¿Quiénes son los responsables de la magnitud de los daños en las recientes inundaciones en el país?
Por: Dr. Eugenio Deister.-
Los directamente responsables, pues el 90% de estos fueron daños y consecuencias evitables, por lo tanto la responsabilidad recae por Ley en orden jerárquico en:
La Secretaría de Economía de la cual depende el SGM, Servicio Geológico Mexicano, órgano autónomo para la prevención de riesgos de desastres naturales, ya que entrega año con año el mapeo nacional donde identifica puntualmente las zonas de alto riesgo.
Podemos concluir que la Secretaría de Economía no le da prioridad a este tema y menos interactúa de manera permanente con lo gobiernos estatales.
Lo más delicado es que recientemente el SGM trabajó con el gobierno de Hidalgo para este propósito en la región Otomí; la pregunta, para fincar las responsabilidades de los devastadores daños provenientes de estas inundaciones en el resto de Hidalgo, ¿serán qué reside en el Gobierno del Estado? Desde luego la CDMX y los otros estados donde ocurrieron inundaciones incurrieron en omisiones también de prevención y atención oportuna en tiempo y forma efectiva.
El segundo lugar, le corresponde a la Secretaria de Gobernación, donde tiene sede el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) creado en 1986, y con la aprobación de la Ley General de Protección Civil, es que adquiere su marco jurídico, junto con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEM) en el año 2000, entonces resulta hoy más grave que se infrinja la Ley por omisión y desidia de prevenir y atender oportunamente a los damnificados con los recursos que la ley les confiere.
La tercera responsabilidad recae en la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, porque su misión es prevenir enfermedades infecto-contagiosas ante inminentes riesgos de catástrofes de salud y epidemiológicas que conlleven a problemas de salud pública, por la posible transmisión de enfermedades infectocontagiosas, pues al surgir estancamientos de agua y de las aguas negras de drenajes, aunado a contaminación por filtración de ellas a los abastecimientos de agua municipales presentes en toda inundación, se agregan a ello aguas estancadas en viviendas y calles más acumulo de lodo y basura con residuos fecales de humanos y animales.
Por lo tanto este hecho se convierte en urgencia, siendo inminente para el sector salud estatal y federal acudir de inmediato con equipos de detección y tratamiento de aguas de manera preventiva, agilizar la identificación de bacterias, virus y parásitos, por sus inspectores sanitarios, en conjunto con la Cofepris, Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que identifique, vía toma de cultivos, las bacterias, virus y parásitos presentes, y defina el tiempo y duración aproximado de riesgo epidemiológico y supervise, al monitorear las medidas de contención de propagación infecciosa, hasta obtener los resultados óptimos de laboratorio, de no desarrollo de bacterias, virus, parásitos y hongos en viviendas, agua potable y pozos.
Derivado de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, debe establecer y aplicar un esquema de vacunación y un cerco sanitario, para los damnificados acorde al diagnóstico y pronóstico del surgimiento de posibles enfermedades, basado en los agentes infecciosos encontrados, al igual dar pláticas a la comunidad afectada sobre promoción a la salud, como son: medidas preventivas sanitarias, y trabajar en conjunto con la Cofepris y la CONAGUA para agilizar la eliminación de aguas estancadas, tratamiento de biorremediación de aguas residuales para limpieza de áreas y sanitarios, al igual lograr el flujo de agua potable de consumo humano a la brevedad.
Como usted, amable lector, se puede percatar, nada de lo aquí relatado se llevó a cabo.
Los otros hechos que saltan a la vista desde tiempo inmemorial en este país y el mundo en general, es un hecho que parece coincidencia global; el por qué invariablemente los más afectados resultan las poblaciones más vulnerables en lo social y económico.
La respuesta es sencilla, la razón es económica, es decir habitan en donde los terrenos son los de menor costo en sus municipios, estos terrenos siempre son los de la peor ubicación topográfica, son los del nivel más bajo de la superficie territorial del municipio, por lo tanto donde ya no existen salidas de flujos de agua cuando llueve y generalmente tampoco gozan de drenajes para aguas residuales y negras efectivos, el subsuelo carece de estratos de filtración, es muy calizo y frágil, contamina de inmediato el subsuelo próximo y a distancia, no se diga lo que provoca la ausencia física de banquetas y coladeras, en síntesis se vive en condiciones permanentes de alto riesgo ante cualquier fenómeno de la naturaleza.
Lo peor, es que la autoridad municipal, el gobierno estatal y federal lo saben y no toman las medidas paulatinas para resolverlo y prevenirlo, bien pueden invertir año con año en un plan de desarrollo comunitario.
El otro hecho imperdonable es que cuando los gobiernos otorgan terrenos de razón social en comodato (sin costo o impuestos por cien años) para asentamientos humanos o construcción de hospitales del IMSS, ISSSTE y Salud, al igual de albergues y refugios, cabe comentar, que todos sin excepción deben contar con permisos de construcción de la Cofepris y en estas condiciones acorde a sus asentamientos en áreas de riesgo jamás las podrían obtener, pues no cumplen con los requisitos y, las ya existentes, tendrían que adecuar materiales en áreas vulnerables, y remodelarlas como trasladar a pisos superiores los sectores más críticos; consulta externa, urgencias, quirófanos, internamiento, banco de sangre y laboratorios.
Y es que los gobiernos otorgan los terrenos en comodato o los donan en las peores zonas u áreas de las ciudades a sabiendas de los riesgos, inminentes, por eso cuando acontecen los devastadores eventos, fingen sorpresa o se justifican, esto es sólo un comportamiento político de cinismo.
El ciclo vicioso que permite que esto suceda año con año, es el que ninguna institución de las involucradas respeta la ley y la regulación de salud, así las Instituciones que deben aplicarla, ya que se encuentran dentro de sus atribuciones constitucionales y no lo realizan son la Cofepris y la Fiscalía General de la Republica a través de la SEIDO.
La premisa legal por antonomasia es que: nadie se encuentra por arriba de la ley, en teoría, ni el Ejecutivo Federal.
Finalizó comentando, queridos lectores, que pueden confiar en mis aseveraciones, ya que conozco muy bien tanto el IMSS como la Cofepris pues ocupé cargos de relevancia a nivel central en ambas instituciones durante años, pues me fue posible intervenir en eventos y asuntos críticos de relevancia nacional e internacional, y conozco las atribuciones legales que les confiere la ley.
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