Por: Edgar Eduardo Tolentino Armendariz.-
Después de más de 6 semanas de hacer de las suyas, 13 denuncias interpuestas ante la Fiscalía del Estado y una supuesta iniciativa de Ley para castigar los actos vandálicos a la infraestructura hídrica anunciada por el Gobernador del Estado, el Gerente del Simas Torreón ha dicho que los ataques a los pozos de abastecimiento han cesado. Lo anterior, con gran precisión política, pues ocurre solo unos días después de concluidas las elecciones para diputados locales.
Desde cortes de cables hasta supuestos intentos de robo de bombas y desconexión de tubería, estas afectaciones a la infraestructura hídrica parecen una broma de mal gusto: una cortina de humo para ocultar el colapso de un sistema de abastecimiento que lleva décadas agonizando. Esa crisis que quieren ocultar no va a desaparecer culpando a cholos, encapuchados, con videos de 40 segundos en Tiktok simulando cercanía con la población, o con notas de medios de comunicación comprados.
A pesar de los intentos por crear una narrativa alterna en la que los culpables son los maleantes y no los presentes y pasados administradores del Simas, los golpes de realidad son más duros: colonias enteras sin agua, baja presión, fugas, cobros excesivos e ilegales, manifestaciones que afectan las vías de comunicación y un largo etcétera.
Según los informes trimestrales de avance de gestión financiera del año 2025, el Simas Torreón tiene un presupuesto de egresos que asciende a los mil millones de pesos con una plantilla laboral de casi 1000 trabajadores de los cuales 642 son sindicalizados.
Del presupuesto antes mencionado, la mayor parte se distribuye en gasto corriente (pago de nómina entre otros) y una pequeña fracción se usa para inversión, no más de 200 millones anuales. Lo anterior significa que el margen para robustecer la infraestructura hídrica es muy pequeño y el dinero de los laguneros se utiliza principalmente para el pago de trabajadores.
Comparando Simas con toda la administración municipal, esta última cuenta con casi 3,000 empleados siendo 1,335 sindicalizados. Mientras Simas, con sus mil empleados, solo se encarga de administrar el agua, el Ayuntamiento cuenta con casi 80 unidades administrativas para el despacho de tareas relacionadas a obras públicas, plazas y mercados, protección civil, deportes, medio ambiente, DIF y muchas más. Por lo tanto, resulta insostenible que un organismo con 1,000 empleados y un presupuesto de mil millones de pesos simule que trabaja e invierte en infraestructura. Mucha burocracia para tan poca agua.
El ejemplo anterior es solo uno de múltiples perspectivas para analizar las causas del colapso. Sin embargo, esto no forma parte del debate público o las notas periodísticas. Tampoco se habla de la crisis de salud y ambiental, como la intoxicación lenta por agua contaminada y el abatimiento del acuífero; de la politización de la crisis del agua, evidente en la nula preparación para la interconexión con el proyecto Agua Saludable y la necedad de perforar pozos que se agotan en un par de años; o de la corrupción municipal, que usa al Simas como la caja chica del ayuntamiento, repartiendo contratos a los cuates y pagando favores políticos con puestos para aviadores.
Pareciera que es más fácil hablar de “vandalismo”, de “pozos que se agotan como en todo el mundo” que en realidad buscar una solución integral a la problemática de administración y suministro del agua urbana. Mientras los medios cubren el amarillismo, las mentiras y las notas sensacionalistas, los ciudadanos que sufrimos los estragos de este colapso debemos exigir una verdadera rendición de cuentas y una gestión técnica, no política.
Merecemos un organismo operador digno, transparente y con capacidad real de garantizar el agua para todos. El guasón no existe; la mala administración, la corrupción y el colapso, sí.
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