sobornos a comandantes de policía y políticos, y supervisó los cargamentos de cocaína a través del aeropuerto de Cancún. Sin embargo, después de varios años, López Nájera comenzó a tener diferencias con su jefe, quien lo consideraba un poco holgazán, dijeron las autoridades. En 2007, regresó de unas largas vacaciones en Cuba y se encontró con que su hermano había desaparecido, una aparente víctima de la ira de La Barbie. Pasando a la clandestinidad, López Nájera comenzó a planear su venganza.
López Nájera rápidamente estableció su buena fe con los estadounidenses, diciéndoles que la pandilla de los Beltrán Leyva había plantado un topo dentro de la embajada. El hombre resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que tenía amplio acceso a información de inteligencia sobre los criminales mexicanos buscados por Estados Unidos. Atraído al área de Washington, D.C., con el pretexto de un viaje de entrenamiento, fue arrestado y acusado de delitos federales de drogas antes de aceptar cooperar, dijeron las autoridades.
La DEA trasladó a López Nájera a Estados Unidos y lo interrogó extensamente. De acuerdo con la nueva asociación policial conocida como el acuerdo de Mérida, los funcionarios estadounidenses invitaron a sus homólogos mexicanos a entrevistar a su preciada fuente.
Los documentos judiciales mexicanos resultantes identificarían a López Nájera solo por el nombre en clave «Jennifer». Sus revelaciones se convertirían en el motor principal de la «Operación Limpieza», un esfuerzo del gobierno del presidente Felipe Calderón para purgar a los funcionarios corruptos de las agencias federales de aplicación de la ley y el ejército.
La DEA tardó un poco más en sacar provecho de su informante. Fue solo en la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera comenzara a cooperar con la agencia, que comenzó a enfocarse en una de sus revelaciones más sorprendentes. En una entrevista en San Diego que agentes de la DEA organizaron para un fiscal mexicano de alto rango, López Nájera describió cómo La Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en el balneario de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico.
El hombre que había organizado la reunión era Francisco León García, de 38 años, hijo de un empresario minero del estado norteño de Durango. Conocido como «Pancho» León, lanzaba su candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza izquierdista de López Obrador. Era amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, un imponente ex oficial de la policía estatal conocido como «El Grande», y los dos hombres pensaron que podrían ayudarse mutuamente, se les dijo a los agentes.
Otro empresario acompañó a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador, relató López Nájera. A cambio de una inyección de dinero, dijo León, la campaña prometía que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
De acuerdo con los relatos de la negociación que los investigadores estadounidenses finalmente reconstruyeron a partir de varios informantes, a los traficantes se les dijo que podían ayudar a elegir a los comandantes de la policía en algunas ciudades clave a lo largo de la frontera. Más importante aún, dijeron funcionarios estadounidenses, a los traficantes también se les dijo que López Obrador no nombraría a un fiscal general que consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgó un veto sobre el nombramiento.
La Barbie aceptó el trato y asignó a López Nájera para que se reuniera con funcionarios de campaña en la Ciudad de México y arreglara los pagos. (López Nájera no respondió a los numerosos intentos de contactarlo). Poco después, dijeron los funcionarios, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba un equipo de avanzada bajo el mando del jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo.
En tres entregas durante los meses siguientes, se le dijo a la DEA, la organización de La Barbie le dio a Soto y a otros en la campaña alrededor de $2 millones en efectivo. A medida que el traficante se involucró más, dijo López Nájera, también brindó apoyo de otras maneras: durante las últimas semanas de la contienda, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para participar en grandes y bulliciosos mítines organizados por Pancho León, a los que la pandilla donó mucho. Uno de ellos fue tan lujoso, con una banda de renombre y miles de partidarios traídos en autobús desde pueblos y aldeas periféricas, que los políticos rivales exigieron una investigación sobre el financiamiento de la campaña de León.
La carrera presidencial de 2006 fue un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró vencedor a Calderón por medio punto porcentual, La Barbie se puso furiosa, dijo López Nájera. El capo de la droga ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal y obligarlo a revertir la decisión. Un convoy de hombres armados fue enviado para asaltar la corte, y solo se dieron la vuelta cuando descubrieron que las tropas del ejército custodiaban el área.
