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Por: Héctor Barragán.-
Abogados y Poder Judicial sostienen un complejo procedimiento para la defensa de los intereses particulares con alto poder económico, ya que no es más que una minoría con exceso de dinero y relaciones para sostener juicios, defensores y tiempo para demorar años y años (sin pagar las sumas millonarias que el gobierno les exige devolver para resarcir daños, defraudación y similares) que en justicia les corresponde.
Por su parte el gobierno, Ejecutivo y Legislativo tienen que invertir tiempo, recursos humanos por sumas gigantescas, que se agregan al importe de las culpas de los delitos que legítimamente persigue la nación.
El ridículo jurídico que promueven los privilegiados delincuentes, para vergüenza de la “justicia» bien puede durar años, décadas y algo más, con los nombres de los connotados personajes que el delito promueve a la luz pública, mencionando de momento solo dos, Ancira y Lozoya, pero imaginando la posibilidad de recuperar de los juzgados, y sobre todo de los diarios todo un amplio directorio de nombres ligados a la política, particularmente ligada al gobierno Federal, sin temor de extenderlo a los gobiernos estatales y algunos municipales.
Sin menoscabo de que los Derechos Humanos (para los pudientes solamente) cuentan con al beneficio de la prescripción a los equis años, de las responsabilidades, de muchos delitos, No obstante que el incumplimiento de los trámites que evitarían dicho beneficio de prescripción, debe ser objeto de responsabilidad oficial, es decir, configurar delito el incumplimiento.
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