Por: Anabel Hernández/DW
Columna (I)
Mientras en México se descubre el horror de un «campo de exterminio» en Jalisco y la presidenta Sheinbaum encabeza una fiesta popular, el Departamento de Justicia de EE. UU. procesa una explosiva denuncia.
La tarde del 7 de marzo, cuando el sol se posaba sobre el reseco terreno del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un grupo de mujeres cavaba la tierra con la desesperación de quien busca lo irremplazable. Eran las Guerreras Buscadoras de Jalisco, mujeres que persiguen desesperadamente las sombras de aquellos que en vida se desvanecieron en la niebla de la impunidad. Así, empezaron a brotar de la tierra gris los fragmentos de una infame historia que nadie quería contar, y que el gobierno de México, en todos sus niveles, toleró.
Primero, fueron los huesos. Un molar, testigo mudo de un grito ahogado. Un pedazo de cráneo ennegrecido por el fuego, el vestigio de una memoria convertida en cenizas. Luego, las extremidades, como raíces cortadas de golpe, huellas de un sufrimiento sin tiempo ni nombre. Y al fondo, en la penumbra del hallazgo, decenas de pares de zapatos, desordenados como si sus dueños hubieran sido arrancados de ellos en un solo y terrible instante.
No era solo una fosa, ni un simple cementerio clandestino. Era un «campo de exterminio» donde el Cártel Jalisco Nueva Generación había erigido su reino de terror. Allí, el olvido era una orden y la muerte, una estadista. Porque en México, donde la violencia ha echado raíces profundas y las autoridades han aprendido a mirar hacia otro lado, las alianzas entre criminales y funcionarios se sellan con silencios y complicidades desde hace lustros.
Se calculan al menos doscientas víctimas de todas las edades: menores de edad, adolescentes, mujeres y hombres que probaron el infierno en vida.
Las crudas imágenes que han circulado son el costo de los «abrazos y no balazos» establecidos durante seis largos años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación en México, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el poder.
El campo del horror probablemente estuvo en funcionamiento desde el 2018; la absurda negación de la violencia y el crimen que el gobierno de AMLO impuso como discurso oficial permitió que las infames prácticas de reclutamiento forzado, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y crematorios clandestinos prosperaran en el infierno llamado «rancho Izaguirre”.
Dos días después de los brutales hallazgos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un festejo masivo en el zócalo de la Ciudad de México para celebrar que, aunque la Casa Blanca acusa directamente a su gobierno de tener complicidad con el crimen organizado, Donald Trump aplazó un mes más la aplicación del aumento de aranceles a México.
Las dos estampas del México actual son irreconciliables. Hay una disociación de fondo entre la sociedad y el gobierno. Mientras la población vive una cruda realidad bajo el yugo de los carteles narco-terroristas, la clase política en el poder pareciera danzar sobre su dolor y muerte.
Esta situación podría dar un giro inesperado.
En el Departamento de Justicia de Estados Unidos se gesta una indagatoria que podría significar un cambio importante a esa disociación que se vive en México.
Denuncia contra AMLO y miembros de Morena en fiscalía de NY
Desde diciembre 2024 existe en una fiscalía federal de Nueva York, un expediente contra el ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de extracción morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Tuve acceso a una versión pública del documento. Se trata de una denuncia presentada por un particular, que señala que al tener conocimiento de actos posiblemente delictivos ha entregado al Departamento de Justicia de Estados Unidos los elementos de prueba.
En el expediente de más de 192 páginas se acusa a AMLO y a los dos gobernadores en funciones de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste y Cartel del Golfo, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial MORENA entre 2018 y 2024.
En la narración de hechos y pruebas testimoniales presentadas el escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la Secretaria del Bienestar, responsable de administrar los programas sociales emprendidos por AMLO para atender la pobreza.
Los documentos que se encuentran en una corte federal de NY contienen testimonios directos, en audio y video de operadores electorales de MORENA.
Los hechos narrados en la denuncia coinciden con el modus operandi revelado en este espacio desde enero 2024 cuando di a conocer una investigación de la DEA sobre el financiamiento del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.
Y coinciden con la acusación del gobierno de Estados Unidos hecha a principios de febrero pasado y reiterada el 4 de marzo, de que en México existe una relación entre el gobierno actual y los carteles de la droga que es «intolerable”.
En esta colaboración en DW comparto la primera parte de la truculenta historia de corrupción, ambición, dinero y narcos denunciada ante fiscales federales de NY.
La denuncia
En el expediente en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos se acusa a AMLO, Rocha Moya y Villarreal, de aceptar acuerdos con distintas organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, declarados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
En la denuncia se afirma: «El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA, incluyendo a Américo Villarreal Amaya («Villarreal»). Estos cárteles proporcionaron dinero en efectivo para financiar las campañas a la gubernatura de MORENA en Sinaloa (2021) y Tamaulipas (2022)”.
También se asegura que hubo «financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de MORENA por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga (incluyendo el Cártel del Noroeste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas), quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales por un monto de 500 millones de pesos mexicanos dirigido al gobierno federal mexicano”.
De ambos hechos, se acusa que el expresidente López Obrador tenía conocimiento y dio su anuencia.
Si una corte federal encontrara culpabilidad de los tres morenistas por dicha acusación, la sanción a la que podrían ser sujetos va de diez años de prisión hasta cadena perpetua.
El expediente consta de 192 páginas. Contiene páginas redactadas, como es habitual en documentos que se encuentran en fiscalías o en cortes federales, bajo sello.
El denunciante es una persona moral privada. Presentó la denuncia bajo sigilo tras acceder a información sobre posibles delitos y como opera en EE.UU., notificó a las autoridades de justicia.
La entidad denunciante dijo haber llevado a cabo su propia investigación en el primer semestre de 2023, asegurando que cumplió con las normas legales de cada jurisdicción y obtuvo asesoría legal. Grabó conversaciones respetando las leyes locales, incluyendo aquellas que permiten la grabación con el consentimiento de una sola parte.
A través de LinkedIn y otras plataformas, contactó a testigos clave de una red de narco-política vinculada a MORENA, incluyendo a María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez y Horacio García Rojas, operadores electorales del partido. Sostuvieron reuniones con ellos en espacios públicos y por teleconferencia, contando con testigos.
Las pruebas incluyen grabaciones en audio y video de sus testimonios. En México algunas fracciones de esas grabaciones han sido filtradas a medios de comunicación durante los últimos meses. Pero es hasta hoy que se sabe que esas registraciones son parte de las pruebas que constan en la denuncia presentada contra AMLO, gobernantes y líderes del partido MORENA.
Además de leer el expediente, pude escuchar las grabaciones completas de las revelaciones de Jocelyn Hernández y Horacio García, de este modo se puede entender con crudeza el modus operandi de la complicidad de miembros de MORENA con el crimen organizado.
Candidatos del partido Morena a cambio de dinero criminal recibido para sus campañas dieron posiciones políticas a los carteles de la droga como cargos en los equipos de gobierno estatales, alcaldías, diputaciones, y regidurías.
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