Habiendo insistido en que era el legítimo ganador, López Obrador reunió a miles de sus partidarios en la Ciudad de México para una sentada de meses que cubrió una franja del centro colonial de la capital. Según López Nájera, La Barbie donó fondos para ayudar a alimentar a los manifestantes.
Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera entendieron que no sería fácil construir un caso penal, dijeron varios funcionarios. Incluso si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel casi siempre eran difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos utilizaron intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Los políticos y los criminales a menudo se protegían mutuamente; Por lo general, los testigos que corroboraban la prueba se mostraban reacios a declarar.
La mayoría de los delitos relacionados con las drogas también prescribían cinco años. Para cuando la investigación se puso en marcha en serio, algunos de los eventos clave que López Nájera describió habían ocurrido cuatro años antes.
El fiscal mexicano que asistió a la entrevista con López Nájera remitió las acusaciones a funcionarios de mayor rango en la Ciudad de México. Pero el gobierno de Calderón pensó que un caso así tendría demasiada carga política antes de las elecciones de 2012, dijeron ex funcionarios.
Los agentes de la DEA tuvieron mejor suerte con el Distrito Sur de Nueva York, la poderosa fiscalía federal con sede en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que valía la pena seguir con el caso, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Strauber, quien ahora dirige el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York, declinó hacer comentarios.
Si bien el Distrito Sur rara vez había trabajado en casos de corrupción de drogas en México, la determinación de Calderón de trabajar más estrechamente con Estados Unidos dio a los investigadores algo de esperanza. Los agentes estadounidenses tenían más libertad que nunca para operar en México; Las operaciones conjuntas contra los traficantes se han convertido en algo habitual. Las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos habían ayudado a las autoridades mexicanas a arrestar o matar a figuras destacadas de algunas grandes mafias de la droga, incluida la organización de los Beltrán Leyva. En mayo de 2010, México finalmente extraditó a Mario Villanueva, un ex gobernador del estado de Quintana Roo, quien finalmente se declaró culpable en Nueva York de canalizar más de US$19 millones en sobornos de traficantes a través de cuentas estadounidenses.
Los investigadores también reconocieron que López Nájera presentaba una oportunidad inusual. Aunque llevaba más de dos años fuera de México, pensaron que podría ponerlos en contacto con Soto, el exoperador de la campaña de López Obrador a quien había entregado donaciones en 2006.
Soto era un consultor de negocios sociable y ajetreado con ambiciones políticas propias. Había trabajado dentro y fuera del gobierno, encontrando ángulos y solucionando problemas con la burocracia. López Nájera dijo que se habían hecho amigos y que Soto lo había ayudado con tareas no relacionadas con la campaña: actuó como testaferro para la compra de un departamento en el barrio de Polanco de la Ciudad de México y lo ayudó a arrendar una oficina y alquilar un segundo departamento que La Barbie a veces usaba en visitas a la capital.
Según López Nájera, Soto también le había presentado a miembros del equipo de seguridad de la campaña de 2006, conexiones que luego resultaron útiles cuando algunos de los hombres pasaron a trabajar en la seguridad del gobierno. En un momento dado, recordó López Nájera, Soto le dijo que podría estar interesado en ganar dinero con el tráfico de drogas si se presentaba la oportunidad adecuada.
Mientras López Obrador preparaba su segunda candidatura a la presidencia, Soto se mantuvo cerca de Mollinedo, quien todavía era uno de los asesores de mayor confianza del candidato, dijeron los funcionarios.
«Nico», como se conocía a Mollinedo, era una especie de celebridad mexicana. Dondequiera que López Obrador había ido durante sus cinco años como alcalde de la Ciudad de México, Mollinedo había estado a su lado, al volante del sedán Nissan blanco que López Obrador convirtió en un símbolo de su desprecio por los excesos tradicionales de la política mexicana. El padre de Mollinedo había sido un amigo cercano y partidario de López Obrador desde sus días como joven activista en su estado natal de Tabasco.
