
Parras, Coah., 09 de septiembre 2026.- Un fuerte operativo coordinado se movilizó hasta el entronque de Paila, donde participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Policía Estatal de Coahuila y Policía Municipal, generando expectación entre quienes transitaban por este importante punto carretero.
De acuerdo con información extraoficial, la movilización se originó tras detectarse al menos tres cámaras de videovigilancia instaladas sobre una estructura ubicada en la parte superior de un espectacular. Según los primeros reportes, se desconocía quién había colocado estos equipos, situación que llamó la atención debido a que las cámaras se encontraban orientadas hacia la carretera Interoceánica Matamoros-Mazatlán, mientras que una de ellas apuntaba específicamente hacia las instalaciones de la Guardia Nacional.

A su llegada, los elementos de las distintas corporaciones procedieron con el retiro de las tres cámaras, con el objetivo de asegurarlas y realizar las investigaciones correspondientes para determinar quién las instaló, cómo estaban operando y cuál era su verdadera finalidad. Durante estas labores arribó al lugar el propietario de los equipos de vigilancia, quien explicó a las autoridades que las cámaras habían sido colocadas como medida de seguridad, luego de que anteriormente su propiedad habría sufrido daños.
El propietario señaló que su familia se dedica al comercio y mantiene un negocio de venta de dulces y campechanas en este punto, por lo que, según su versión, la intención de contar con videovigilancia era proteger su establecimiento y sus bienes. Ante esta situación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal exhortaron a la familia a realizar una correcta colocación de las cámaras, señalando que, si su finalidad es proteger el negocio, estas deben estar dirigidas hacia el propio establecimiento y no hacia la carretera o instalaciones de otras instituciones.

Cabe señalar que la instalación de cámaras particulares debe respetar la privacidad y el marco legal aplicable; no basta con que un equipo sea de propiedad privada para que pueda utilizarse libremente para vigilar o grabar espacios públicos, especialmente cuando puede captar de manera sistemática a personas, vehículos o actividades ajenas al propietario.
Finalmente, las tres cámaras fueron aseguradas por las autoridades y quedaron a disposición de la investigación correspondiente, con la finalidad de determinar su funcionamiento y el uso que se les estaba dando.

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