RETRIBUCIONES
Por: Luis Enrique Morales.-
Poco a poco la pinza de la justicia comienza a cerrarse sobre la cabeza del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer movimiento ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue trasladado contra su voluntad —según su propia versión— hasta un pequeño aeropuerto de Nuevo México. Aquel misterioso vuelo, realizado entre traiciones, secuestros, engaños y acuerdos todavía desconocidos, no sólo llevó a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo a una prisión estadounidense: también abrió una grieta por la que comenzaron a escapar los secretos acumulados durante medio siglo de complicidades políticas.
En agosto del 2025, Zambada terminó por declararse culpable de encabezar una empresa criminal continuada y de participar en una estructura de delincuencia organizada. Aceptó que pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense y consintió el decomiso de una fortuna calculada en 15 mil millones de dólares. El viejo capo, aquel que durante décadas logró permanecer invisible para los gobiernos mexicanos, cayó finalmente en manos de quienes acostumbran convertir la información en moneda de cambio.
Desde entonces, una pregunta comenzó a recorrer los pasillos más oscuros de la política mexicana: ¿qué sabe ‘El Mayo‘ y cuánto está dispuesto a contar?
La respuesta comenzó a insinuarse el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de haber conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a territorio estadounidense.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán habrían ayudado a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante la intimidación y el secuestro de adversarios políticos. A cambio, el gobernador habría prometido proteger las operaciones de Los Chapitos, permitiéndoles actuar con impunidad dentro de Sinaloa.
Pese a todas las pruebas en su contra, Rocha niega los cargos y deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia. Pero una acusación federal de esta naturaleza no puede esconderse debajo de la alfombra mañanera ni desaparecer mediante alguno de esos discursos patrioteros en los que Morena confunde la soberanía con el derecho de sus integrantes a no rendir cuentas.
No fue la oposición mexicana la que acusó al gobernador. No fueron los conservadores. No fue Claudio X. González, Carlos Loret de Mola ni alguno de los tantos enemigos imaginarios que diariamente fabrica la Cuarta Transformación.
Fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Y la pinza continuó cerrándose.
Gerardo Mérida Sánchez, antiguo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo gobierno, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Los dos habían formado parte del círculo cercano de Rocha; los dos aparecen dentro de la misma acusación; los dos se encuentran ahora en manos de una justicia que acostumbra ofrecer beneficios a cambio de información.
No se ha confirmado públicamente que sean testigos protegidos ni que hayan declarado contra su antiguo jefe. Pero tampoco es necesario ser adivino para comprender el dilema que enfrentan.
En las prisiones estadounidenses, la lealtad partidista tiene una duración directamente proporcional a los años de condena.
Cuando un acusado contempla la posibilidad de pasar el resto de su existencia detrás de las rejas, los antiguos amigos se convierten en nombres, las reuniones privadas en testimonios y los secretos compartidos en pruebas para negociar la propia supervivencia. Es entonces cuando el honor se vuelve un lujo, el silencio una condena y la traición la única puerta que parece quedar abierta.
De acuerdo con un reportaje atribuido a The New York Times, alrededor de una decena de políticos de Morena —entre gobernadores y legisladores— se habrían acercado discretamente a las autoridades estadounidenses para proporcionar información sobre otros integrantes de su partido, intentando adelantarse a investigaciones que temen puedan alcanzarlos.
Los señalados lo niegan. Claudia Sheinbaum asegura no tener conocimiento de semejante cooperación. Morena acusa una campaña extranjera para debilitar al movimiento.
Pero la sola existencia de esa versión ha sembrado algo mucho más peligroso que cualquier orden de aprehensión: la desconfianza.
Hoy, cada gobernador morenista debe preguntarse si su compañero ya habló.
Cada senador debe observar con recelo al diputado sentado junto a él.
Cada funcionario debe recordar las reuniones, los acuerdos, las fotografías, los viajes y los favores que alguna vez creyó enterrados para siempre.
Morena comienza a padecer el mismo mal que destruye a las organizaciones criminales cuando sus integrantes son capturados: nadie sabe quién negoció primero ni qué nombres colocó sobre la mesa.
Después de Rocha aparecieron los nombres de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas.
Los Ángeles Times publicó que ambos estarían sujetos a investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado y que sus visas habrían sido canceladas. El periódico aseguró, además, que habrían ingresado a Estados Unidos mediante permisos especiales utilizados habitualmente para personas que colaboran con las autoridades o cuya presencia representa un beneficio público significativo.
