ESPECTADOR // Luis Fernando Hernández González
El blindaje de seguridad ante la incursión que se ha presentado en otras partes de la república en cuanto a la participación indiscriminada del dinero sucio y del crimen organizado, obliga a muestra entidad a tomar las medidas pertinentes que permitan transitar por un andamiaje de veracidad, certeza, equidad y transparencia en cada uno de los procesos políticos a realizar em nuestra entidad.
Bajo la expresión de integrantes del esta legislatura y el sentir en particular en particular de la diputada Edith Hernández se presentó un exhorto dirigido al Instituto Electoral de Coahuila para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado y los 38 municipios, se diseñe e implemente un programa integral de blindaje electoral.
Agregando en su propuesta la legisladora el señalamiento de que no se trata de una medida inédita, sino de un mecanismo que ya ha sido aplicado en procesos electorales anteriores mediante comisiones interinstitucionales de blindaje electoral
Este exhorto plantea que este programa contemple entrevistas y reuniones con titulares de dependencias de los tres órdenes de gobierno que operan programas sociales, a fin de conocer y supervisar las medidas que aplicarán para blindar dichos apoyos durante el periodo electoral.
“Garantizar elecciones limpias no es una opción, es una obligación del Estado”, expuso la diputada, al advertir que el proceso electoral en puerta será altamente competido y, por lo tanto, exige mayores controles y vigilancia institucional.
En ese sentido, sostuvo que no existen razones para omitir un programa de blindaje electoral cuando está en juego la confianza ciudadana en las instituciones.
El llamado también enfatiza que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con los 38 municipios, deben actuar de manera coordinada para asegurar condiciones de equidad, imparcialidad y legalidad.
En referencia el mismo Consejo de las Instituciones Coahuilenses, ha expresado el interés de seguridad y la necesidad de brindar un blindaje en la política participativa donde candidatos y ciudadanos posean la confianza en la vida social del estado alejado de todo acto pernicioso que este relacionado con la criminalidad.
Para ello, conforme a la exposición de algunos medios informativos existe la posibilidad de que el Instituto Electoral de Coahuila emita un acuerdo que lo obligue a investigar a fondo a los aspirantes a candidatos, sus recursos y relaciones organizativas que denoten riesgo para la sociedad y su desenvolvimiento legal.
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