Saltillo, Coah., 12 de agosto de 2026.- En sesión de la Diputación Permanente se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Felipe Eduardo González Miranda, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las acciones de vigilancia, información y protección de las familias ante posibles prácticas comerciales abusivas por parte de instituciones educativas particulares relacionadas con la adquisición de útiles, uniformes, calzado, libros y demás materiales escolares; y a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), para que, en caso de advertir elementos que pudieran constituir prácticas anticompetitivas, proceda conforme a sus atribuciones.
Previo al inicio del ciclo escolar, la PROFECO y la CONDUSEF estiman que el gasto promedio por estudiante durante esta temporada puede alcanzar hasta diez mil pesos, distribuidos principalmente entre útiles escolares, inscripciones, uniformes, y ropa y calzado, rubros que en conjunto representan la mayor parte del presupuesto familiar destinado al regreso a clases.
“Resulta una práctica recurrente y ampliamente documentada que diversas instituciones educativas particulares condicionan la inscripción o la prestación del servicio educativo a la adquisición de uniformes, útiles, libros de texto o materiales escolares exclusivamente con determinados proveedores previamente designados por la propia escuela, restringiendo así la libertad de las madres, padres y tutores para elegir dónde adquirir dichos bienes y, en muchos casos, obligándolos a pagar precios superiores a los del mercado”
La PROFECO ha señalado expresamente, en su Guía de Regreso a Clases 2026, que ninguna institución particular puede obligar a las familias a comprar útiles, uniformes o materiales escolares en un establecimiento específico, pues dicha conducta constituye una condición de venta contraria a los derechos de las personas consumidoras y puede ser objeto de denuncia y sanción.
En la exposición de motivos, el diputado dejó claro que no se trata de atacar a las instituciones educativas particulares ni de cuestionar la educación privada, sino garantizar que las reglas sean claras, que exista información suficiente, que haya vigilancia y que las familias puedan tomar decisiones libres e informadas dentro del marco jurídico aplicable.
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