BAILE Y COCHINO… // Horacio Cárdenas Zardoni
Uno de los detalles menos analizados del tristemente célebre caso de huachicol fiscal, en las más altas esferas de la Secretaría de Marina durante el sexenio pasado, es el hecho de que las investigaciones que se hicieron, y que soportaron las primeras denuncias, se basaban en videos y audios en los que estaban involucrados el mismo secretario, el almirante Rafael Ojeda, vicealmirantes, contra almirantes y capitanes con mando en las distintas zonas navales y puertos, como también en las aduanas cuya administración, había delegado Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Marina.
Para nadie es una sorpresa que se filtren audios y videos de altos funcionarios públicos, así como de personas de interés, como les llaman los norteamericanos a personajes importantes, no necesariamente incrustados en la estructura de gobierno. Pero lo que sí nos llamó la atención es el hecho de que se hubiera grabado, al titular de una secretaría de estado, y por lo menos parte de su plana mayor, en la que curiosamente se hallan dos sobrinos políticos de él mismo. Esto nos lleva a preguntarnos ¿hasta qué nivel se graba en este país, o comenzando desde abajo, desde qué nivel se graba?
Uno querría pensar que hay personajes intocables, no grabables, entre ellos por supuesto el ciudadano o ciudadana presidente de la república, los secretarios de estado, y algunos prominentes integrantes del primer círculo, pero esto al parecer no es el caso. Sin saberlo a ciencia cierta, nos sospechamos que hay muchas dependencias, hablando desde el punto de vista burocrático, y muchos políticos con su propia agenda, haciendo lo propio.
No es extraño que los titulares de las dependencias graben todo lo que ocurre en sus oficinas, cuando reciben visitantes. Esto puede ser como un mero mecanismo de control, un recurso para elaborar las minutas, pero también para que quede constancia de los acuerdos que se toman, esto no significa que quién está siendo grabado lo sepa, y luego sean los primeros sorprendidos al divulgarse cierta información que los involucra.
En muchas novelas hemos leído, que en ciertas oficinas del más alto nivel, periódicamente se peina para buscar y encontrar dispositivos de espionaje, cámaras y micrófonos, que no importa de quién sean y quién los haya instalado, sino que hay que quitarlos. Sería de suponer que en México también ocurre esto, pero tanta grabación que circula, nos hace sospechar que los funcionarios se sienten demasiado seguros de sus procedimientos, mismos que al rato resulta que fallaron.
Que el espionaje es una realidad en nuestro país, no le cabe duda a nadie, que los gobiernos salgan a negarlo, también es una realidad, pero esto nos lleva a pensar en una contradicción que resultaría hasta peligrosa. Nada más para referirnos al último caso, fue la titular de la fiscalía general de la república, Ernestina Godoy Ramos, quien salió a ratificar un dicho de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que en su dependencia no se seguía ninguna investigación en contra de Amilcar Olán ni de Andrés Manuel López Beltrán mencionados en el mismo caso ya tocado líneas antes de huachicol fiscal, y otros pecadillos.
Aquí se nos presentan dos posibilidades, una es de que sí se hagan las investigaciones, se integren los expedientes, se den a conocer a quien toma las decisiones políticas en el país, y la otra es que efectivamente no se haga nada, que la FGR, disponiendo de las herramientas tecnológicas, del personal y demás recursos abdique de su función, sea siguiendo órdenes, o por su propia decisión.
Días antes, la misma presidenta y la misma fiscal habían dicho que al almirante Ojeda no se le investigaba de nada, y sin embargo por ahí andan ciertas grabaciones.
La cuestión es grave, quién debe investigar no investiga, o al menos niega a hacerlo, y por otro lado nos topamos que otros agentes, nacionales o extranjeros, militares o civiles, públicos o privados, sí lo hacen, y usan la información a su estricta conveniencia.
A nivel de curiosidad, imagínese usted las bases de datos que tienen estos cuates, grabaciones de presidentes, secretarios, funcionarios, empresarios, religiosos, periodistas, artistas, políticos propios y opositores… Alguien debe ordenar que se haga, procesar las grabaciones, determinar su posible utilidad, clasificarlas, catalogarlas, almacenarlas, y de vez en cuando… echarlas a retozar, cuando más útiles sean a quien las tiene, y más dañosas para el personaje grabado.
Imagínese la sorpresa que se llevó Andy al verse en video degustando sushi de 42 mil pesos en Tokio, o vinos de 25.000 en la Colonia Condesa. Él se sorprendió, su papi se sorprendió, la presidenta se sorprendió, ¿y de parte de quién es ese seguimiento?, y así como el de él, ha de haber el de muchísima gente importante, que ni siquiera están conscientes de lo mal que se oyen en el audio y lo feos que aparecen en el video.
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