Por: Marco Tulio C.
Para la mayoría de los mexicanos que somos cinéfilos, tenemos muy presente la película mexicana del director de cine Luis Estrada, que se intituló “La Ley de Herodes”, o te chingas o te jodes, misma que fue galardonada con 13 Premios Ariel a la mejor película del año 1999, donde la trama principal es el de una comedia satírica sobre la corrupción política en México, durante los mandatos en que el PRI gobernaba nuestro país, y en donde el actor Damián Alcázar dio vida al personaje “Juan Vargas”, quien asumió el cargo de presidente municipal de su pueblo, San Pedro de los Saguaros.
Al aceptar dicho puesto público, inicialmente afirmó que sería honrado, que no mentiría, y que traería a su comunidad progreso y justicia social, pero ya instalado en el puesto, se transformó en una autoridad ambiciosa, corrupta, autoritaria, mentirosa y vil.
Además de lo anterior, Juan Vargas con su mente trastocada por el poder, asumió en su propia persona, no nada más el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, bajo el falso discurso que eso era necesario para realizar obras magníficas en beneficio del pueblo, y que para eso, requería grandes fondos de dinero público para llevar a cabo sus imaginarias obras faraónicas.
Cualquier parecido de “Varguitas” con lo que ahora está pasando en nuestro país, no resulta ser una mera coincidencia.
Esa trama cinéfila, concluye en que el sufrido pueblo no soporta tan injustos y arbitrarios actos y se revelan.
Juan Vargas termina por cometer otros crímenes más, como asesinatos contra quien lo quiso denunciar y descubrir sus raterías e ilegalidades en que incurrió, pero, no obstante de resultar ser un criminal, mitómano, ladrón y corrupto, asumió un cargo legislativo que le dio impunidad sobre los delitos cometidos.
Esa sátira política de 1999, ahora lo vemos tristemente hecho una realidad en nuestro país, puesto que López Obrador, su corcholata Claudia Sheinbaum, así como sus demás compinches en la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados además, con el apoyo ilegal de gobernadores y alcaldes de Morena, ahora se asume como el Gran Tlatoani, Máximo Legislador, y Gran Juez.
En su trastocada mente, afirma que él es el titular de la verdad, y que todo lo que él ordene, se cumpla o se haga cumplir aun en contra de la voluntad popular, pues se asume como el redentor y salvador de la nación, locura que nadie ha querido frenar, y eso es peligrosísimo para nuestra libertad y forma de asociarnos en comunidad.
Bajo esa tragedia en la que nos encontramos, ese nuevo “Varguitas”, legisla sin oposición y juzga sin debido proceso, al grado tal que riesgosamente en perjuicio de la Ley y del Estado de Derecho, propone anular la esencia del Juicio de Amparo, instrumento constitucional de protección de nuestros derechos fundamentales ante la actuación ilegal o arbitraria de las autoridades, planteamiento legislativo autoritario que raya en lo criminal y delincuencial, porque bajo la óptica pervertida de López Obrador, trasgrede principios jurídicos que son la esencia del amparo.
Eso es así, porque para cualquier persona entendida en la lógica, y el sentido común, claramente puede advertir que el art. 107 Constitucional, no tiene ni debe tener restricciones, eso es así, porque el Amparo procede contra leyes y en el Amparo procede la suspensión, o mejor dicho, “las leyes pueden ser suspendidas”, como una garantía con base Constitucional, y esa fórmula jurídica, sólo puede ser restringida en la propia Constitución, por lo que, restringirla por el legislador ordinario, esto sería “como si los patos le tiraran a las escopetas”.
En ese sentido, el Amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales, contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado que se tilda de arbitrario se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
Todo lo cual incide en que en materia de Amparo Directo procederá el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de nuestra Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, y así la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
De ahí, que la trasgresión a la naturaleza jurídica del Amparo que quiere hacer este mal gobierno autoritario de López Obrador, resulte ser una mala copia del delincuente político “Juan Vargas”.
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