BAILE Y COCHINO…
Por Horacio Cárdenas Zardoni.-

Dicen cínicamente los policías, que siempre es mejor estar detrás de la placa, que delante de ella. En efecto, al menos para ellos, no es lo mismo estar del lado de la ley que en contra de la misma, como tampoco tener un arma, una patrulla, una dependencia gubernamental brindándole el respaldo necesario para hacer su trabajo, aun utilizando la violencia, que haberse robado un carro, tener un arma en la mano que lo puede llevar a ser sentenciado por portación de algo que es exclusivo de las fuerzas armadas, por discriminatorio que eso puede ser y sonar, y más solo que una vela para explicar por qué y cómo llego a estar en una situación en que su vida, o por lo menos su libertad y su integridad física están en peligro, eso para no hablar de cosas materiales, que ya ve que, con lo despreciables que son, allí andamos todos atrás de ellas.
Y sí, ante toda situación, hay por lo menos dos puntos de vista encontrados, que nos sitúan en los extremos de percepción, opinión, y finalmente de una eventual respuesta, si es que nos afecta y está en nuestra mano intervenir, si no, simplemente nos quejaremos, lo cual parece inevitable entre nosotros.
A lo que nos queremos referir en esta ocasión es a la nota aparecida en días pasados en los medios de comunicación, en el sentido de que ahora la Procuraduría para niños, niñas y la familia, la célebre PRONNIF, dispondrá de agentes del ministerio público, adscritos a ella, como medida del gobierno del estado de Coahuila, para facilitar cualquier situación problemática que involucre a este segmento de la población, diferenciándola del resto de las áreas de competencia de la representación social, que dicen que es el ministerio público.

¿Qué le podemos decir?, sí, en primera instancia qué bueno que se separe la función de una fiscalía y ministerios públicos adscritos, para atender a niños, jóvenes y adultos de la tercera edad, dándoles un trato distinto al que se le suele dar en la Fiscalía General del Estado tanto a víctimas como a delincuentes mayores de edad, o al menos con los años suficientes para responder por su conducta ante las autoridades, aunque a veces este parámetro sea bastante cuestionable.
La verdad de las cosas es que en varias ocasiones nos tocó presenciar cómo agentes ministeriales, empistolados y con esa actitud ante la vida tan característica de ellos, acompañaban a madres con niños de brazos, a niños que apenas podían caminar, ante el agente del MP o ante el médico legista, y es cierto que se le estruja a uno el corazón, por lo que vivieron y viven esas personas, y por el trato de las autoridades, que suele ser bastante frío, por decir lo menos.
Al menos en teoría, con ministerios públicos con función exclusiva para los menores y adultos mayores, al menos estarán aislados estos de ir a las oficinas donde los ortos MP reciben a personas acusadas de toda clase de delitos del orden común, así como a sus víctimas, en un desfile de atrocidades y dolores, muy poco edificante para personas que están todavía en la tierna edad de formación, aunque esto también está sujeto a interpretaciones, ya que si andan en trámites en la PRONNIF es que las cosas no andan lo mejor que cabría esperar para ellos.
La justificación está más que clara, según la procuradora María Teresa Araiza Yaguno, tan solo el año pasado la Procuraduría tuvo que intervenir en alrededor de siete mil casos de faltas y delitos que involucran a niños, niñas y adultos mayores, de entre ellos, mil quinientos caen en la categoría de delitos sexuales.
Este grado de incidencia nos da un promedio de 19 delitos diarios, los 365 días del año, 26 diarios si descontamos sábados y domingos, que sabemos que no trabajan las agencias del MP, ni con guardias. Eso, sumado a los crímenes de la población adulta, nos ofrece un panorama del tamaño del problema que enfrenta el sistema de procuración y administración de justicia, del que siempre nos estamos quejando por su ineficiencia ¿y cómo no, quien puede atender tanta víctima y castigar tanto delincuente?, lo mínimo a lo que puede uno aspirar es que no se mezclen los malos con los buenos, los todavía tiernitos con los ya sin remedio, como sea que guste clasificar y cernir delitos, víctimas y perpetradores.

¿Qué desearíamos nosotros como sociedad?, pues que simplemente no ocurrieran esos delitos que afectan a la primera infancia, a los adolescentes, a los adultos mayores que requieren atención y cuidado, a las personas con alguna discapacidad víctimas de desidia y abandono. Siete mil casos al año afectando a estas personas son un demonial, pero lo sería también la mitad o una cuarta parte, quisiéramos que no se presentara ni uno solo, como también que cuando llegaran a ocurrir, que se tomaran las medidas para que no causen un daño permanente a las víctimas, echándoles a perder la existencia.
Lamentable hablar de esto, todavía más no hacerlo, ignorarlo. Por lo pronto bienvenida la medida, solo nos queda desearles que no tengan mucho trabajo…

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