RETRIBUCIONES
Por: Luis Enrique Morales.-
La muerte suele apagar las disputas, suavizar los juicios y tender un manto de silencio sobre los episodios más polémicos de las personas públicas. De pronto, los adversarios guardan prudencia, los críticos bajan la voz y quienes hasta ayer señalaban errores prefieren refugiarse en el respeto que merece cualquier fallecimiento.
Muchos dan por hecho que, con la muerte de Román Alberto Cepeda, la responsabilidad de cualquier acto de corrupción al frente del ayuntamiento quedó ya enterrada junto con él; y el único castigo que merece el desastre que es hoy Torreón… es un borrón y cuenta nueva.
Pero existen cuentas que no pueden enterrarse junto con quien gobernó. El desfalco existe, y obviamente todo ese dinero robado no yace en la tumba del ex alcalde; debe investigarse, encontrar a los responsables que aún siguen vivos y resarcir tan grave daño al erario, propiedad de todo el pueblo torreonense.
Porque Cepeda González murió dejando detrás una administración marcada por cientos de millones de pesos observados, contratos cuestionados, denuncias penales y expedientes que todavía esperan respuesta.
Su fallecimiento merece respeto. Su gobierno, en cambio, debe permanecer bajo escrutinio.
El fallecido ya no podrá explicar las decisiones tomadas desde la presidencia municipal de Torreón, pero siguen vivos quienes elaboraron las requisiciones, autorizaron las compras, adjudicaron los contratos, supervisaron las obras, liberaron los pagos y recibieron el dinero.
También permanecen las facturas, las transferencias bancarias y los informes de auditoría. Y los documentos, a diferencia de las personas, no mueren.
La cifra que encabeza la larga lista de irregularidades asciende a 531 millones 100 mil pesos. No se trata solamente de una acusación lanzada por algún adversario desde una tribuna ni de una cifra inventada durante una campaña electoral. El monto procede de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) a las cuentas públicas de Torreón correspondientes a 2022 y 2023, mas lo que se acumule en torno al 2024, 2025 y 2026.
En el primer ejercicio quedaron sin solventar 66 observaciones por 181.5 millones de pesos. En el segundo aparecieron otras 54 por 349.6 millones.
En total, 120 irregularidades relacionadas con compras sin respaldo suficiente, contrataciones cuestionadas, obras deficientes, pagos sin documentación comprobatoria e incrementos injustificados en distintos rubros.
La Auditoría Superior llevó ambos casos ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción mediante los oficios ASE-04280-2025 y ASE-04973-2025. Por tanto, los señalamientos existen, están documentados y llegaron a la Fiscalía.
Lo que falta saber es por qué, después de tanto tiempo, los torreonenses todavía desconocen quiénes participaron en las operaciones, qué funcionarios fueron llamados a declarar y dónde terminaron los recursos observados.
Como si los 531 millones fueran insuficientes para encender las alarmas, la Auditoría Superior de la Federación puso posteriormente la lupa sobre otros 378 millones 402 mil 791 pesos de la Cuenta Pública 2024.
La autoridad federal detectó falta de documentación comprobatoria y justificativa en recursos destinados a servicios de limpieza, alumbrado y obras públicas. El Ayuntamiento aseguró después que solventó una parte y entregó información adicional para aclarar el resto.
Será necesario esperar el resultado definitivo de la revisión. Sería irresponsable afirmar que cada peso observado fue robado, pero también resultaría ingenuo ignorar que el gobierno municipal tuvo dificultades para acreditar inicialmente una cantidad equivalente a más de un millón de pesos por cada día de aquel año.
Las cifras estatales y federales tampoco deben sumarse de manera automática, pues algunos conceptos podrían coincidir. Sin embargo, juntas dibujan algo más preocupante que una factura extraviada o un error administrativo: revelan un patrón de saqueo, de opacidad perniciosa que se repitió durante tres años consecutivos.
El expediente más indignante se encuentra en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). Mientras miles de familias sufrían baja presión, fallas constantes en los pozos y días enteros sin una gota de agua en las tuberías, una empresa denominada Grupo Integrador de Servicios de Edificación facturó más de 66 millones de pesos por trabajos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
El senador Luis Fernando Salazar denunció que la compañía reunía varias características de una empresa facturera: no contaba con una nómina ni con una estructura operativa proporcional a los contratos recibidos, su domicilio fiscal no mostraba actividad empresarial suficiente y el SIMAS aparecía prácticamente como su único cliente.
La empresa habría cobrado cerca de 31 millones de pesos durante 2024 y otros 35 millones en enero de 2025, mediante cientos de comprobantes fiscales emitidos en periodos sorprendentemente cortos. El organismo municipal rechazó las acusaciones y aseguró que los contratos se realizaron conforme a la ley.