Mollinedo también había sido objeto de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004 con informes de que el chofer del alcalde ganaba el salario de un subsecretario en el gabinete municipal. López Obrador restó importancia al «Nicogate», como lo llamaban los periódicos, pero dejó en claro que Mollinedo era mucho más que un chofer. Era el asistente personal del alcalde y coordinador de logística y trabajaba con su equipo de seguridad. Mollinedo también actuó como guardián de acceso, filtrando a la gente y las propuestas que clamaban por la atención del alcalde.
A principios de 2010, una serie de funcionarios mexicanos habían sido arrestados por el testimonio de López Nájera, entre ellos un ex fiscal antidrogas y varios altos funcionarios policiales y militares. Su identidad, sin embargo, seguía siendo un secreto bien guardado, y estaba seguro de que Soto creía que todavía estaba trabajando para los narcos. La última vez que se reunieron en San Diego fue a finales de 2009, y los agentes de la DEA grabaron su conversación sobre si Soto podría querer participar en uno de los negocios de drogas que López Nájera dijo que estaba organizando.
Tenía sentido que López Nájera se estuviera diversificando por su cuenta. La Barbie se había quedado con los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del Cártel de Sinaloa. Pero ahora, a medida que los sinaloenses ganaban la partida, La Barbie y los Beltrán Leyva luchaban entre sí. La violencia fue noticia casi todos los días.
Mientras los agentes escribían sus mensajes, López Nájera comenzó a enviarle mensajes de texto a Soto, dijeron funcionarios familiarizados con el caso. En julio de 2010, se conocieron en un hotel en Hollywood, Florida. Acompañado por un agente encubierto de la DEA que se hizo pasar por un proveedor colombiano de cocaína, López Nájera expuso su discurso: tenían algunos negocios en proceso. Es posible que necesiten inversores. La recompensa sería grande.
Soto dijo que estaba interesado.
Semanas después de la reunión en Florida, Soto viajó a la frontera México-Estados Unidos. frontera para discutir un posible acuerdo con el supuesto traficante colombiano y otro agente encubierto en McAllen, Texas. Cuando regresó a McAllen en octubre, los dos agentes encubiertos le dijeron que tenían 10 kilos de cocaína listos para él. Pero Soto se opuso, dijeron personas familiarizadas con el caso, insistiendo en que no estaba listo para vender las drogas en Estados Unidos.
Necesitando alguna forma de atraer a Soto de nuevo a su plan, los agentes encubiertos lo presionaron para que salvaguardara la cocaína durante varios días hasta que pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa, le darían un kilo, valorado en unos 20.000 dólares. Las drogas estaban en un automóvil estacionado cerca, dijo uno de los agentes, entregándole a Soto un juego de llaves del auto. (No había cocaína real). La conversación fue grabada en su totalidad.
Poco después de las 2 de la madrugada siguiente, Soto regresó a su habitación en un Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA estaban esperando.
En el lado equivocado de la frontera, sin un abogado ni conexiones políticas, Soto no tardó en aceptar cooperar. «No era el tipo de persona que estaba lista para ir a la cárcel», dijo un funcionario familiarizado con el caso. Más tarde ese mismo día, después de que Soto renunciara a su derecho a ser procesado en Texas, fue trasladado a la ciudad de Nueva York en un avión comercial, intercalado entre un par de agentes en la última fila.
A partir de entonces, Soto se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, conocida en el expediente del caso como CS-1. A petición de la DEA, ProPublica accedió a no identificarlo a él ni a otras fuentes en el caso. Sin embargo, Soto fue nombrado en un artículo en español sobre el caso publicado por DW News, la cadena de televisión estatal alemana.
Después de reconocer inicialmente los mensajes de un reportero de ProPublica, Soto no respondió a preguntas detalladas sobre su papel en la investigación de Estados Unidos.
En varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que una tercera entrega había sido hecha por otro enviado de La Barbie. Soto dijo que las tres contribuciones ascendían a algo menos de los 2 millones de dólares que López Nájera había reclamado, una discrepancia que los agentes atribuyeron al desnatado habitual. Soto dijo que le entregó el dinero a Mollinedo, dijeron personas familiarizadas con el caso.
