El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) enfrente el peor narco escándalo de su historia, luego de una serie de investigaciones, acusaciones y señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos, por la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de seguridad pública en el país.
El Gobierno de Donald Trump señaló al gobernador con licencia de Sinaloa, emanado de Morena, Rubén Rocha Moya y a nueve de sus colaboradores formaban una amplia red que protegía a cárteles del narcotráfico.
Los casos más reciente son las detenciones en EU de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. los exfuncionarios fueron trasladados a Nueva York y recluidos en el mismo centro penitenciario que Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
La Fiscalía estadounidense acusa a Mérida Sánchez de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de colaborar con integrantes de “Los Chapitos”, brindando protección institucional a cambio de beneficios económicos y políticos.
El escándalo ya se veía venir, luego que en el último año el presidente estadounidense Donald Trump insistiera en la supuesta relación entre el crimen organizado y el gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo en tráfico de fentanilo y la violencia vinculada a los cárteles, asegurando que “México es gobernado por los cárteles del narcotráfico y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, además de advertir que “si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”.
Meses atrás, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato del morenista Adán Augusto López Hernández, fue detenido en Paraguay y actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano en el que enfrenta cargos por delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada.
Así como los señalamientos directos al propio Adán Augusto López Hernández y el caso conocido como “La Barredora”, organización criminal mencionada en investigaciones con presuntas redes de protección y operación política en el sureste del país.
En paralelo, han surgido investigaciones y denuncias sobre redes de robo y tráfico ilegal de combustible (huachicol) con la presunta participación de altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), implicando además a familiares del exsecretario Rafael Ojeda.
Destaca el caso del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y acusado de liderar una red de “huachicol fiscal”, rechazando ser extraditado a México con el argumento de que su vida corre peligro en territorio mexicano.
Cada vez hay más gobernadores por Morena señalados en investigaciones y diversas fuentes, por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien ha sido señalado por la presunta operación con sicarios del Cártel del Noreste durante procesos electorales a favor de Morena.
Así como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su entonces esposo, Carlos Torres, a quienes el gobierno de Estados Unidos revocó su visa en mayo de 2025 debido a investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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