Pero una respuesta administrativa no sustituye las pruebas materiales.
¿Dónde están las cuadrillas que hicieron los trabajos? ¿Qué pozos recibieron mantenimiento? ¿Quién verificó cada servicio? ¿Dónde se encuentran las bitácoras? ¿Qué funcionario autorizó las facturas? ¿Por qué una empresa sin capacidad operativa visible recibió más de 66 millones de pesos?
En Torreón no solamente desaparecía el agua de las tuberías. También se perdía el rastro del dinero destinado a recuperarla.
Luego aparecieron 5.7 millones de pesos gastados en bolsas para basura, sin que quedara suficientemente claro dónde fueron almacenadas, qué dependencias las recibieron y cómo se distribuyeron. También para uniformar a 980 trabajadores del programa temporal La Ola se destinaron alrededor de 3.5 millones de pesos, un promedio cercano a 3 mil 600 pesos por persona. Así como estos gastos, hay un centenar de ejemplos que claramente corresponden a un patrón de conducta, que tuvo por objetivo saquear las arcas municipales.
La imagen se vuelve todavía más transparente al revisar cinco contratos entregados durante 2024 por aproximadamente 105.3 millones de pesos para empresas privadas, para realizar actividades que correspondían a las propias dependencias municipales. Se destinaron 43.1 millones al traslado de escombro, 30.4 millones a la rehabilitación de plazas, 15.7 millones al transporte de agua tratada en pipas y alrededor de 16 millones a labores relacionadas con Comunicación Social.
El municipio pagaba nóminas, combustible, vehículos, maquinaria, oficinas y directores para cumplir con esas funciones. Al mismo tiempo, entregaba contratos millonarios a particulares para realizar trabajos similares.
Entonces, ¿para qué servía toda la estructura municipal?
Uno de esos servicios, el traslado de agua tratada, habría sido contratado incluso con una empresa identificada como ferretería. Quizá en Torreón las ferreterías no solamente venden herramientas, tornillos y materiales para construcción, también transportan agua, reciben contratos públicos y resuelven aquello que las dependencias municipales, pese a consumir millones de pesos, aparentemente no pueden hacer.
La administración de Cepeda también encontró recursos para mirar hacia Europa.
Un viaje oficial a Bruselas habría costado 626 mil 845 pesos entre vuelos, hospedaje y viáticos. Más de medio millón de pesos para atravesar el Atlántico sin que los beneficios concretos para Torreón quedaran suficientemente claros.
¿Qué inversión llegó después? ¿Qué convenio fue firmado? ¿Cuántos empleos se generaron? ¿Qué proyecto consiguió financiamiento?
Viajar al extranjero no constituye una irregularidad cuando existe una utilidad pública demostrable. Lo cuestionable es gastar dinero del erario y regresar únicamente con fotografías, discursos y recuerdos.
Entre todos los señalamientos sobresale además el posible conflicto de interés del entonces tesorero Óscar Luján Fernández. Una investigación periodística reveló presuntos vínculos entre el encargado de las finanzas municipales y empresas proveedoras del Ayuntamiento que habrían recibido contratos millonarios.
Román Cepeda desestimó los cuestionamientos y prefirió atacar al medio que difundió la información, pero nunca ofreció una explicación capaz de cerrar el caso.
Después ocurrió algo digno de la política coahuilense: Luján dejó la Tesorería y fue colocado en la Contraloría Municipal. Uno de los funcionarios cuestionados por el manejo del dinero terminó dentro del órgano encargado de vigilar la legalidad de la administración.
El vigilado convertido en vigilante.
Ahora, con Román Cepeda muerto, muchos de sus colaboradores pueden encontrar una salida cómoda. Bastará con depositar todas las decisiones sobre quien ya no puede defenderse, aclarar los hechos ni contradecir versiones.
Pero ningún alcalde administra solo y nadie puede mover cientos de millones de pesos con una sola firma.
Detrás de cada contrato existe una cadena de servidores públicos: uno solicita el servicio, otro prepara la licitación, un comité adjudica, un director firma, un supervisor valida, la Tesorería paga y finalmente un proveedor cobra.
Por eso las investigaciones no pueden terminar con la muerte del alcalde. Torreón no necesita que se juzgue a un muerto. Necesita que respondan los vivos.
Porque la muerte puede extinguir la responsabilidad penal de una persona, pero no limpia una administración completa, no borra transferencias, no convierte en legales los contratos cuestionados ni hace desaparecer cientos de millones de pesos observados.
Román Cepeda se llevó a la tumba muchas respuestas. Las cuentas, en cambio, siguen aquí. Y deben pagarse.
No cabe duda que echarle toda la culpa al muertito, sería para Miguel Riquelme un grave error.
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