Torreón, Coah., 19 de diciembre 2025.- Luego de más de siete años sin sentencia, el próximo 22 de diciembre dará inicio el juicio oral contra Florencio Siller, exalcalde de Frontera, Coahuila, acusado de amenazar a la periodista Mayra Cisneros Reyes por hechos ocurridos en junio de 2018.
La organización Propuesta Cívica informó que el proceso penal se relaciona con una serie de agresiones cometidas durante la cobertura de campañas electorales de ese año, cuando la periodista fue víctima de amenazas, privación ilegal de la libertad y actos de tortura, situación que la obligó a suspender su labor informativa y desplazarse de su lugar de origen.
Detallaron que, pese a que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2018 y judicializada a finales de 2019, el caso tardó seis años en llegar a la etapa de juicio oral, manteniendo a la víctima en una condición prolongada de vulnerabilidad.
La directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló que este caso refleja la violencia estructural que enfrentan periodistas en México, donde en múltiples ocasiones las agresiones provienen de autoridades. Agregó que el Poder Judicial tiene ahora la responsabilidad de garantizar justicia y permitir que la periodista pueda comenzar a reconstruir su vida.
La organización hizo un llamado al Poder Judicial Federal y, en particular, al juez José Daniel Olvera López, para que el proceso se conduzca con imparcialidad, independencia y una clara perspectiva de derechos humanos, garantizando el debido proceso y el derecho de la víctima a la verdad y la justicia.
Precisaron que la audiencia está programada para las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre y se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón. Indicaron que el juez a cargo fue electo en el reciente proceso de elección del Poder Judicial celebrado en junio de 2025.
Propuesta Cívica recordó que, tras concluir la etapa intermedia del proceso en marzo de 2022, las autoridades pretendían diferir el juicio hasta septiembre de 2026, lo que calificaron como una violación al derecho constitucional de justicia pronta y expedita, además de una revictimización de la periodista.
Ante esta situación, la organización promovió un juicio de amparo indirecto, lo que permitió corregir la calendarización y fijar el inicio del juicio para diciembre de este año. El organismo reiteró que continuará vigilando el desarrollo del proceso y exigió que se rompa el ciclo de impunidad en los delitos contra la libertad de expresión.
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