Por: Luis Enrique Morales.-
CDMX., 20 febrero 2026.- A 142 días del estallamiento de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el conflicto laboral ya dejó de ser únicamente un pleito entre sindicato y patronato: es también una muestra de la inacción y el valemadrismo del gobierno federal frente a una crisis social y laboral que sigue golpeando a trabajadores y usuarios en todo el país. En Torreón, por ejemplo, dirigentes sindicales reportan que las negociaciones entraron en “receso hasta nuevo aviso” y que los más de 2 mil trabajadores en todo el país siguen sin cobrar su salario, aguinaldo, ahorro y vacaciones.
El dato político es el más duro: mientras el paro se prolonga, la respuesta federal visible ha sido básicamente la misma desde el principio—llamados al diálogo y presencia de funcionarios en mesas sin resultados—pero no una intervención de fondo que destrabe el conflicto. La propia cobertura de enero da cuenta de reuniones en el Centro Federal de Conciliación con funcionarios federales presentes, pero ineptos y desinteresados para levantar la huelga.
Y eso ocurre pese a que el conflicto ya recorrió una ruta legal suficientemente clara. El Tribunal Laboral Federal ordenó en octubre un recuento para que la base trabajadora ratificara o rechazara la huelga; después, 75.2% de los trabajadores votó por mantener el paro; y más tarde el Tribunal declaró la huelga como legalmente existente, desechando los argumentos de la administración que buscaban tumbarla. Es decir: no se trata de un conflicto “difuso” ni de una protesta sin sustento; hay respaldo mayoritario y validación jurídica.
Con ese contexto, la inacción del gobierno de Claudia Sheinbaum luce más grave. Porque una cosa es respetar la autonomía de las partes y otra muy distinta es limitarse a administrar el desgaste. La Secretaría del Trabajo sí ha emitido llamados al diálogo y recordó que en 2024 ya había mediado un acuerdo; pero hoy, con una huelga prolongada, legalmente reconocida y con afectaciones crecientes, no basta con “invitar” a negociar. La Federación tiene margen político e institucional para encabezar una salida más firme, y sobre todo tiene la obligación de que se cumplan los acuerdos firmados en el contrato colectivo.
El antecedente histórico lo deja todavía más claro: en la huelga de 1997-1998, Cuauhtémoc Cárdenas sí intervino. La crónica de entonces documenta que, tras más de cinco meses de conflicto, sindicato y patronato solicitaron su arbitraje y Cárdenas, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, lo aceptó; el laudo quedó depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sustento jurídico formal. Antes, el choque había estallado justamente por una combinación explosiva de demanda salarial y disputa por cláusulas del contrato colectivo. El paralelismo con el conflicto actual no es menor.
Ese contraste debería incomodar a Palacio Nacional. Porque, a diferencia de aquel episodio, hoy no se ve una conducción política de alto nivel que asuma el costo de intervenir para cerrar una crisis que afecta a una institución emblemática y a miles de familias. En los hechos, la señal ha sido: “sigan dialogando”, aunque el diálogo lleve meses empantanado. Y mientras tanto, el conflicto se pudre.
Los efectos ya están a la vista. Oficialmente, las 302 sucursales permanecen cerradas desde la votación de noviembre y sin fecha definida para reabrir; la propia institución remite a pagos por vías alternas y reconoce que, en varios esquemas, los intereses siguen generándose diariamente. Es decir, el costo del estancamiento no lo paga sólo la mesa negociadora: también lo pagan usuarios que dependen del Monte de Piedad para sostener su economía cotidiana. Usuarios que pagan su prenda, pero no la reciben de vuelta, pues está «secuestrada» por la cerrazón del patronato y la apatía de la presidenta.
La Federación, en particular el gobierno de Sheinbaum, ya no puede escudarse en que “el asunto está en trámite”. El trámite ya ocurrió: hubo recuento, hubo resolución del tribunal, hubo mesas con autoridades y no hay solución. Si en 2024 la STPS y el CFCRL lograron acompañar una salida avalada por 84.2% de los trabajadores, y si en 1998 hubo arbitraje político para destrabar un conflicto similar, hoy lo mínimo exigible era una intervención federal más decidida para construir una ruta de arbitraje o conciliación vinculante con plazos y responsabilidades claras. No hacerlo también es una decisión. Y, hasta ahora, la decisión ha sido equivocada.
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