* ¿Derechos de autor o la protección para el grupo y familia de López Obrador?

CDMX, 15 de octubre 2026.- La gran trampa en los llamados “Derechos de Autor” es la que se esconde bajo las “marcas personales” con la que decenas de políticos de primer nivel de la 4T, encabezados por el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscan protegerse e inclusive castigar a quienes utilicen sus iniciales o su nombre para criticarlos.
Entre quienes ya tramitaron esas el registro de sus nombres y apodos como “marcas personales” se encuentran, además de Claudia Sheinbaum y López Obrador, los hijos del expresidente ‘Andy’ y ‘Bobby’ López, su mujer Beatriz Gutiérrez Muller y casi un centenar de políticos entre ellos Rocío Nahle, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Ariadna Montiel, Juan Carlos Loera de la Rosa, Omar García Harfuch y Andrea Chávez.
Todos ellos, a través de secretarios particulares, directores jurídicos y asesores de gobierno, del Senado y de la Cámara de Diputados, tramitaron ante al Instituto Mexicano de la Protección Industrial sus nombres y sobrenombres, hechos que cobran relevancia ante la controversia de lo que se ha dado en llamar “La Ley Antimemes”.
Estas gestiones comenzaron durante el sexenio de López Obrador, años antes de que el gobierno de Sheinbaum impulsara las reformas sobre propiedad intelectual. Prueba de ello es que en el 2020, Rosario Esquer Verdugo realizó trámites ante el IMPI para proteger las denominaciones “AMLO” y “Andrés Manuel López Obrador; los registrados se encuentran amparados bajo los números 2111420 y 2111417, respectivamente, y fueron otorgados en agosto de ese año.

Un asesor del Senado registró el nombre de Ricardo Monreal
El diputado Ricardo Monreal también recurrió a un colaborador cercano para obtener la protección comercial de su nombre.
Se trata de Santos Antonio González, quien se desempeñaba como coordinador de asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado cuando Monreal encabezaba esa bancada.
González realizó las solicitudes presentadas el 13 de mayo de 2021, correspondientes a los expedientes 2546645, 2546647 y 2546648.
El 23 de julio de ese año, el IMPI concedió los registros por diez años, con protección para servicios publicitarios, jurídicos, educativos y actividades relacionadas con reuniones políticas.
En relación a Claudia Sheinbaum, en el mes de junio de 2024, Alberto Román del Carpio Flores presentó una solicitud para registrar la denominación «Claudia Sheinbaum», bajo el expediente 3179493. El trámite contemplaba actividades publicitarias, organización de eventos, gestión comercial y comercialización de productos por internet. Hasta ahora se desconoce si el IMPI concedió definitivamente la marca.
Los antecedentes de todos los casos abren una interrogante sobre la participación de servidores públicos en procedimientos destinados a proteger comercialmente nombres personales.
El pasado 30 de septiembre, el Senado aprobó modificaciones que incluyen sanciones por determinados usos fraudulentos de la identidad gráfica institucional, conocidas como «Ley Antimemes».
Los registros ante el IMPI permiten proteger determinados usos comerciales de los nombres políticos, pero no otorgan a sus titulares el derecho de impedir investigaciones periodísticas, críticas o caricaturas.

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