Uruapan, Mich.,18 Diciembre 2025.- Un peritaje independiente en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez determinó que la bala que acabó con la vida del presunto asesino fue disparada desde el arma de un escolta, contradictorio a la versión oficial difundida por la Fiscalía General de Michoacán, que sostiene que la misma pistola del homicida fue la que lo abatió.
El análisis balístico solicitado por la defensa de los escoltas procesados por el homicidio del edil concluyó que los casquillos hallados en la escena corresponden a dos armas diferentes. Según el criminalista, seis casquillos tienen marcas que coinciden con la pistola usada por el atacante, mientras que un séptimo —localizado en la jardinera donde se produjo el forcejeo con los guardianes de Manzo— porta marcas compatibles con el arma de cargo de uno de los escoltas. 
La fiscalía, encabezada por Carlos Torres, había afirmado que los siete disparos realizados en la Plaza de Uruapan el 1 de noviembre provinieron únicamente de la pistola Pietro Beretta de 9 mm atribuida al agresor. La institución también señaló que un escolta identificado como Demetrio de la Cruz utilizó la misma arma del homicida para abatirlo tras el ataque. 
La defensa presentó el dictamen balístico ante el juez del caso como prueba, y el abogado Gustavo Carreón denunció públicamente que el casquillo identificado con la leyenda “Águila” no coincide con los patrones balísticos de los otros seis casquillos, y sí con el arma oficial del escolta. El fiscal, no obstante, ha desestimado el peritaje independiente argumentando que la versión de una sola arma es la correcta y será el juez quien deba determinar la verdad de los hechos. 
En la defensa de los escoltas, Carreón cuestionó la acusación de omisión de los guardianes al asegurar que, en segundos, la escolta Monserrat Hernández incluso resultó herida al intentar proteger al alcalde Manzo, según el expediente clínico que, aseguró, no fue debidamente valorado por el juez. 
La fiscalía sostiene que los escoltas actuaron con omisión al no evitar el ataque y sostiene que si se les prueba actuar “con dolo o intencionalmente” podrían enfrentar penas de 20 a 50 años de prisión. La defensa insiste en que el peritaje balístico plantea dudas substanciales sobre la narrativa oficial, y reta a las autoridades a justificar científicamente su versión.
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