En Nueva York, Soto consultó con un abogado designado por la corte antes de aceptar los términos del gobierno: si continuaba trabajando en secreto y hablando con la verdad con los investigadores, se le permitiría regresar a México. Su condena penal permanecería sellada, y eventualmente sería sentenciado al tiempo que había «cumplido» bajo custodia federal: los varios días que pasó en McAllen y Nueva York. Soto fue llevado ante un juez federal y se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para distribuir cocaína.
Los funcionarios estadounidenses entendieron que el acuerdo planteaba serios riesgos. Si Soto informara a sus colegas en México que se le estaba pidiendo que les tendiera una trampa, o incluso si simplemente dejaba de devolver las llamadas telefónicas, la única ventaja de los estadounidenses sería exponer su declaración de culpabilidad y tal vez emitir una orden internacional de arresto en su contra. Pero Soto podría exponer su investigación.
El plan de los agentes era confirmar la evidencia que habían reunido sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y luego recrear una versión de ese esquema con la incipiente campaña de López Obrador en 2012, esta vez con dispositivos de grabación. Llamaron a la investigación «Operación Polanco».
Para desplegar a Soto en el extranjero como una fuente encubierta o de «nombre protegido», en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios de Justicia y de la DEA conocido como Comité de Revisión de Actividades Sensibles. Un SARC (pronunciado «sark») es un proceso de selección similar a un escuadrón antibombas legal. Los paneles examinan las operaciones encubiertas que implican la entrega de drogas o dinero a traficantes o la persecución de funcionarios extranjeros corruptos; Los abogados tratan de desactivar los planes que podrían hacer estallar al departamento.
Aunque atacar la campaña de López Obrador era una propuesta especialmente riesgosa, la Media Luna Roja Árabe Siria aprobó provisionalmente el plan a finales de 2010, dijeron los funcionarios. Los agentes y fiscales tendrían que regresar al comité al menos cada seis meses para una revisión adicional, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.
Los agentes querían ir a lo grande. Propusieron ofrecer a la campaña 5 millones de dólares en efectivo a cambio de promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes. Si Mollinedo u otros en la campaña estaban de acuerdo, los agentes ofrecerían un pago inicial, tal vez $100,000. Luego entregaban el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.
Algunos funcionarios estadounidenses pensaron que era un momento propicio para un caso así. En agosto de 2010, marinos mexicanos habían capturado a La Barbie. Dos semanas después, abatieron a El Grande, su lugarteniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta. Ambos hombres habían sido acusados de cargos federales en Estados Unidos y, si eran extraditados, podrían ser tentados a cooperar a cambio de una reducción de sus sentencias. En una breve conversación después de su captura, El Grande le dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre funcionarios mexicanos corruptos, pero solo después de que fuera trasladado a Estados Unidos, según muestran documentos revisados por ProPublica.
Pero incluso a medida que se unían nuevas piezas de la investigación, el gobierno de Obama estaba cada vez más preocupado por las consecuencias de otra operación encubierta, lo que se conoció como «Rápido y Furioso». Sin informar a las autoridades mexicanas, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia permitieron que cientos de armas de alto poder fueran enviadas ilegalmente a México para poder rastrearlas y llegar a manos de bandas de narcotraficantes. Sin embargo, el rastreo falló, y las armas se vincularon más tarde a tiroteos que mataron o hirieron a más de 150 mexicanos, así como al asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El gobierno de Calderón estaba indignado y las tensiones parecían amenazar una vez más la cooperación bilateral.
«Las cosas se sometieron a un nivel diferente de escrutinio después de Rápido y Furioso», dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia. «En ese momento, todo el mundo estaba en modo de autopreservación».
Aun así, los funcionarios estadounidenses tenían alguna razón para esperar que los líderes de México pudieran aprobar —y mantener en secreto— su investigación. Su objetivo final, López Obrador, era el odiado rival político de Calderón. El jefe de la DEA en la Ciudad de México informaba al jefe de inteligencia del presidente, quien era considerado particularmente confiable, y le pedía que discutiera el caso solo con Calderón.
