Nueva York, EU., 29 de abril de 2026.- El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas, relacionados con una supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la acusación fue anunciada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quienes señalaron que los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Además de Rocha Moya, la acusación incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Según la fiscalía estadounidense, los señalados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de apoyo político y sobornos millonarios. La acusación sostiene que el grupo criminal habría operado con protección de funcionarios estatales y municipales en Sinaloa.
El documento judicial también señala que algunos de los acusados presuntamente proporcionaban información sobre operativos militares y policiales, protegían cargamentos de droga y escoltaban actividades criminales. En el caso de Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, se le imputaron cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023.
El fiscal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa no podría operar con éxito sin el respaldo de políticos y agentes corruptos, mientras que la DEA calificó a la organización criminal como una amenaza directa contra las instituciones públicas.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses precisaron que los acusados se encuentran en México y que, conforme al proceso judicial, se les presume inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en tribunales.
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