Durazo y Villarreal negaron todo.
El gobernador de Sonora llegó a asegurar que es tan honesto que prácticamente suda agua bendita. Curiosa declaración para un hombre que, según el reportaje, debe explicar por qué aparece dentro de una investigación extranjera y bajo qué condiciones cruza la frontera.
En el caso de Villarreal, las pesquisas estarían relacionadas con el contrabando de combustible, ese huachicol fiscal que durante años drenó miles de millones de pesos de las arcas públicas mientras el gobierno de López Obrador presumía haber terminado con el robo de hidrocarburos.
Marina del Pilar Ávila representa otro eslabón de la misma cadena, aunque su situación jurídica es distinta.
A la gobernadora de Baja California le fue revocada la visa estadounidense en 2025 junto con la de quien entonces era su esposo. Después reconoció haber tenido conversaciones con supuestos intermediarios estadounidenses, aunque sostuvo que el objetivo era recuperar aquel documento migratorio y no negociar alguna investigación criminal. Al día de ayer, otro extracto de la conversación demuestra que Marina está ansiosa por soltar la sopa, decir lo que sea con tal de salvarse a sí misma.
De entre todo esto, queda expuesto que, durante seis años, Andrés Manuel construyó un gobierno sustentado en la lealtad personal. Protegió a sus colaboradores, defendió a sus candidatos, desacreditó investigaciones periodísticas y convirtió cualquier acusación contra Morena en un ataque contra el pueblo de México. Bajo ese sistema, la cercanía con el presidente valía más que las instituciones y la palabra del caudillo tabasqueño tenía mayor peso que cualquier expediente.
Sus hijos tampoco permanecieron completamente alejados de la maquinaria política.
‘Andy’ López Beltrán llegó a ocupar la Secretaría de Organización de Morena, uno de los cargos más importantes para el control territorial del partido, hasta que fue sustituido en junio de 2026. Su ascenso confirmó que el apellido presidencial no sólo representaba una herencia familiar, sino también una llave capaz de abrir las puertas más altas del movimiento.
Afirmar que los hijos del expresidente dirigieron operaciones criminales o realizaron el “trabajo sucio” de su padre requeriría pruebas que, hasta hoy, no han sido presentadas públicamente por una autoridad judicial. Pero eso no significa que se encuentren a salvo de las consecuencias políticas del sistema que ayudaron a construir.
López Obrador convirtió a sus hijos en depositarios de su apellido, operadores de su movimiento y herederos naturales de una estructura que lleva grabado el sello familiar. Al hacerlo, pudo haberlos colocado también en la ruta de quienes investigan cómo se financiaron campañas, quiénes negociaron candidaturas, qué grupos delictivos intervinieron en las elecciones y quiénes recibieron beneficios después de cada victoria.
Pero el poder tiene pésima memoria. Los juramentos desaparecen, las alianzas se pudren y los protegidos terminan por buscar un nuevo protector cuando la cárcel comienza a dibujarse en el horizonte próximo.
Por eso, la pregunta no es si alguno de los acusados hablará.
La pregunta es quién hablará primero. ¿Rocha? ¿Sus antiguos secretarios? ¿Alguno de los gobernadores que cruzan la frontera mediante permisos extraordinarios? ¿Un legislador aterrado ante la posibilidad de que su nombre aparezca en la siguiente acusación? ¿Algún operador de campañas dispuesto a entregar documentos, grabaciones y nombres para evitar su propia condena?
Y cuando la cadena de testimonios llegue hasta el círculo familiar de López Obrador, vendrá la interrogante que podría terminar por destruir el mito de la Cuarta Transformación:
¿Permitirá Andrés Manuel que sus hijos respondan ante la justicia, a cambio de salvar su propio pellejo? ¿O serán sus hijos quienes terminen por entregar a su propio padre?
En la mitología griega, Cronos devoró a sus propios hijos para evitar que alguno de ellos le arrebatara el poder. López Obrador podría haber cometido una variante más moderna de aquella tragedia: introdujo a los suyos en las entrañas del movimiento, los alimentó con el poder de su apellido y terminó exponiéndolos a las consecuencias de sus decisiones.
La pinza continúa cerrándose. Los primeros eslabones ya están en manos de Estados Unidos y otros comienzan a contemplar la delación como única salida. Cada detenido puede convertirse en testigo; cada testigo, en una nueva acusación; y cada acusación, en un escalón que conduzca hacia las habitaciones más privadas del obradorismo.
Deja un comentario