La siguiente fase de la investigación comenzó bien. Los agentes de la DEA se enteraron de que el empresario que había acompañado a Pancho León a la reunión de Nuevo Vallarta en 2006 viajaba a Las Vegas. Al ser confrontado por los agentes del Bellagio Hotel & Casino, el empresario confirmó gran parte de lo que Soto y López Nájera habían dicho. Incluso mencionó un detalle llamativo que López Nájera había señalado: en la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta, León le había hecho un regalo a La Barbie. Al enterarse de que el traficante coleccionaba relojes, llevó un Patek Philippe de 20.000 dólares como muestra de su respeto.
Los fiscales inicialmente pensaron que no tenían pruebas suficientes para arrestar al hombre, por lo que los agentes lo dejaron regresar a casa después de que prometiera testificar como testigo en cualquier juicio penal futuro. Los investigadores no tenían esperanzas de llegar a León: en febrero de 2007, meses después de perder su carrera por el Senado, desapareció, víctima de un asesinato de la mafia de la droga.
En la Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron con Soto, le colocaron un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. «Estaba aterrorizado», recordó un exfuncionario. No estaba claro si Soto manejó mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo era ininteligible debido al ruido de fondo.
Un segundo intento, al mes siguiente, produjo alrededor de una hora de cinta. Quedó claro en esa conversación que Mollinedo sabía sobre la transacción de 2006, dijeron personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos ex miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados para que revelaran lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general de México que podrían ayudar a protegerlo a él y a Soto.
Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o para que se incriminara a sí mismo de manera más directa. «Nunca dijo: ‘No sé de qué estás hablando’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas’. No se dijo nada que lo absolviera», dijo un exfuncionario sobre Mollinedo. «Pero la cinta no refrescó la conspiración tanto como se necesitaba».
En una entrevista, Mollinedo negó haber recibido donaciones de narcotraficantes y cuestionó la idea de que López Obrador tolerara tal corrupción. «No administramos el dinero», dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y agregó que solo manejaba fondos que se le daban para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Después de revisar las grabaciones, los fiscales de Nueva York se sintieron decepcionados, dijeron exfuncionarios. Para un caso tan delicado y arriesgado, sintieron que las pruebas debían ser casi irrefutables. No obstante, los agentes propusieron seguir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo y otros colaboradores de López Obrador. La forma en que procedieron a partir de ahí, y si persiguieron a López Obrador y a otros políticos en su órbita, dependería de lo que aprendieran los agentes.
Cuando la Media Luna Roja Árabe Siria se reunió para revisar el caso de nuevo, justo antes del Día de Acción de Gracias de 2011, funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA en Washington, D.C., se unieron por videoconferencia con agentes de alto rango de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York. Esta vez, sin embargo, las preguntas fueron más agudas, dijeron varias personas familiarizadas con la reunión. Incluso si los funcionarios de la embajada de Estados Unidos informaran solo a funcionarios mexicanos confiables, la información podría filtrarse fácilmente, dijeron algunos funcionarios, y podría ser explosiva.
Los representantes de la DEA en la reunión enfatizaron que no buscaban afectar las elecciones mexicanas, dijeron funcionarios familiarizados con la reunión. Pero también señalaron que si México elegía a un presidente que llegara al cargo endeudado con poderosos narcotraficantes, las consecuencias podrían ser catastróficas para la asociación de aplicación de la ley de los dos países.
Poco después de iniciada la reunión, el enlace de video a la Ciudad de México se cayó, algo común en la tecnología de la época. Sin que el principal grupo de la DEA trabajara en el caso, el tono de la discusión cambió, dijeron dos personas presentes. Los abogados del Departamento de Justicia hablaron sobre los enormes riesgos de la operación, la evidencia incierta y las secuelas aún volátiles del escándalo de Rápido y Furioso, que había llevado a algunos republicanos en el Congreso a pedir la renuncia del secretario de Justicia Eric Holder.
Los agentes y fiscales se enteraron de la decisión de la SARC días después: la operación estaba siendo cerrada.
En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande. Cuando los agentes pudieron preguntarle en suelo estadounidense sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
El papel estelar de López Nájera como Jennifer en Operation Clean-up duró poco.
