EE. UU., 14 de agosto 2025.- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el jueves en una rueda de prensa la construcción de un nuevo centro de detención para inmigrantes en una prisión al norte del estado, a 43 miles de Jacksonville. Tendrá capacidad para 1,300 personas ampliables a 2,000 y se llamará Deportation Depot.
“Estará funcionando pronto, no va a tardar una eternidad, pero tampoco nos estamos apresurando a hacerlo hoy mismo”, dijo. “Hay una demanda para esto”, afirmó DeSantis sobre la opción de llega a 2,000 detenidos, “estoy seguro de que se llenará”.
El centro se construirá como un campamento estilo tiendas de campaña dentro de la Institución Correccional Baker, que ha estado vacía y sin funcionamiento desde 2021, en una zona rural entre Tallahassee y Jacksonville.
El gobernador destacó la relativa facilidad de instalar el centro norte en una prisión ya existente, estimando que el costo de la construcción será de 6 millones de dólares. Esto se compara con los cientos de millones de dólares que el estado ha comprometido para construir la vasta red de tiendas de campaña y remolques en el centro sur, en los escarpados y remotos pantanos de Florida.
“Esta parte de las instalaciones no se está utilizando actualmente para los presos estatales. Simplemente nos permite entrar, ponerla en marcha rápidamente y de forma económica”, aseveró DeSantis sobre la prisión estatal, calificando el lugar como “listo para utilizarse”.
Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia encargada de construir las instalaciones de inmigración, indicó que podrían tardar entre dos y tres semanas en poner en funcionamiento las instalaciones. “Un lugar que ha estado inactivo durante un par de años va a presentar algunos retos imprevistos”, indicó Guthrie.
DeSantis aseguró que en Deportation Depot los inmigrantes “tendrán tres comidas al día, instalaciones médicas y farmacia las 24 horas del día; los 7 días de la semana, acceso a patios cubiertos y al aire libre, servicios de apoyo legal y religioso, una lavandería. Tendrán todo lo que exige la legislación federal o estatal para los centros de detención; lo mismo que en Alligator Alcatraz”.
No obstante, los abogados de los detenidos en las instalaciones de Alligator Alcatraz han calificado las condiciones en el lugar como deplorables, y han emitido en un escrito judicial que algunos detenidos muestran síntomas de COVID-19 sin estar separados del resto de la población. El agua de la lluvia inunda sus tiendas de campaña y los funcionarios van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.
“Las condiciones recientes en Alligator Alcatraz han alimentado una sensación de desesperación entre los detenidos”, indicaron los abogados en el escrito judicial.
El anuncio del nuevo centro de detención para inmigrantes llega en un momento en el que Alligator Alcatraz, al sur de Florida, enfrenta un desafío legal que pretende detener de manera definitiva sus operaciones alegando motivos medioambientales.
La semana pasada la jueza federal Kathleen Williams ordenó una suspensión de dos semanas de nuevas obras, que no incluye ninguna restricción a las operaciones de aplicación de las leyes migratorias en el centro, que actualmente alberga a cientos de detenidos. El centro, que se construyó hace dos meses en un aeropuerto abadonado, está diseñado para albergar hasta 3,000 detenidos en estructuras improvisadas de tiendas de campaña.
La orden prohibió temporalmente la instalación de cualquier nuevo sistema de iluminación de tipo industrial, así como de pavimentación, relleno, excavación, vallado o construcción de edificios, tiendas de campaña, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas adicionales.
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee quieren que Williams dicte una orden para detener las operaciones y la construcción que, según afirman, amenaza humedales sensibles desde el punto de vista medioambiental con plantas y animales protegidos, y echaría por tierra miles de millones de dólares en restauración.
Los abogados del Gobierno estatal y federal han afirmado que, aunque el centro de detención alberga a detenidos federales, la construcción y el funcionamiento de las instalaciones dependen totalmente del estado de Florida, lo que significa que no aplicaría la ley ambiental federal. La semana pasada, sin embargo, la jueza señaló que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el Gobierno estatal y el federal.
Con información de Telemundo.
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