Cuando el gobierno de Calderón fue reemplazado en diciembre de 2012, no fue por López Obrador y su alianza izquierdista, sino por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político que había mantenido al país bajo un control corrupto y autoritario durante más de 60 años hasta el año 2000. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, se retiró rápidamente de la estrecha cooperación policial de su predecesor con Estados Unidos. Parte de ese cambio fue un esfuerzo del fiscal general de Peña, Jesús Murillo Karam, para desacreditar y revertir los enjuiciamientos de funcionarios corruptos por parte de la administración anterior.
De acuerdo con tres funcionarios familiarizados con los hechos, los fiscales mexicanos continuaron entrevistando a López Nájera en Estados Unidos, pero ahora trataron de explotar vacíos y contradicciones en su testimonio. Le pidieron que corroborara nuevos detalles de los hechos que había descrito, a veces sugiriendo fechas específicas, solo para que otros testigos presentaran coartadas para las fechas que López Nájera había confirmado.
Una ráfaga de noticias mexicanas, muchas de ellas impulsadas por aparentes filtraciones del gobierno, atacó a López Nájera como un mentiroso bien pagado por el régimen anterior. Proceso, la principal revista de investigación del país, reveló su identidad con una fotografía de portada que, según funcionarios estadounidenses, provenía de la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana. Prácticamente todos los funcionarios encarcelados en la Operación Limpieza fueron liberados después de que se retiraran los cargos en su contra.
Proceso, la principal revista de investigación de México, reveló en 2013 que el informante más conocido del gobierno era un exabogado antidrogas llamado Roberto López Nájera. Crédito:Proceso
Lo que no se hizo público fue que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos adoptaron el punto de vista opuesto. Si bien señalaron que López Nájera había sido inconsistente o se había equivocado en algunos puntos de sus declaraciones, casi todo lo demás que les había dicho se sostuvo. Así que, aunque López Nájera se convirtió en un símbolo en México de las fallas del sistema de justicia, la DEA lo consideró creíble y continuó trabajando con él.
Incluso antes de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, los funcionarios estadounidenses comenzaron a revisar la información de la investigación de la DEA como parte de su esfuerzo por evaluar la voluntad del nuevo presidente de trabajar con ellos contra las mafias, dijeron personas informadas sobre el esfuerzo. Pero el nuevo líder mexicano no tardó en responder a esa pregunta.
Primero, dejó de lado a los equipos de comandos mexicanos que habían sido el socio más confiable de las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos. Luego cerró una unidad de la policía federal que la DEA había entrenado y examinado para trabajar con los estadounidenses en grandes casos de drogas.
Cuando agentes de la DEA arrestaron a un exministro de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de corrupción de drogas en octubre de 2020, López Obrador se volvió contra la agencia con aún más fuerza. Con el alto mando militar presionando al presidente para que actuara en defensa de Cienfuegos, los funcionarios mexicanos dejaron en claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo. Después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, abandonara el caso y repatriara al general, López Obrador declaró «muerto» el acuerdo de Mérida e impulsó nuevos límites estrictos sobre cómo los agentes estadounidenses podían operar dentro de México.
Las promesas de larga data de López Obrador de llevar a cabo una cruzada contra la corrupción política casi no han producido resultados significativos. Aunque se anunciaron un puñado de cargos de corrupción al principio de la administración, casi todos contra los adversarios políticos del presidente, casi ninguno fue procesado con éxito.
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Sin embargo, López Obrador sí cuestionó el descrédito de la administración anterior a la Operación Limpieza. En agosto de 2022, su gobierno arrestó a Murillo Karam acusado de ayudar a encubrir las desapariciones de 43 estudiantes en 2014 en el estado de Guerrero. Meses después, el gobierno anunció que el ex fiscal general también enfrentaría cargos de corrupción en relación con más de $1,3 millones en ingresos ocultos y contratos ilícitos de los que supuestamente se había beneficiado durante su mandato. Murillo Karam ha negado los cargos.
El exasesor cercano del presidente, Mollinedo, dejó el lado de López Obrador después de la campaña de 2012 para dedicarse a los negocios. Más tarde se unió a Soto para tratar de establecer un nuevo partido político centrado en el medio ambiente. El esfuerzo fracasó en un año.
Mollinedo le dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, dijo que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos.
Con información de Propublica.
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